En el marco de las tensiones entre Corredores Viales y el sindicato de trabajadores del peaje, SUTPA, por la continuidad de los puestos laborales en las rutas cuyas concesiones fueron revertidas, desde la empresa estatal resolvieron avanzar con un centenar de despidos. En paralelo, anticiparon un trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad en un protocolo para evitar futuros cortes de rutas si prosiguen las medidas gremiales.
Según notificaron en un comunicado, Corredores Viales S.A. emitió telegramas de despido a 117 personas de las 2.500 que mantuvieron las medidas de fuerza a las que calificaron como "ilegales e ilegítimas"a lo largo de los cuatro días de protestas encabezado por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), liderado por Facundo Moyano. La empresa estatal acusa al sindicato de afectar las operaciones "por motivos ajenos a la misma, causándole al Estado Nacional una pérdida de más de 2.500 millones de pesos".
"Es importante aclarar que la acción sindical extorsiva inició con un reclamo al Estado Nacional en solidaridad con la situación laboral de 500 trabajadores privados pertenecientes a la empresa Caminos del Río Uruguay, cuya concesión finalizó según lo estipulado desde 2014. Así, el sindicato pretendía que el Estado Nacional contrate o indemnice a 500 personas que son responsabilidad de una empresa privada", informaron voceros de Corredores Viales SA.
En respuesta a la medida de fuerza, los representantes legales acudieron a la Secretaría de Trabajo, en manos de Julio Cordero, para denunciar que las operaciones regulares se veían afectadas "por motivos ajenos a Corredores Viales". Alegaron que las acciones no habían sido notificadas ante la autoridad de aplicación, como lo fija la Ley 14.786, por lo que procedió a denunciarlos ante las autoridades laborales.
"Frente a esto, SUTPA cambió el motivo del paro por otras razones que no justificaban un paro por tiempo indeterminado", remarcaron. Como consecuencia se avanzó con esta tanda de despidos que podrían multiplicarse "de continuar con estas medidas extorsivas y desproporcionadas". En paralelo, desde la empresa remarcaron que seguirán adoptando sanciones disciplinarias, como descuentos de días y horas de trabajo, pérdida del presentismo y despidos.
"El Estado Nacional no va a tolerar extorsiones de ningún tipo por parte de la casta sindical. Las acciones tomadas por SUTPA la semana pasada incluyeron el levantamiento de las barreras de peaje y la obstrucción del paso, lo que resultó en largas demoras para los usuarios y una pérdida para Corredores Viales de más de 2.500 millones de pesos", puntualizaron las autoridades de la empresa estatal.
Asimismo, indicaron que, al levantarse las barreras, "no solo se impide el pago del peaje de forma manual, sino que también se puede desactivar la posibilidad del cobro automático a través de Telepase". De este modo, el daño al Estado nacional y su capacidad recaudatoria trepa a los $700 millones por día, "necesarios para el sostenimiento del sistema sin la necesidad de recibir aportes del Estado".
"Cuando decimos que no negociamos bajo intentos de extorsión de la casta, hablamos en serio. Lo dije con el conflicto con Intercargo (cuando despedimos a todos los responsables de tomar de rehenes a pasajeros) y lo vuelvo a decir en este, el derecho a huelga no es para extorsionar ni tomar de rehén a nadie", posteó Franco Mogetta, secretario de Transporte de Nación.
Y agregó: "Tomaron medidas ilegales e ilegítimas que le causaron perdidas millonarias a una empresa estatal (Corredores Viales) que nada tenía que ver con los despidos dispuestos por una empresa privada. Se acabó la época en que el Estado se hace cargo de todo, estamos en la época de @JMilei y en esta época el que hace daño, afronta las consecuencias. Vamos a ir a fondo. (Creo que ya quedan pocos que puedan dudarlo)"
La respuesta del sindicato de Peaje ante los despidos en Corredores Viales
Desde el sindicato de trabajadores del Peaje acusaron a la empresa de ejercer un "grave ataque a la libertad sindical". Argumentaron que los motivos de la huelga, "totalmente legal y legítima" y "comunicada en tiempo y forma" a la Secretarpia de Trabajo, respondió no solo al pedido de reabrir paritarias sino también por condiciones dignas de seguridad e higiene.
"Denunciamos que la conducta adoptada por la empresa constituye una represalia directa y discriminatoria hacia los trabajadores en violación a lo dispuesto por la Ley 23.592 que prohíbe expresamente todo acto de discriminación, en este caso por razones de índole gremial", recalcaron mediante un comunicado en sus redes.
Agregaron que "cualquier amenaza, sanción, despido o medida que implique una represalia" por la acción adoptada "será considerada por nuestra organización como un acto de discriminación y persecución sindical y, por consiguiente, responderemos con todas las acciones legales correspondientes".
Por último, demandan no solo explicaciones por parte de Corredores Viales SA por su accionar sino también la inmediata reincorporación de las y los trabajadores despedidos.
