Javier Milei y su ministro de Justicia se reunieron en Olivos este martes y, tras el encuentro, el ministro de Justicia confirmó que el Gobierno avanzará en la redacción de un Código Penal nuevo de punta a punta. Así lo anunció Mahiques a través de su cuenta en X al señalar que se decidió avanzar en una reforma integral que esté “a la altura de los desafíos actuales”. En la reunión, el ministro de Justicia le presentó al Presidente por primera vez y en detalle los cambios que propone al nuevo Código Penal. El debate incluyó artículos sensibles y figuras delictivas que generan controversia dentro del propio oficialismo. El oficialismo no espera tener el nuevo código terminado para actuar. El Gobierno planea avanzar en dos vías simultáneas mientras redacta la reforma de fondo. Por un lado, trabaja en la elaboración del nuevo texto integral. Por el otro, impulsa modificaciones puntuales que tratará junto al Congreso en el corto plazo. Mahiques anticipó endurecimiento de penas y nuevos delitos como parte de esa agenda inmediata. Entre las figuras que el ministro mencionó aparecen los delitos migratorios, las estafas piramidales, la modalidad “viuda negra”, las salideras y entraderas, el motochorro, el daño animal y las picadas ilegales. También propone incorporar el delito de armas en cárceles y dar mayor centralidad a las víctimas en el proceso penal. El nuevo texto busca unificar toda la legislación penal en un solo cuerpo normativo y prevé aumentos de penas mínimas y máximas. Se trata de una de las reformas más ambiciosas que encaró el gobierno libertario. Desde hace tiempo, el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de reforma del Código Penal, con la participación de una comisión especial encargada de elaborar un documento que actualice de manera integral la norma sancionada en 1921. El proyecto contempla una elevación general de las penas y una cadena perpetua efectiva inspirada en el modelo estadounidense de sentencia de por vida, en lugar de la base actual de 35 años. El debate quedó postergado en varias oportunidades. A comienzos de año, el Gobierno decidió correrlo de la agenda para priorizar la reforma laboral. Las negociaciones políticas en el Congreso y la falta de un texto cerrado complicaron los tiempos.
