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El equilibrio fiscal provincial, que había sido una de las sorpresas de 2024, se quebró durante 2025 y los estados subnacionales pasaron de un saldo positivo consolidado de $2 billones a un negativo de $3,6 billones, lo que implicó para muchos gobernadores un replanteo que puede ejercer más presión sobre las empresas.
El deterioro no se explica por una caída generalizada de ingresos, sino por una dinámica en la que el gasto volvió a crecer más rápido que la recaudación.
Mientras los ingresos totales aumentaron 3,4% real interanual, el gasto público total avanzó 6,9% y el gasto primario lo hizo 6,8%.
El resultado fue un cambio de signo: el superávit primario de $4,8 billones registrado en 2024 se transformó en un déficit de $380.000 millones en 2025.
Sin embargo, en materia impositiva, los números encienden alertas: Ingresos Brutos, el más importante y aquel que se recauda por la facturación de las empresas, dejó de crecer, cediéndole parte del protagonismo a otros impuestos indirectos que pueden ser igual de distorsivos que el mencionado.
El regreso del déficit
El informe muestra que el resultado fiscal consolidado de las provincias pasó de un superávit de $2 billones en 2024 a un déficit de $3,6 billones en 2025. En términos relativos, el déficit fiscal equivale al 2,1% de los ingresos totales provinciales y al 0,33% del PBI.
La dinámica refleja un problema clásico de las cuentas subnacionales: buena parte del gasto provincial es rígido. Salarios, jubilaciones provinciales, transferencias corrientes y funcionamiento del Estado explican una parte sustancial de las erogaciones.
Mientras los ingresos totales aumentaron 3,4% real interanual, el gasto público total avanzó 6,9% y el gasto primario lo hizo 6,8%.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto en personal explicó el 43% del incremento real del gasto primario.
Las prestaciones de la seguridad social aportaron otro 18% y la inversión real directa, 19%. Entre salarios y prestaciones previsionales se generó prácticamente el 61% de la suba real del gasto primario.
El impuesto más importante dejó de empujar
Durante décadas, Ingresos Brutos fue el motor central de la recaudación provincial y su peso sigue siendo dominante: representa casi ocho de cada diez pesos de la recaudación tributaria propia de las provincias. Pero en 2025 dejó de aportar crecimiento real.
La recaudación de Ingresos Brutos cayó 0,3% en términos reales, en un contexto en el que los ingresos tributarios propios subieron 3,6%.
Esa diferencia marca una señal importante: el aumento de recursos ya no estuvo explicado por el impuesto más relevante del sistema provincial.
La lectura fiscal es clara, ya que si el principal impuesto provincial se estanca y el gasto sigue creciendo por encima de los ingresos, las provincias enfrentan una presión creciente para buscar recursos en otros tributos o reforzar mecanismos de administración tributaria.
Los impuestos que más crecieron
El crecimiento de la recaudación propia provincial se apoyó en otros impuestos. El caso más marcado fue Sellos, con una suba real de 28,7%. Le siguieron Automotores, con 21,8%, e Inmobiliario, con 11,7%.
A diferencia de Ingresos Brutos, que depende directamente del nivel de actividad económica y de la facturación empresaria, estos tributos tienen una relación más fuerte con operaciones registradas, activos patrimoniales o bases imponibles actualizadas.
El informe del IARAF no afirma que las provincias hayan decidido trasladar deliberadamente la presión fiscal hacia otros impuestos. Pero sus datos muestran que ese desplazamiento ya aparece en la foto de 2025.
Esa mutación puede tener consecuencias distintas según el tipo de contribuyente.
Para las empresas, Sellos puede encarecer contratos, operaciones financieras o actos jurídicos. Para familias y propietarios, Automotores e Inmobiliario impactan sobre bienes registrados.
Para las provincias, en cambio, son herramientas que permiten compensar parcialmente la pérdida de dinamismo del principal impuesto propio.
Una mayor dependencia de impuestos patrimoniales, transaccionales o de fiscalización provincial puede ampliar las diferencias entre jurisdicciones.
Las empresas que operan en provincias con mayor necesidad de recursos podrían enfrentar una presión efectiva más alta que aquellas radicadas en distritos con cuentas más ordenadas.