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El Congreso de los Diputados rechazó este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PNV y Junts y permitió que continúe la tramitación de la ley impulsada por el Gobierno para reducir las ratios en las aulas de primaria y secundaria, además de rebajar la carga lectiva del profesorado.
La iniciativa salió adelante después de que la Cámara Baja rechazara los vetos con 329 votos en contra, 11 a favor y 7 abstenciones.
De esta forma, el proyecto seguirá su recorrido parlamentario y los distintos grupos podrán presentar modificaciones parciales durante las próximas fases del debate.
La ministra de Educación, Milagros Tolón, defendió la propuesta y aseguró que busca fortalecer la educación pública, mejorar las condiciones laborales de los docentes y favorecer el éxito educativo de los estudiantes. Según explicó, la norma fija límites más bajos de alumnos por aula y establece una reducción de las horas lectivas semanales para el profesorado.
¿Qué cambios contempla la nueva ley educativa?
El proyecto establece un máximo de 22 alumnos por clase en educación primaria y de 25 en educación secundaria, una medida que pretende facilitar una atención más personalizada y mejorar el rendimiento académico.
Además, la iniciativa fija una jornada máxima de 23 horas lectivas semanales para los docentes de educación infantil, primaria y educación especial, mientras que para el resto de las enseñanzas el límite quedará en 18 horas semanales.
Otro de los aspectos destacados es que los estudiantes con necesidades educativas especiales computarán como dos plazas a efectos de cálculo de ratios. El Gobierno sostiene que esta medida permitirá una distribución más equilibrada del alumnado y una mejor atención a la diversidad dentro de los centros educativos.
¿Por qué PNV y Junts se opusieron al proyecto?
Tanto PNV como Junts coincidieron en respaldar mejoras para el profesorado, pero rechazaron el texto al considerar que invade competencias autonómicas en materia educativa.
El diputado del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, criticó que la reforma se haya elaborado desde el Estado sin una participación suficiente de las comunidades autónomas. A su juicio, las medidas afectan ámbitos en los que los gobiernos regionales tienen capacidad de decisión.
Por su parte, el representante de Junts, Josep Maria Cervera, afirmó que la propuesta excede las competencias estatales y altera el actual reparto territorial de responsabilidades. Sin embargo, la mayoría de los grupos parlamentarios consideró que la norma debía seguir su tramitación para debatir posibles cambios y mejorar su contenido antes de una eventual aprobación definitiva.
