El expresidente Mauricio Macri dijo que “no se avanzó en nada” en la alianza electoral con La Libertad Avanza en una semana en la que el partido amarillo le puso un freno a varias iniciativas del Gobierno en el Congreso. De fondo, las definiciones por la Ciudad abrieron una disputa interna dentro de los interlocutores del PRO que en el oficialismo prefieren mirar a distancia, sin apuro por sellar un acuerdo en el corto plazo.
Los dichos de Macri, quien ya se había diferenciado del Presidente Javier Milei esta semana al felicitar la victoria de Lula Da Silva en Brasil, fueron en el marco de la cena anual de la asociación civil que encabeza la exgobernadora bonaerense y vocera crítica de la unión con LLA, María Eugenia Vidal. “Me dicen Fernando de Andreis y Cristian Ritondo que no se avanzó en nada”, dijo en referencia a sus emisarios.
Ambos diputados conforman la mesa de diálogo que organizó junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. De Andreis, el secretario general del partido y Ritondo, el jefe del bloque en la Cámara baja, comparten cada quince días en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
En el PRO matizan el diagnóstico de su jefe político. “Se está avanzando, solo que no al ritmo que quiere Macri”, aseguraron a El Cronista desde el partido. En el oficialismo, en cambio, atribuyeron la demora a las diferencias internas del macrismo, en particular entre el expresidente y su primo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Mientras que el acuerdo en la Provincia estaba sellado de entrada -con Santilli como principal candidato a gobernador-, el nudo de la negociación se concentra en la Ciudad, que el PRO gobierna desde 2007. Jorge Macri ya anunció que buscará la reelección y en julio había planteado en público que no había que descartar un acuerdo con LLA en el distrito.
Según deslizaron fuentes del Congreso, Ritondo respaldaría esa candidatura y pretende cerrar el entendimiento con los libertarios con el jefe de Gobierno a la cabeza, mientras que De Andreis, mano derecha del expresidente, se opondría a esa alternativa para que la candidatura la defina Mauricio Macri.
A comienzos de septiembre, en una entrevista televisiva De Andreis había aclarado que, ante un eventual acuerdo, el candidato a jefe de Gobierno lo definiría el PRO. Del otro lado de la negociación porteña está Pilar Ramírez, presidenta de LLA en la Ciudad, jefa del bloque libertario en la Legislatura y una de las dirigentes más cercanas a Karina Milei.
Desde el inicio de las conversaciones, la legisladora marcó distancia del jefe de Gobierno. En agosto, en una entrevista radial, sostuvo que ni siquiera sabían si iban a compartir el proyecto de Ciudad; semanas después se preguntó para qué hacía falta un acuerdo y le reclamó a Jorge Macri que reconociera como propias de LLA medidas vinculadas al orden en el espacio público.
Entre las variantes que circulan figura una fórmula compartida con Jorge Macri y Pilar Ramírez para la vicejefatura de Gobierno para LLA, una alternativa que ninguna de las partes confirmó.
“Primero hay que ver si se encamina el acuerdo, después ponerse de acuerdos en las condiciones y muy después los nombres. Falta mucho, y esas definiciones de nombre son de ellos. No estamos en esa negociación todavía”, dijeron en esa línea voces libertarias de la Ciudad.
Frente a la disputa amarilla, en LLA evitan tomar partido. “Que se decidan entre ellos”, dijo Martín Menem ante su círculo. “No nos vamos a meter, es algo que tienen que resolver ellos”, le dijo a El Cronista otra voz clave de LLA en la Ciudad. La prescindencia libertaria convive con una estrategia de largo plazo.
Mientras la negociación electoral no encuentra salida, el PRO endureció su posición en el Congreso. La frase de Macri llegó al cierre de una semana en la que el PRO marcó distancia del oficialismo en el Congreso. El primer frente fue la reforma de la ley de biocombustibles, que llegó a Diputados con media sanción del Senado por 41 votos contra 25.
El texto fija un régimen por quince años y eleva, a los doce meses de su sanción, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%. El bloque de Ritondo tomó como propios los reclamos de intendentes y concejales bonaerenses del partido, que advierten que la media sanción perjudica a las pymes de biodiésel no integradas a la industria aceitera, con plantas en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.
El diputado ya se lo había planteado a Santilli y los Menem en la última mesa de reuniones hace un poco más de una semana, según pudo saber este diario. La contrapropuesta del PRO fue sumar un punto al corte de biodiésel, hasta el 11%, reservar un 6% del mercado a esas empresas y extender la transición de 2036 a 2038.
El planteo tiene un sustento territorial: de los doce diputados del PRO, cinco son bonaerenses, uno es pampeano y otro entrerriano, distritos donde se concentran las plantas afectadas. El reclamo dejó al partido enfrentado con el cordobesismo, que a través del diputado Carlos Gutiérrez, referente del schiarettismo en la materia, responsabilizó a Ritondo por la demora de una ley que Córdoba, Santa Fe y las provincias azucareras impulsan desde hace tiempo. El oficialismo, que pretendía dictaminar el miércoles, tuvo que postergar la firma.
Ese mismo día se cayó también el dictamen del Presupuesto 2027, que LLA pasó para noviembre tras una ronda de negociaciones en el despacho de Menem que terminó sin acuerdo con el PRO, la UCR ni los principales bloques provinciales. El PRO condicionó su respaldo a siete cambios en el proyecto.
Cuatro apuntan a la carga tributaria y a los sectores productivos: reducir el impuesto a los combustibles, con un componente vial que se ajuste a los kilómetros de rutas nacionales que dejen de estar bajo mantenimiento directo del Estado; publicar las inversiones, plazos y tarifas de las concesiones viales; prorrogar los regímenes de promoción automotriz y autopartista, y bajar el IVA del huevo y sus derivados del 21% al 10,5%, para equipararlo con el de otras proteínas animales -un punto clave para Entre Ríos, principal productora del país, que gobierna Rogelio Frigerio-.
Los otros tres reclamos tienen a la Ciudad como destinataria. El PRO pide que el Presupuesto autorice el endeudamiento y las garantías para un préstamo de la CAF por u$s 145 millones, la Línea F por unos u$s 500 millones, un bono a proveedores por $600.000 millones y el financiamiento multilateral del Belgrano Sur por u$s 75 millones. También propone incorporar un artículo 62 bis para promover la adhesión de las provincias a regímenes armonizados de recaudación sobre billeteras virtuales y avanzar en un convenio de intercambio de información entre la Nación y la Ciudad.
El séptimo punto es la regularización de las transferencias de coparticipación al distrito porteño. Este último es el punto central de la lista ya que el PRO pide incluir en el texto las transferencias correspondientes al 1,55% de la coparticipación que la Corte Suprema le reconoció a la Ciudad y prever el pago de la deuda acumulada desde abril, que el bloque calcula en más de $628.000 millones actualizados por inflación a septiembre.
Desde la Casa Rosada propusieron resolver la cuestión con un acuerdo por fuera del Presupuesto, una alternativa que el bloque de Ritondo descartó: si da lo mismo, argumentan en la bancada, que figure en la ley.
La desconfianza tiene antecedentes. En diciembre de 2025, durante el debate del Presupuesto 2026, la coparticipación porteña ya había sido la principal condición del PRO para acompañar. El Gobierno aceptó incorporarla, pero en lugar de ubicarla en el Capítulo II, como exigía el bloque, la incluyó a último momento en el Capítulo XI, el mismo que contenía el artículo 75 con la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. La votación por capítulos dejó sin efecto ambas cosas: el Capítulo XI fue rechazado en el recinto y el artículo sobre la Ciudad se cayó con él.
La pulseada legislativa se superpone con la negociación electoral, que comenzó a mediados de agosto tras una conversación telefónica entre Karina Milei y Macri. La primera reunión, el 13 de agosto, se presentó como un paso para construir confianza y, según sus participantes, no incluyó temas electorales ni acuerdos por distrito. En los encuentros posteriores, la mesa repasó la situación de los distritos que no gobierna ninguna de las dos fuerzas y la de los municipios bonaerenses en manos del PRO.
En la última cita, el 20 de octubre, la agenda se corrió hacia el Congreso: Presupuesto 2027, reforma electoral, biocombustibles y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La próxima reunión debería ser la próxima semana, ya que la conversación cada dos semanas se había retomado escuetamente tras un mes de descoordinación por agenda, pero todavía desde Casa Rosada no confirmaron si los van a llamar.