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La reforma laboral fue una de las principales apuestas del Gobierno de Javier Milei para modificar el funcionamiento del mercado de trabajo argentino y su aprobación estuvo acompañada por la promesa de reducir los costos de contratación, facilitar la incorporación de trabajadores y así aumentar el empleo registrado.
El 27 de febrero, durante el debate en el Senado, Patricia Bullrich defendió la iniciativa y aseguró que la nueva legislación “crea empleos” y “baja impuestos”. También sostuvo que permitiría incorporar a más trabajadores al sistema formal.
Desde la oposición, Mariano Recalde había advertido días antes que la reforma no concretaría mejoras en los indicadores, al tiempo que cuestionó que la reducción de derechos laborales pudiera traducirse automáticamente en nuevas contrataciones.
Siete meses después de la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral 27.802, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo, comenzaron a aparecer los primeros indicadores que permiten contrastar aquellas expectativas con la evolución efectiva del mercado de trabajo.
Los números muestran un panorama complejo: el empleo privado registrado todavía no exhibe una recuperación generalizada, la informalidad alcanzó el 45% y el número de empresas empleadoras continúa disminuyendo.
Sin embargo, las diferencias entre sectores y regiones también muestran que no existe una única realidad laboral. Mientras algunas zonas vinculadas a los hidrocarburos registran mejoras, buena parte del centro productivo del país enfrenta un deterioro de sus indicadores.
El empleo formal todavía no muestra una recuperación
Uno de los principales indicadores para evaluar la evolución del mercado laboral es el empleo asalariado privado registrado.
Según los últimos datos disponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a junio de 2026, el país contaba con aproximadamente 6,09 millones de trabajadores asalariados privados registrados, con una caída mensual del 0,1%.
El total de trabajadores registrados, incluyendo otras modalidades laborales, alcanzaba los 12,757 millones, también con una disminución mensual del 0,1%.
La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), elaborada por la Secretaría de Trabajo a partir de un relevamiento de empresas privadas, aporta una fotografía algo más reciente.
En julio, el empleo se mantuvo sin cambios respecto de junio en el conjunto de aglomerados relevados. Sin embargo, en la comparación interanual registró una caída del 1,1%, tanto en el Gran Buenos Aires como en el conjunto de ciudades del interior incluidas en la medición.
Los datos coinciden en su dirección con el primer Monitor de la Reforma Laboral, elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) junto con otras organizaciones.
El documento, que tiene una posición crítica respecto de la legislación, sostiene que desde el cambio de gobierno se perdieron **241.200 puestos privados formales y que la reducción acumulada desde la implementación de la reforma alcanza aproximadamente 36.000 empleos.
Además, señala que el empleo privado registrado acumulaba 13 meses consecutivos de caída y que la tasa de entrada de nuevos trabajadores había descendido al 1,6%, uno de los indicadores que utiliza para mostrar las dificultades de incorporación al mercado formal.
Como contraste, al ser consultado públicamente, el presidente Javier Milei ponderó la creación de cientos de miles de trabajos en el sector informal, a los que sumó la baja de decenas de miles de empleo del sector estatal.
La informalidad creció y alcanzó al 45% de los trabajadores
Según el INDEC, la tasa de desocupación alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 7,6% registrado un año antes. La tasa de empleo, en tanto, se ubicó en el 45% y la de actividad alcanzó el 48,9%.
Pero el fenómeno más significativo aparece cuando se analiza la calidad de los puestos de trabajo.
La informalidad laboral llegó al 45% de los ocupados, un incremento de 1,8 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre de 2025.
Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET calculó que ese aumento representó 348.000 trabajadores informales adicionales en un año.
La mayor parte del incremento correspondió a trabajadores por cuenta propia: 316.000 de los 348.000 nuevos ocupados informales, aproximadamente el 91% del total.
Entre los cuentapropistas, la informalidad alcanzó el 65,8%, mientras que entre los asalariados se ubicó en el 37,9%.
La diferencia resulta relevante porque muestra que el deterioro del empleo formal no necesariamente se traduce en un aumento equivalente del desempleo abierto.
Vaca Muerta y Rosario: el empleo no evoluciona igual en todo el país
Un informe de la Universidad Austral, elaborado a partir de indicadores de actividad y estadísticas laborales oficiales, muestra que los principales motores productivos del país están generando resultados muy diferentes.
En la región Sur, integrada por Neuquén y Río Negro y vinculada principalmente al desarrollo hidrocarburífero, la actividad económica creció 2,1% entre enero y julio de 2026 respecto del mismo período del año anterior. El desempleo regional descendió hasta 2,5%, mientras que la tasa de empleo aumentó 2,7 puntos porcentuales.
La situación es diferente en la región Centro. Aunque la actividad económica acumuló una expansión del 1,5% durante los primeros siete meses del año, el desempleo regional alcanzó el 10%, con una caída de 1,1 puntos porcentuales en la tasa de empleo.
Gran Rosario registró el deterioro más pronunciado: 11,5% de desempleo, el nivel más alto entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC.
Las promesas y las advertencias que acompañaron la reforma
La creación de empleo fue uno de los principales argumentos utilizados por el oficialismo durante el debate parlamentario.
En febrero, la Oficina del Presidente había sostenido que la modernización de las leyes laborales permitiría generar empleo genuino, reducir la litigiosidad y dar mayor previsibilidad a las empresas.
En el Senado, Bullrich defendió la iniciativa al afirmar que permitiría superar un sistema que, según su interpretación, desalentaba las contrataciones.
Del otro lado, Recalde cuestionó que una modificación de las condiciones laborales pudiera generar puestos de trabajo sin una recuperación sostenida de la actividad económica.
“Cuando la economía funciona, cuando hay actividad económica, con derechos, también crece”, sostuvo el senador durante una entrevista concedida antes de la sanción definitiva.