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El presidente Javier Milei está decidido a agregar un capítulo más a su modelo de control monetario y fiscal y anunció ayer que su gobierno está centrado en aprobar una nueva carta orgánica del Banco Central para “penar” la emisión monetaria.
Pero el titular de la Casa Rosada agregó que está estudiando un proyecto para emular el “shutdown” estadounidense, una práctica que “apaga” el Estado cuando no hay fondos.
Según pudo saber El Cronista, la iniciativa circula por los despachos del ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, pero los únicos detalles oficiales que se conocen fueron los dados por el propio presidente.
“Estamos trabajando también en el armado del shutdown de la política. Cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, afirmó Milei durante una entrevista.
Mientras que en Europa la no aprobación parlamentaria de un presupuesto supone la caída del gobierno o en Sudamérica muchas veces implica la prórroga del anterior (en Argentina) o la sanción automática del proyecto del Ejecutivo (Chile), en Estados Unidos se “apaga” o “silencia” el Estado. Pero, en el caso del país norteamericano no todo deja de funcionar.
Qué pasa hoy en Argentina
Bajo la Ley de Administración Financiera, si el Congreso no aprueba el presupuesto para el nuevo año, el Poder Ejecutivo automáticamente prorroga e del año anterior. Esto sucedió, hace poco tiempo, en los dos primeros años del gobierno libertario.
En esos casos, el Ejecutivo no tiene su presupuesto, pero tiene una mayor discresionalidad para asignar partidas a través de la Jefatura de Gabinete.
El nuevo proyecto cambiaría radicalmente esta inercia y, se supone, forzaría al Legislativo a sancionar el proyecto para volver a reactivar la acción Estatal.
Sin embargo, las palabras del presidente no aclaran si el “apagón a la Argentina” sólo se usaría en caso de aprobar el presupuesto original o si eso sucedería también en casos de extensión presupuestaria en medio de un año fiscal.
Esta reforma se impulsa de forma paralela a modificaciones drásticas en la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para prohibir por ley —y con sanciones penales bajo el Código Penal— que la autoridad monetaria financie al Tesoro mediante emisión, calificándolo explícitamente de “estafa”.
El mecanismo original en EE.UU.: ¿Cómo funciona?
El shutdown estadounidense es una combinación de una ley del siglo XIX y opiniones legales de los años 80.
Por un lado está la Ley Antideficiencia que prohíbe taxativamente a las agencias federales gastar fondos, firmar contratos o aceptar servicios voluntarios antes de que el Congreso apruebe los fondos correspondientes. Esto sería emulado por la modificación de la nueva regulación del Banco Central.
Sin embargo, el mecanismo que se aplica hoy tiene su principal fundamento en lo que se conoce como los dictámenes de Civiletti.
Antes de 1980, cuando el Congreso se demoraba en aprobar el presupuesto, las agencias operaban “normalmente” asumiendo que los fondos llegarían tarde o temprano. Sin embargo, el fiscal general de Jimmy Carter, Benjamin Civiletti, emitió dos dictámenes jurídicos clave: dictaminó que, bajo la Antideficiency Act, si no hay ley de presupuesto, las agencias deben suspender inmediatamente todas sus operaciones comerciales y administrativas, salvo las estrictamente exceptuadas.
El apagón se desencadena por lo que técnicamente se conoce como una brecha de financiamiento y ocurre cuando expira el año fiscal o se vence una Resolución de Continuidad sin que la Cámara de Representantes y el Senado hayan aprobado —y el presidente firmado— las 12 leyes de asignaciones anuales que financian el gasto “discrecional” del Estado.
Radiografía del “Apagón” en Estados Unidos: ¿qué sigue funcionando y qué cierra?
Cuando ocurre un shutdown, la fuerza laboral federal se divide estrictamente en dos categorías: personal esencial y personal no esencial. El primero trabaja bajo la promesa de cobrar retroactivamente cuando se destrabe el conflicto; el no esencial se va a su casa sin goce de sueldo durante el bache presupuestario.
Se cierran Parques Nacionales, monumentos y zoológicos públicos; se suspende la emisión de nuevos pasaportes o visas, hay retrasos en la asignación de licencias comerciales y créditos hipotecarios federales.
Quizá lo más fuerte es la parálisis en agencias de investigación científica como la NASA, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), deteniendo ensayos clínicos no vitales y monitoreos ambientales. Mientras tanto, la oficina de impuestos (IRS) reduce drásticamente su personal, suspendiendo auditorías, asistencia telefónica y procesamiento de reembolsos en papel.
Sin embargo, no todo deja de funcionar: las Fuerzas Armadas siguen activas. El control de tráfico aéreo (FAA), la seguridad en aeropuertos (TSA) y la patrulla fronteriza operan normalmente. El FBI, los servicios de inteligencia, el sistema de prisiones federales y la policía local federal siguen en funciones.
Además hay un segmento que se conoce como “Mandatory Spending” y que incluye los cheques de la Seguridad Social (jubilaciones), Medicare y Medicaid.
Qué se podría apagar en Argentina
El presidente Javier Milei insistió, tanto en el decreto 70/23 como en la reforma laboral, en la tipificación de empleos que no pueden realizar medidas de fuerza, entre los que se incluían desde médicos hasta docentes en una extensa lista.
De aprobarse una reforma a la norteamericana, habría una nueva segmentación entre trabajadores esenciales del Estado y aquellos que se tendrían que ir a su casa sin cobrar salarios.
La experiencia en Estados Unidos es que el no pago de salarios estatales genera importantes baches en el consumo y generan daños en las cadenas de pago, por ejemplo, de alquileres.
Por otra parte, en Argentina existe una importante tradición en torno a los derechos, algunos de ellos consagrados en la Constitución, lo que podría derivar en una catarata de apelaciones judiciales que obliguen al pago. Sin embargo, la experiencia reciente de la Ley de Financiamiento Universitario demostró que la administración de Milei está dispuesta a ir hasta la Corte Suprema antes de pagar fallos adversos.
El Estado tendría que pagar jubilaciones y asignaciones, pero habría que esperar a cómo quedan afectados los servicios de ANSES y PAMI para ver su cobertura.
En un esquema a la estadounidense se paralizarían áreas como “administrativas” ARCA, institutos de investigación como el CONICET, los institutos como el INTA o INTI, medios públicos, empresas descentralizadas. También habría dificultades para la emisión de pasaportes y registros del automotor. Podría ser afectada la IGJ y la inscripción de nuevas sociedades.
Mientras tanto, los médicos de los Hospitales Nacionales estarían obligados a trabajar y el Estado nacional no tiene escuelas, pero restaría saber cuál sería la situación de los docentes de las universidades nacionales.
En ese esquema seguirían funcionando las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.
Cronología y casos históricos destacados en EE.UU.
Desde 1976 se han registrado más de 20 brechas de financiamiento, aunque las primeras (década de los 70) no derivaron en parálisis masivas porque todavía no regía la interpretación estricta de Civiletti.
El primer shutdown real ocurrió en 1980 bajo la presidencia de Jimmy Carter. Duró solo 1 día y afectó al personal de la Comisión Federal de Comercio (FTC). El primer cierre generalizado que afectó a múltiples agencias ocurrió a finales de 1981 con Ronald Reagan.
El caso histórico más largo se extendió por 43 días en 2025 y el impasse comenzó debido a feroces divisiones partidarias en el Congreso respecto a niveles de financiamiento y subsidios de salud.
Esa parálisis afectó de forma directa a unos 800.000 empleados federales que se quedaron temporalmente sin ingresos.
El impacto rozó niveles críticos al cumplirse la tercera semana del cierre, cuando el programa de asistencia alimentaria SNAP (que asiste a más de 42 millones de estadounidenses vulnerables) enfrentó un déficit de u$s 2.000 millones, obligando al Departamento de Agricultura (USDA) a congelar temporalmente la emisión de los beneficios de ese mes.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el cierre de 43 días generó una postergación de u$s 18.000 millones en gasto federal y recortó temporalmente en u$s11.000 millones el nivel de actividad económica (PIB).
Si bien la mayor parte se recuperó tras la reapertura, unos u$s3.000 millones se tradujeron en pérdidas económicas permanentes e irrecuperables.
El escenario internacional: ¿hay mecanismos similares en Sudamérica?
El diseño institucional estadounidense es bastante único debido a su estricta división de poderes y al control total del Congreso sobre la billetera pública. En la inmensa mayoría de las democracias occidentales, el mecanismo del shutdown no existe.
Las constituciones de América Latina se estructuraron bajo un fuerte régimen presidencialista diseñado para garantizar la estabilidad institucional y evitar, justamente, que el Estado deje de funcionar. Ningún país de la región contempla un apagón automático.
En Uruguay, si el Parlamento no aprueba el presupuesto general de sueldos, gastos e inversiones, rige el presupuesto vigente del año anterior, actualizándose los montos por inflación.
El sistema chileno le da una ventaja enorme al Ejecutivo. Si el Congreso no aprueba la Ley de Presupuestos dentro de los 60 días desde que se presentó el proyecto, entra en vigencia automáticamente el proyecto original enviado por el Presidente.
En Brasil, se recurre a la prórroga temporal de las partidas del año anterior bajo límites mensuales estrictos (habitualmente un doceavo del presupuesto por mes) hasta que se destrabe la votación en el Congreso.