El Gobierno de Tucumán iniciará la revisión del padrón de beneficiarios locales del programa Potenciar Trabajo a fin de detectar incompatibilidades y suspender el cobro del Salario Social Complementario.
Así lo informó el viernes tras llevar adelante una primera instancia depuración interna en la que se registraron acreditaciones irregulares destinadas a empleados públicos.
"La primera tarea consistió en notificar a los empleados a través de sus respectivas reparticiones responsables, para realizar un descargo de su situación, y a partir de allí, se ordenó a cada organismo llevar adelante el proceso sumarial", explicó el secretario de Gestión Pública y Planeamiento tucumano, Julio Saguir, en un comunicado.
En paralelo, la nómina también será foco de inspección por parte de la Fiscalía de Estado, que encabeza Gilda Pedicone de Valls, en el marco de las investigaciones que inició el fiscal federal, Guillermo Marijuan.
"En los últimos días se conoció que la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal Agustín Chit, requirió a la Provincia los legajos de 1135 agentes públicos que estarían bajo sospecha por la posible existencia de empleados públicos que cobraban el programa Potenciar Trabajo", detalló el portal La Gaceta.
Respecto a las incompatibilidades detectadas, Saguir indicó que, junto a los sumarios administrativos, también se adjuntaron legajos y boletas de sueldo de cada uno de los agentes incluidos, así como también información provista por la administración centralizada, los órganos desconcentrados y entes autárquicos de la Administración Pública Provincial.
"Los sumarios, con aconsejamiento de bajas, están prontos a concluir y simultáneamente se está informando al Fiscal todo lo solicitado para contribuir al esclarecimiento de las irregularidades", concluyó el funcionario.
