Los abogados de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia comenzaron ayer con su alegato en la causa sobre el presunto encubrimiento del atentado contra la mutual judía y adelantaron que no pedirán penas para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, lo que provocó malestar entre otros abogados integrantes de la propia Unidad AMIA y los familiares de las víctimas del ataque terrorista.

La decisión de la querella por parte del Estado fue anunciada por el abogado José Console en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, en el comienzo de su alegato, horas después de que se conociera la decisión del ministro de Justicia, Germán Garavano, de apartar de los alegatos a otros abogados de la Unidad AMIA y dejar la presentación en manos de Console.

Console es, además de integrante de la Unidad AMIA, secretario del Tribunal de Disciplina de Boca Juniors; club presidido por Daniel Angelici, reiteradamente señalado por ser uno de los principales operadores del Gobierno en la Justicia Federal.

"No se ha podido arribar a una plena convicción de su participación en los hechos", sostuvo Console al anunciar que el Ejecutivo no coincidirá con la Unidad Fiscal de Investigación del atentado a la AMIA (que depende del Ministerio Público), que solicitó 8 años de prisión para los ex fiscales.

"Nos apartaremos de las conclusiones formuladas por la UFI AMIA. Observamos que los elementos reunidos en el debate resultan incapaces de fundamentar una condena", dijo Console, tras sostener que no se logró probar que los ex fiscales hayan sido parte de la maniobra del pago a un imputado para que presentara una versión falaz en el marco de la causa de la investigación del atentado.

En este juicio están siendo juzgados, además, el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros, para quienes sí pedirá pena la Unidad AMIA.

En el juicio oral que lleva más de dos años se ventilaron dos grandes hechos: por un lado, el pago al reducidor de autos Carlos Telleldín para que diera una declaración falsa ante la justicia, y, por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, con vínculos con la familia Menem.

Antes de la feria judicial, a fines del año pasado, se había concretado el alegato de la UFI AMIA, que encabeza el ex senador radical Mario Cimadevilla, que pidió penas de hasta 13 años de prisión para los acusados y solicitó la absolución del ex comisario Jorge "Fino" Palacios. En aquella oportunidad, la UFI AMIA pidió que los ex fiscales Mullen y Barbaccia condenados a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por su participación necesaria en los delitos de peculado, privación ilegal de la libertad agravada de los ex policías bonaerenses y coacciones.

En 2017, la abogada querellante Mariana Stilman renunció a su tarea denunciando presiones de Garavano para que el Estado desista en su acusación.