La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una nueva denuncia por presuntos hechos de corrupción en Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, y que el Gobierno de Javier Milei incluyó en el proceso de privatización.
El sindicato acusó a las autoridades de haber contratado un software de gestión administrativa por 7 millones de dólares, cuando el sistema utilizado hasta ahora —que cumple las mismas funciones— tiene un costo estimado de 600 mil dólares, lo que implicaría un sobreprecio del 1.066,7%.
La presentación se suma a la denuncia ya realizada por una licitación del servicio de limpieza con un sobreprecio superior al 140%, que desató una fuerte interna en la compañía y derivó en el desplazamiento del gerente general, Marcelo Famá, y del gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, tras una votación dividida en el directorio que preside Demián Reidel.
“Estamos frente a un hecho de corrupción mayúsculo. Se han violentado todos los procedimientos administrativos internos y se produjo un grave perjuicio al Estado. Estos sobreprecios que superan el 1.000% tienen que ser investigados a fondo”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
Según el sindicato, la compra cuestionada corresponde al sistema SAP S/4HANA, cuyo valor contratado asciende a USD 7 millones, 11,6 veces más que el costo del software previo. ATE remarcó que no se justificaron mejoras técnicas sustanciales ni cambios operativos que expliquen semejante salto presupuestario, y reclamó la paralización inmediata de todas las tramitaciones administrativas vinculadas al contrato.
La denuncia por el software se da en un contexto de máxima tensión interna en NA-SA. Días atrás, una presentación interna por presuntas irregularidades en la licitación del servicio de limpieza —por un monto de $ 10.783 millones, frente a los $ 4.493 millones del contrato vigente— expuso acusaciones de direccionamiento, pliegos a medida y exclusión de oferentes. En ese proceso, siete de las nueve empresas quedaron fuera por no cumplir requisitos técnicos inéditos, como contar con entre 300 y 600 empleados o una antigüedad mínima de ocho años.
ATE advirtió que estos episodios no pueden analizarse de forma aislada y los vinculó con el proceso de privatización en marcha. “No descartamos que este accionar tenga una doble finalidad: apropiarse de recursos públicos y, al mismo tiempo, desfinanciar la empresa para facilitar su venta”, sostuvo Aguiar.
Actualmente, el Gobierno avanza con un esquema que prevé la venta del 44% del capital de Nucleoeléctrica a inversores privados y la cesión de un 5% a los trabajadores, manteniendo el Estado el control accionario.
En ese marco, el sindicato exigió una auditoría integral de todos los contratos y licitaciones, y advirtió que no aceptará “chivos expiatorios” ni sanciones a trabajadores de menor rango para encubrir responsabilidades políticas y gerenciales.