

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió esta mañana en la Casa Rosada a una comitiva de cinco gobernadores que elevaron dos propuestas puntuales para reformular la distribución por coparticipación. Habrá una devolución de la Nación la semana que viene con un análisis del impacto fiscal de sus pedidos, que a priori le parecieron "razonables".
El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Escudos de Balcarce 50 a las 11 de la mañana, tras la suspensión de la reunión que pensaban para el pasado lunes. Francos canceló el mitin porque quería que también esté presente el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien no se encontraba en el país para comienzos de la semana. También los recibió el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán.
La coordinación de esta mesa de diálogo fue pensada por los propios mandatarios provinciales en el marco del Consejo Federal de Inversiones. El Gobierno accedió a un encuentro pero sin Milei, con quien originalmente pidieron la reunión. Fueron Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, en representación a los 24 distritos del país. "El diálogo fue excelente" incluso con Ziliotto, destacó uno de los partícipes.
Se espera que esta misma comitiva se repita, aunque no se descarta que si alguno no puede asistir sea reemplazado. La idea es que Guberman analice el impacto fiscal de las propuestas para seguir discutiendo la reforma y que el miércoles que viene, después del CFI del 17 de junio, haya una devolución. Quedó afuera el bonaerense Axel Kicillof, quien pensaba sumarse al encuentro, así como también el entrerriano Rogelio Frigerio: no se descarta que en el futuro sí asistan.
Los pedidos de los gobernadores
Según pudo saber El Cronista de una alta fuente del Gobierno, los pedidos de los mandatarios corrieron por dos etapas: la primera, por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que actualmente se distribuyen excepcionalmente para casos de emergencia -aunque históricamente fueron discrecionales-: las provincias lo que quieren es que se envíe lo correspondiente vía la coparticipación.
El segundo tiene que ver con la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, otro reclamo recurrente que ya tiene proyectos de ley con trámite parlamentario y que para los gobernadores significa una compensación por la parálisis de la obra pública, especialmente para financiar el mantenimiento y mejora de las rutas.
La redistribución requerirá de una reforma legislativa, necesariamente. Según le detallaron a este diario, el planteo de los gobernadores es para que el 50% de lo recaudado sea para las provincias, entre lo que se destina para infraestructura del Transporte, Hídrica, y lo correspondiente a los distritos. La Nación se comprometió a evaluar el impacto fiscal de las propuestas, en pos de cuidar el equilibrio: algo que, según las fuentes, también fue avalado por los propios gobernadores.
"Lo que piden es una distribución más objetiva y acorde a las normas de coparticipación. Todo partiendo de la base de no alterar el equilibrio fiscal. Es razonable lo que plantean", explicaron las fuentes.

Aunque el tema estará en estudio durante los próximos días, también adelantaron que una transferencia de fondos implicará una "transferencia de responsabilidades": el Gobierno Nacional avanzó en el traspaso de obras, en ese sentido, pero también busca impulsar una reforma tributaria que salde de fondo la discusión de la coparticipación, aunque no lo ven viable hasta después de las elecciones.
También hubo un reclamo por la transferencia de las Cajas previsionales, que mantiene todavía situaciones inconclusas e irregulares en relación a las provincias que deben Auditorías y hasta ahora solo Córdoba consiguió llegar a un acuerdo con Anses. El flujo de estas cajas se contempla dentro del proyecto de ley que aumenta las jubilaciones un 7,2% y actualiza el bono, una ley que será vetada por el Presidente de conseguir aprobarse en el Senado.
"Si nos vienen a pedir fondos pero después nos van a meter una ley en el Congreso para alterar el equilibrio fiscal, hay algo que no está alineado con el planteo", evaluó un funcionario en diálogo con El Cronista. No es casual que, de los presentes, todos contribuyeron a que se apruebe esa ley.
Por último, los gobernadores también le plantearon a Francos la necesidad de avanzar con el nombramiento de los jueces federales, algo que sin acuerdo político por los jueces de la Corte Suprema no asoma futuro, puesto que todo es parte de la misma negociación.
Los ministros se mostraron predispuestos a llegar a un consenso, pero siguen advirtiendo que una mejor representación en el Congreso después de las elecciones les dará una mejor cintura y el asesor presidencial, Santiago Caputo, es quien maneja esa estrategia. Por ahora no hay ánimos de avanzar en ese sentido, no hasta noviembre. En ese contexto sobrevoló también el nombre de Cristina Kirchner y los ministros reconocieron que el escenario electoral era incierto sin su candidatura.
La reforma tributaria y el Consejo de Mayo
En el medio de estas conversaciones, el Gobierno reflotó el viejo Pacto de Mayo celebrado el 9 de julio del año pasado, con la intención de terminar con un desajuste fiscal que viene desde hace varias décadas. La Casa Rosada no adelantó qué respuesta tendrá para los mandatarios, pero dieron a entender que las reformas que están pidiendo no pueden ser impulsadas este año.

El jueves pasado, luego del cónclave de gobernadores, Nación decretó la designación de los integrantes del Consejo de Mayo pero aún no hay convocatoria; no tienen intenciones de activar por ahora el pacto fiscal que piden los gobernadores porque no están en condiciones numéricas ni políticas para hacerlo en este momento. Será un tema para después de las elecciones.
También se mete en la agenda el proyecto de Principio de Inocencia Fiscal que conforma la Fase II del "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", que todavía no pudo comenzar su tratamiento en el Congreso puesto que todavía no lograron allanar el camino en Diputados para convocar a las comisiones.
En Balcarce 50 están confiados con que los 17 gobernadores que adhirieron durante estas últimas semanas al Régimen Simplificado de Ganancias por consiguiente pondrán a disposición a sus alfiles para ayudar a blindar el plan para "inyectar los dólares del colchón". Todavía faltan firmas clave, dentro de las que se encuentran Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa; de hecho Ziliotto, uno de los presentes hoy, no firmó; en cambio Claudio Vidal sí se adhirió esta mañana.
Con Santa Cruz, las demás provincias que firmaron son Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán, más la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo consiste en garantizar que la provincia preservará la información de los consumos personales, la situación patrimonial de los ciudadanos y no establecerá nuevos regímenes de información.
De no hacerlo, el Gobierno las "penalizará" con la perdida de acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000).













