El analista económico Damián Di Pace analizó el borrador del proyecto de modernización laboral que el Gobierno, a través del Consejo de Mayo, presentó para ser tratado en sesiones extraordinarias en el Congreso.
En diálogo por Radio El Observador, marcó los tres pilares fundamentales de la iniciativa que buscan reformular el sistema de trabajo: la regulación de la actividad sindical dentro de las empresas, la estandarización de los juicios laborales y la creación de un régimen de incentivos para las PyMEs.
Sobre este último punto, Di Pace explicó que establece un esquema de incentivos fiscales escalonados, lo que permitiría a empresas de distintos tamaños acceder a este beneficio si deciden invertir sus utilidades.
RiGI para Pymes: de qué se trata
Los incentivos se aplicarían de forma escalonada para micro, pequeñas y medianas empresas (hasta tramos de 30 millones de dólares para grandes empresas locales).
Los montos de inversión iniciales estipulados en el borrador son:
- Microempresas: desde u$s 150.000.
- Pequeñas empresas: desde u$s 600.000.
- Medianas (Tramo 1): desde u$s 3,5 millones.
- Medianas (Tramo 2): desde u$s 9 millones.
- Grandes empresas locales: hasta u$s 30 millones.
Di Pace destacó que la medida incluiría dos beneficios claves: una amortización acelerada de capital (inspirada por el modelo chileno) para descontar la inversión de las ganancias en menos tiempo y el uso inmediato del crédito fiscal del IVA.
Límites a los delegados y juicios laborales
Otro de los puntos novedosos del proyecto es la regulación de la actividad de los delegados gremiales dentro de las empresas. Según indicó Di Pace, la nueva normativa apunta a que los representantes gremiales “puedan ejercer como delegados, pero solamente 10 horas semanales”.
“El resto tiene que trabajar como empleados”, añadió. El economista ilustró la problemática con un caso real reciente: “Una empresa tenía un delegado que no concurría a trabajar desde el año 2011. Cuando se lo intimó, desconoció su función”.
Con la reforma, precisó, el delegado deberá cumplir su jornada laboral normal como cualquier otro empleado y utilizar solo el tiempo estipulado para la actividad gremial.
Por otro lado, el segundo eje apunta a desarmar la imprevisibilidad de los costos de salida para las empresas, conocida como la “industria del juicio”, con dos cambios para terminar con la arbitrariedad judicial:
- Definición de salario: este punto busca determinar por ley qué ítems conforman el salario para el cálculo de indemnizaciones, lo que eliminaría la inclusión de beneficios colaterales (como el pago de celular, almuerzos o gimnasio) que hoy abultan las cifras finales.
- Tasa de interés única: actualmente, cada juzgado aplica tasas de interés a criterio propio y genera disparidades enormes. El proyecto propone una fórmula única a nivel nacional: 3% anual más inflación. Esto, señaló el economista, termina con la arbitrariedad de que cada juez “determine el mecanismo de ajuste”.
