Los alfiles judiciales de Javier Milei lo convirtieron en el primer Presidente que acelera los convenios para traspasar los fueros Nacionales a la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de la Constitución y este martes, un día antes de que se trate en el Senado el proyecto de modernización laboral, envió al Senado la transferencia de competencias del fuero laboral.
“Nuevo hito en la autonomía de la Ciudad”, destacó Gabino Tapia, el ministro de Justicia del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. A través del decreto 95/2026, además, Milei dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tenga la potestad de firmar los acuerdos para efectuar ese traspaso.
El convenio no implica un traspaso en forma automática y, según el acuerdo, la Ciudad deberá seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral y garantizar sus recursos en un plazo máximo de 180 días. Una vez en funciones, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese entonces.
Se trata de un reclamo de competencias histórico que le da más de un dolor de cabeza a los abogados y puso en guerra constante a los jueces nacionales con la Corte Suprema de Justicia. El tema data desde la reforma constitucional, que dispuso en el artículo 129 que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe asumir competencia sobre las causas hasta entonces gestionadas por la Justicia Nacional ya que, al ser autónoma, la justicia ordinaria debe ser local.
La propia constitución porteña hizo lo propio en el artículo 7 y desde entonces creó el Superior Tribunal de Justicia, el máximo tribunal de la CABA, y sus propios fueros: el Contencioso Administrativo y Tributario; y el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, que subsumió cuestiones de la Ciudad y son los únicos en funciones. No obstante, todo lo referido a materia ordinaria -conflictos cotidianos- quedó en manos de la Nación.
Esos fueros pendientes del convenio sancionado por ley son el Laboral, el Comercial, el Penal y el Civil. La legislatura porteña sí sacó una ley para crear su propio fuero de Justicia del Trabajo, pero el convenio de distribución de competencias nunca se realizó hasta ahora. Esto implica tanto el financiamiento de los fueros como la materia que entenderán los jueces.
A partir de este conflicto de competencias, el máximo tribunal falló en varias oportunidades a favor del proceso de consolidación de autonomía de la Ciudad: el más conocido es el caso Levinas, el cual estableció por mayoría el criterio de que en justicia ordinaria el máximo tribunal es el Superior Tribunal de la Ciudad. El único que firmó en disidencia fue el ministro Carlos Rosenkratz.
Este fue cuestionado por juristas ya que el traspaso debe gestionarse por ley del Congreso y algunos alegaron que la orden de la Corte estaría supliendo el rol legislativo al crear o transferir competencias. Además, las Cámaras de Apelaciones en febrero del año 2025 sacaron acordadas y resoluciones que desconocen como autoridad superior al Superior Tribunal de la CABA para que revisen sus sentencias, en una rebeldía de los jueces nacionales ante la decisión de los magistrados de la Corte.
Frente a este escenario, los litigantes comenzaron a remitir los recursos de inconstitucionalidad tanto a la Corte Suprema como al Superior Tribunal de la Ciudad al mismo tiempo, lo cual provocó un escándalo sin precedentes en el sistema judicial. Las Cámaras de Apelación, en concordancia, rechazan los recursos dirigidos al Superior Tribunal de la CABA.
Además, los jueces nacionales son reticentes al traspaso ya que no quieren renunciar a su estatus de jueces Nacionales para pasar a ser de la Ciudad. Este reclamo además tiene aval constitucional, ya que la Carta Magna establece que el cargo de juez es inamovible, pero es clave para entender por qué el Gobierno ahora aceleró el proceso.
“Una solución podría ser que los jueces nacionales se queden con los conflictos colectivos -gremios- y distribuir las competencias de los individuales -empleador y empleado-. Tendría cierto sentido, porque incluso en materia sindical podría afectarles la competencia federal. Que tengan una competencia especial los jueces federales del trabajo y se solucionaría el problema, lo que pasa es que a lo mejor sobran jueces nacionales”, opinó un jurista en diálogo con este medio.
Los jueces laborales tienen antecedentes de choque con Milei por haber frenado y declarado inconstitucional la reforma laboral del DNU 70/2023. Un incluyó en la reforma laboral un artículo que en la Casa Rosada calificaron como “declarativo” que especifica que la vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo.
El artículo 91 del proyecto establece que “La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”.
El detalle no es menor ya que, además de fijar la postura del Gobierno a favor de que se concluya la transferencia, la oposición amenaza con judicializar la sanción de la reforma laboral para declararla inconstitucional. Desde el Ejecutivo aseguran que ya tienen planeada una estrategia judicial en el caso de que eso suceda.