El Ministerio de Capital Humano oficializó este martes el cambio en el registro de programas sociales. La modificación había sido acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para “mejorar la focalización” de la asistencia.
La cartera que conduce Sandra Pettovello creó el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), que responde al Sistema Integrado de Información Social (SIIS), bajo la órbita del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Esta base será la única que integre, consolide y armonice los datos de las personas que “en un momento determinado, resultan beneficiarias de prestaciones o servicios sociales”, informó la resolución 23/2026 publicada en el Boletín Oficial.
El registro tendrá como finalidad “identificar a las personas que efectivamente reciben prestaciones o servicios sociales, junto con las características o atributos asociados a cada una de ellas”, a partir de la información que provean los organismos responsables de la gestión integren en el Sistema Integrado de Información Social.
El registro fue uno de los puntos explicitados en el acuerdo del FMI firmado en abril de 2025.
El staff report difundido luego del acuerdo, plasmó que el Gobierno debía “mejorar la focalización y la eficiencia de los programas sociales, armonizando las distintas bases de datos administrativas en un único registro social (Sistema de Indicadores Sociales, SIS)”. La fecha para ese objetivo era hacia finales de 2025.
Según el organismo, la red de protección social de Argentina es sólida, ya que cubre al 40% de la población informal menor a los 65 años, algunos sectores siguen sin cobertura, como los trabajadores sin hijos del sector informal.
“Avanzar en la creación de un registro social único también podría contribuir a garantizar que los programas sociales lleguen eficazmente a las personas más vulnerables, mientras se siguen realizando esfuerzos para mejorar la gobernanza y la eficiencia de los programas a nivel federal y provincial”, dijo el organismo.
Este compromiso se da de cara a las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, que se realizarán entre el 13 y el 18 de abril en Washington, Estados Unidos. El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará el 14 de ese mes para asistir a la cumbre.
El encuentro con Kristalina Georgieva en la cumbre se dará casi dos meses después de que la misión del organismo dejara Argentina sin notificar si se aprobó la segunda revisión que habilita el giro de u$s 1000 millones.
Programas sociales
La conformación del nuevo sistema se da días después de que el Ministerio de Capital Humano oficializara el fin de los programas derivados del ex Potenciar Trabajo.
Desde abril dejará de existir el plan Volver al Trabajo, programa de asistencia que implicaba ingresos por casi $80.000 para unas 900.000 personas, para mutar en un programa de capacitaciones en oficios a cargo de empresas.
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), advirtieron que el costo fiscal total anual del salario complementario otorgado en el marco del programa era equivalente al 0,1% del PBI.
“Esto indica que el programa representa una porción muy pequeña del producto económico nacional, a pesar de su impacto social en más de un millón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, plantearon.
La otra pata que se desprende del ex Potenciar Trabajo es el programa de Acompañamiento Social, con un universo objetivo focalizado en personas en situación de vulnerabilidad, mujeres y varones mayores a 50 años, mujeres con cuatro hijos o más menores de 18 años y es compatible con registrar ingresos equivalente a un salario mínimo vital y móvil, que hoy se ubica en $352.400. Este universo abarca a unas 200.000 personas.
Según observaron desde la UTEP, la magnitud de estos programas dan cuenta de la persistencia de la informalidad, a pesar de que el 80% de los beneficiarios están en edad económicamente activa, explicado por la incapacidad del mercado formal de captar trabajadores.
Además, marcaron que el congelamiento del salario complementario desde noviembre de 2023 ocasionó una pérdida del 74% del poder adquisitivo de ese ingreso, derivando en un incremento de las situaciones de pobreza e indigencia.