Tras una sentencia judicial que obliga al astillero estatal Tandanor a abonar casi 23 veces más una deuda originada hace 4 años por el alquiler andamios, el miércoles pasado el juez Javier Cosentino intentó incrementarla en otros $ 30 millones y sólo dio marcha atrás con un embargo por esa cifra ante una protesta gremial y el hecho de que la empresa no podría pagar los sueldos, según relató el presidente de la compañía naviera, Mario Fadel.


El origen del conflicto es un reclamo de la empresa ENAS que se dedica a arrendar andamios para grandes obras, contra Tandanor S.A., una empresa integrante del complejo industrial para la defensa y cuyo capital accionario en su mayoría pertenece al Estado nacional: el 90% de las acciones son del Ministerio de Defensa y el 10% pertenece a los trabajadores por el Programa de Propiedad Participada (PPP).


La acción judicial en primera instancia recayó en el Juzgado 8 en lo Comercial a cargo de Cosentino, quien hizo lugar al reclamo de ENAS por una suma de algo menos de $ 1,5 millones, en 2011, pero dio la razón a Tandanor al afirmar que las multas e intereses previstos en los contratos eran exorbitantes, y ordenó liquidarlos según el Código Civil hoy derogado, explicó Fadel.


Cuando la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, integrada por Alejandra Tévez, Juan Manuel Ojea Quintana y Rafael Barreiro confirma este fallo, el expediente vuelve al juez Cosentino, quien designa un perito en junio pasado para que haga el cálculo de los intereses.
Y aquí, según Fadel, comienza el camino hacia números que no tienen explicación matemática y que favorecen a un contratista en la Justicia en desmedro del Estado y de los trabajadores que corrieron riesgo de no cobrar sus salarios.


El perito, que es nombrado en dos días, duplica la tasa del Código Civil para multas y para intereses, llegando a un total de $ 20 millones, cuando para Fadel no debía pasar de $ 10 millones.
La empresa ENAS impugna y dice que son $ 35 millones, que con las costas llegan a $ 37 millones. El juez lo traslada al perito que insiste en que sus números están bien pero que "es interpretación judicial".


En los primeros días de agosto el juez aprueba la liquidación contraria a Tandanor y el 28 de ese mes, cuando ya se deben pagar los salarios, traba un embargo por $ 37 millones a la empresa. Ante la protesta de Fadel, en 24 horas baja a $ 20 millones el reclamo, pero sube las costas y queda un embargo sobre las cuentas de Tandanor de $ 26 millones.


El astillero apela con efectos suspensivo a la Cámara, que con firma de Tévez y Ojea Quintana, aprueba la liquidación de ENAS.


"Entre tanto, el miércoles pasado, cuando el expediente seguía en Cámara y el juez Cosentino sólo tenía el embargo, ENAS presenta una nueva planilla con una actualización para incrementar el embargo en otros $ 30 millones", relató Fadel, quien ante esto reunió a los trabajadores en Asamblea y les comunicó lo que ocurría.


Una manifestación de 600 operarios se trasladó al juzgado y a la Cámara, donde los recibió el camarista Barreiro, aunque no había firmado fallos anteriores. Mientras dirigentes del gremio estaban con él, un secretario le acercó un escrito del juez Cosentino que levantaba el embargo de los $ 30 millones y se pudieron pagar los salarios.


Con el nuevo Código Civil y Comercial la capitalización de intereses ya no puede ser mensual sino a lo sumo semestral, puntualizó Fadel.


El miércoles próximo, la Cámara deberá decidir si otorga un recurso extraordinario que mantenga el efecto suspensivo de las distintas apelaciones que hasta ahora hizo Tandanor o incluso revisa las liquidaciones de intereses y multas a la baja.


Fadel espera que "no siga aprovechando la relativa indefensión del Estado en el momento de la transición política para hacerle pagar a un contratista privado $ 46 millones que no corresponden".