La jueza federal Martina Forns dictó una medida cautelar que frena por seis meses la aplicación del decreto presidencial 462/2025 sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en respuesta a un amparo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La decisión judicial impide al Poder Ejecutivo Nacional ejecutar cualquier acción que implique la disolución, reorganización o vaciamiento del organismo, uno de los principales referentes técnicos del país.

La resolución ordena al Estado que se abstenga de realizar reubicaciones, traslados, despidos, suspensiones, pases a disponibilidad o supresión de estructuras vinculadas al INTI.

En el fallo al que tuvo acceso El Cronista, Forns sostuvo que el decreto del Gobierno nacional vulnera garantías constitucionales como la estabilidad en el empleo público, el derecho al trabajo y la libertad sindical, y alertó sobre el peligro de un daño irreparable si se avanza con las medidas sin una definición judicial de fondo.

La acción judicial fue presentada por Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien argumentó que el decreto presidencial implicaría en la práctica una "disolución encubierta" del INTI, al eliminar su personería jurídica, desmantelar su estructura directiva y transferir sus recursos al Tesoro Nacional. Además, se denunció que el artículo 49 del decreto permitiría al Ejecutivo apropiarse de los ingresos del organismo -como tasas, patentes, servicios técnicos y certificaciones-, afectando su autonomía operativa.

ATE también cuestionó la constitucionalidad de la Ley Bases (27.742), por habilitar de forma "genérica, ilimitada y sin control parlamentario" la reasignación de funciones y estructuras dentro del Estado. Según el sindicato, el INTI fue excluido expresamente de las delegaciones previstas en dicha ley, por lo cual cualquier intento de reforma debería pasar por el Congreso.

El INTI tiene como función principal brindar asistencia tecnológica a las pymes, certificar estándares de calidad y desarrollar tecnologías aplicadas al sector productivo. Su rol como organismo técnico es clave en temas de innovación industrial, metrología y competitividad federal.

La jueza consideró que están dadas las condiciones para dictar la cautelar, al verificarse la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora. En su análisis, remarcó que los trabajadores del INTI forman parte de un sector socialmente vulnerable y que las medidas del Gobierno podrían derivar en despidos masivos, modificación de condiciones laborales sin negociación y retrocesos institucionales graves.

La medida tiene vigencia por seis meses y se dictó en plena feria judicial, con habilitación extraordinaria, dada la urgencia de los reclamos. Aunque no resuelve aún la cuestión de fondo -esto es, la constitucionalidad del decreto y de la Ley Bases-, constituye un freno significativo al plan de reestructuración impulsado por la gestión de Javier Milei.

"Es una muy buena noticia para las y los trabajadores del INTI. La Justicia nos dio la razón y, gracias a la medida cautelar que presentamos desde ATE, logramos que el Estado Nacional no pueda realizar ninguna modificación dentro del Instituto, ni despedir a su personal. Realmente es una bocanada de oxígeno", expresó Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE nacional.