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El equilibrio fiscal es una de las grandes banderas de Javier Milei que, desde el inicio de su gobierno, apostó por un fuerte ajuste en la inversión pública a fin de mantener a raya las cuentas públicas.
Como resultado de la estrategia del libertario, el Ejecutivo consiguió superávit primario por dos años consecutivos, algo que no sucedía desde 2010. Luego de 15 años, la Argentina volvía a presentar un sector público equilibrado.
En ese contexto, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó el comportamiento de la administración de los recursos del Estado durante 2025 y cómo se aplicó la motosierra en las transferencias a provincias, empresas públicas y obras.
Según el análisis, la inversión pública ejecutada por la Administración Nacional ascendió a $ 2,1 billones, lo que significó una caída real del 27% respecto de 2024. De esta forma, se posicionó como uno de los rubros que más incidió en la reducción del gasto primario total.
Esta reducción se logró por el desplome de las transferencias de capital (fondos enviados a provincias y empresas), que fue del 48,9% real interanual. Esto fue como consecuencia de la disminución de las transferencias a empresas públicas, que cayeron un 47% real.
En contraste, la inversión real directa del Estado nacional creció 14,9% en términos interanuales. Este dato es significativo en términos de gasto: por primera vez en cinco años, superó a las transferencias y representó la mayoría del presupuesto (53%).
Vivienda y Energía, las áreas más golpeadas
El 78,9% del gasto se concentró en cinco sectores: Transporte, Energía, Educación y Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación y Agua Potable y Alcantarillado. Dentro del esquema de ajuste, los sectores de energía y vivienda fueron los más castigados.
En el caso del primero, fue la que más contribuyó a la reducción general de la inversión con una contracción del 59,6% real. Esto se debió, en gran parte, al recorte en las transferencias de capital destinadas a la empresa ENARSA, encargada de la construcción de represas hidroeléctricas en Santa Cruz.
Si bien continuó siendo la mayor receptora de fondos con $ 400.000 millones, la compañía sufrió un recorte del 66,1% respecto al año anterior.
Por su parte, el panorama fue aún más drástico para el sector “Vivienda y Urbanismo”, que registró una variación real negativa de casi el 93,5%.
Este derrumbe en la construcción habitacional no fue casual, sino que respondió a una decisión clave: la desaparición del Fondo Fiduciario de la Vivienda Social y del programa Pro.cre.ar, mediante decretos del Poder Ejecutivo, fueron determinantes para que la transferencia de fondos fuera prácticamente nula durante 2025.
Como contrapartida, el informe destacó focos de crecimiento en dos áreas específicas. Por un lado, la función de Educación y Cultura experimentó un salto real del 156,3%, impulsada por compras de equipamiento para conectividad e infraestructura escolar. Por otro lado, el sector transporte registró un incremento del 38,4% a través de obras viales y ferroviarias.
En cuanto a proyectos específicos, el gran protagonista del año fue la construcción del Reactor RA-10. Ejecutado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, este proyecto se consolidó como la obra individual con mayor presupuesto ejecutado (más de $ 74.000 millones). Durante el año se ejecutaron 229 proyectos de inversión, que devengaron en conjunto $ 700.000 millones.
Transferencias a provincias e impacto en el PBI
A pesar del ajuste nacional, el informe revela un dato curioso: las provincias y municipios recibieron $ 200.000 millones, lo que representó un crecimiento real del 34,6% interanual. Este incremento actuó como un amortiguador parcial y compensó la caída de los fondos destinados a empresas públicas y fondos fiduciarios.
Provincias como Catamarca y Tucumán lideraron la recepción de estos fondos, con incrementos exponenciales del 450% y 95% respectivamente. En la otra vereda, Corrientes sufrió una caída del 6% en su partida de capital, lo que marcó una disparidad notable en la distribución de la obra pública federal durante el último ejercicio.
A pesar de esta aceleración, el peso de la inversión pública en términos del Producto Interno Bruto (PIB) continuó su tendencia decreciente. El informe revela que la inversión total pasó de representar el 0,4% del PIB en 2024 a apenas el 0,2% en 2025, el nivel más bajo de la serie analizada por la oficina técnica.
Si se toma como referencias el indicador de 2021, que representaba el 2,4% del producto, el peso de la obra pública en la economía se redujo a una décima parte de su valor anterior.