En el medio de la contención de crisis por el escándalo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno quiere reactivar la agenda legislativa y, con el envío de los proyectos elegidos para priorizar en estos primeros meses, también se relanza la gira federal para construir consensos con gobernadores.
Según pudo confirmar El Cronista, el ministro del Interior, Diego Santilli, comenzará su periplo este viernes por Mendoza, donde se reunirá con Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios interesados en que se apruebe la modificación a la Ley de Glaciares. El mandatario integra el Consejo de Mayo -y, por ende, funciona como consultor de los paquetes legislativos en camino-, y es además un estratégico socio electoral.
Como antesala, el ministro ya mantuvo reuniones herméticas la semana pasada con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el sanjuanino, Marcelo Orrego, al regreso de la Argentina Week. En la Casa Rosada, además, mientras que la cúpula gubernamental y más de diez mandatarios estaban en Nueva York, Santilli recibió a Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.
El diálogo nunca se cerró, ya que las demandas provinciales, especialmente en torno a los recursos y las deudas por las cajas previsionales, pisaron fuerte mientras se desactivaba la agenda parlamentaria. Ahora, el foco estará puesto en el paquete que anunció Adorni con inminencia.
El envío que se espera para este miércoles tiene que ver con las leyes para proteger la Propiedad Privada, que incluye modificaciones en materia de Desalojos, Expropiaciones, Barrios Populares, Tierras Rurales y Manejo del Fuego. Estos proyectos salieron de las negociaciones del Consejo en diciembre y, según pudo saber este medio, ingresarán por el Senado.
Además, ante esa Cámara alta se espera que envíen los primeros 60 pliegos para completar las vacantes de la Justicia federal en distintos fueros, con prioridad en Familia, Civil, Penal Ordinario de Instrucción y Penal Económica en esta primera instancia.
Este último punto cobra especial relevancia en el diálogo con los gobernadores, que esperaban esta definición con insistencia hace meses, y que, tal como adelantó El Cronista, serán una moneda de cambio clave para los acuerdos electorales del 2027, donde el oficialismo da por descontado que “la mayoría de los gobernadores van a desdoblar”.
Mientras que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cerraba las candidaturas en este sentido, también mantuvo reuniones en los últimos días para definir las modificaciones al Código Penal. De hecho, el martes se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos para ultimar esos detalles.
El envío del Código Penal se demoró más de lo esperado porque, luego de que la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el extitular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, redactaran su versión, con la llegada de Mahiques se llevó a cabo una revisión.
“Hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código“, anunció el flamante funcionario. ”En la transición hacia el momento en que lo tengamos, trabajaremos junto al Congreso en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y la incorporación de nuevos delitos“, sumó.
En ese sentido, se espera que algunas de esas modificaciones ya previstas empiecen a acelerar su tratamiento en el Congreso, en Diputados como cámara de origen. Dentro de los cambios que analiza el nuevo titular, está la posibilidad de que acorten el texto que se preveía en más de 900 artículos.
Un tema que vuelve al centro de la escena es la figura del femicidio, la cual habían descartado modificar en los despachos de la Casa Rosada, ya que funciona como agravante. Todo indica, según pudo reconstruir este medio, que equiparán o superarán la pena de homicidio y, si bien no eliminarán al femicidio como tal, quedará relegado por el endurecimiento de pena en general.
Además, otro proyecto que enviarán será el de la Ley Hojarasca, desarrollado por el ministerio de Federico Sturzenegger, para eliminar leyes que “perdieron vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales”. Desde la cartera precisaron que esta versión, tal como la original enviada y un año atrás, tendrá como eje principal las normas que afecten libertades individuales y apuntará a reducir la carga burocrática.
Mientras que avanzan en estas negociaciones, el próximo desafío del Gobierno, en conjunto con los aliados provinciales, está en aprobar la Ley de Glaciares. Este jueves se llevará a cabo la segunda de las audiencias públicas, y en el oficialismo ya miran como fecha de dictamen el 31 de marzo y una sesión el 8 de abril.
Los acuerdos por este proyecto, que busca en esencia darle autonomía a las provincias para que puedan elegir dónde explotar sus recursos para minería, tiene como principales aliados a Salta, San Juan, Mendoza, Tucumán, Jujuy y Catamarca.
Entre todos, suman nueve diputados de Innovación Federal -entre los que se incluye también a los aliados de Misiones y San Luis-, seis de la Unión Cívica Radical, tres de Independencia, tres de Elijo Catamarca, dos de Producción y Trabajo y dos de Provincias Unidas (los jujeños). Necesitan a nueve más del PRO para llegar justo a los 129: el diputado Martín Yeza publicó un video donde deja entrever que estarán mayoritariamente a favor de la propuesta del Gobierno.
Las chubutenses del bloque amarillo en el Senado rechazaron el proyecto, junto a Santa Cruz, Unión por la Patria -ahí se dividió San Juan y Catamarca a favor-, Córdoba, Santiago del Estero y La Rioja. Neuquén, por otra parte, se abstuvo, por lo que cobra una banca clave para buscar en Diputados, con Karina Maureira.
El resto del interbloque de Provincias Unidas, incluidos Encuentro Federal y la Coalición Cívica, no asoman entre quienes se inclinan a favor del proyecto, ya que hasta ahora se mostraron críticos con el modelo de participación de las audiencias, las cuales llamaron “una farsa”. “Hace minutos presentamos formalmente una impugnación”, anunció Maximiliano Ferraro (CC), con la intención de que se declare su invalidez.
Los reclamos de la judicialización no le preocupan al Gobierno ya que tienen a su favor un fallo reciente del Contencioso Administrativo Federal N°5, a cargo de Enrique Alonso Regueira, en rechazo a una medida cautelar orquestada por grupos ambientales en cuestionamiento de la modalidad de las audiencias.
El planteo pasa porque ante los más de 100 mil inscriptos, el oficialismo habilitó que se puedan presentar exposiciones por escrito y video en la plataforma de YouTube, y así limitar las participaciones en vivo durante las audiencias de este miércoles y jueves. “No se puede avanzar con cambios de esta magnitud de manera exprés, sin debate real”, reclamó Ferraro.