La Cámara Federal porteña rechazó este miércoles el pedido de la defensa de Nicolás Carrizo para que sea enviado a prisión domiciliaria mientras dure la investigación del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en el mismo fallo instó a la jueza María Eugenia Capuchetti a avanzar en dirección a la elevación de la parte principal del caso a juicio oral, informaron fuentes judiciales.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la sala primera del tribunal de apelaciones, resolvieron confirmar la resolución de fecha 10 de febrero de 2023 en cuanto a que no hizo lugar a la detención domiciliaria de Gabriel Nicolás Carrizo y resaltaron que aún se encuentra configurado en el caso la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, según surge del fallo al que accedió Télam.

En la misma resolución, y a través de dos votos diferenciados, los magistrados instaron a la jueza federal Capuchetti a avanzar en dirección al juicio oral y público por el hecho ocurrido el 1 de septiembre último por el que, además de Carrizo, se encuentran detenidos los acusados de ser los autores de la tentativa de homicidio: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Por su parte, el juez Mariano Llorens sostuvo que "más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva".

La querella realizó en el último tiempo diversos planteos para que se investigue si existen autores intelectuales que operaron por detrás de Sabag Montiel y Uliarte, a la vez que pidió que se investigue si por acción u omisión tuvo alguna participación en el intento de magnicidio.

Las sospechas de Cristina Kirchner es que detrás de la denominada banda de "Los Copitos" que planificó el atentado fallido del pasado 1 de septiembre, habría financiamiento vinculado a sectores de la oposición. Apuntan, para ello, a que el abogado de Nicolás Carrizo, Gastón Marano, era asesor del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado y a que Uliarte participó de una violenta marcha de antorchas contra la Casa Rosada en días previos al intento de magnicidio. La misma fue organizada por la agrupación Revolución Federal, cuyos referentes están imputados en una causa paralela por amenazas que CFK pidió unificar.