El Gobierno nacional envió al Congreso el texto final de la reforma laboral y se confirmó la posibilidad de incorporar “beneficios sociales no remunerativos”, al margen del salario; el tema se presenta como central en el debate que iniciará en los próximos días.
A partir de la flexibilización de condiciones laborales y un combo de beneficios para los empleadores, el oficialismo busca que los índices de formalidad del empleo crezcan para mostrar mejores resultados económicos en 2026.
Según el artículo 31 del capítulo IV sobre "Remuneración del Trabajador" que buscará sustituir el 103 bis de la ley 20.744, la nueva legislación habilita los beneficios sociales que describe como “aquellas prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que el empleador voluntariamente otorga al trabajador directamente o por intermedio de terceros con el objeto de mejorar la calidad de vida del trabajador y/o de su grupo familiar a cargo; por ende estos beneficios no son salarios en especie”.
Si bien hasta ahora se relacionó este beneficio con los ticket canasta que surgieron en la década de los 90´, los prestadores con capacidad de ofrecer estos servicios en la Argentina marcan las diferencias. Fundamentalmente, la evolución de la tecnología hizo que surja la “tarjeta comedor”.
Esta herramienta electrónica se posiciona como una pieza estratégica para intentar resolver una ecuación compleja: cómo “mejorar el bienestar de los trabajadores y la competitividad de las empresas sin generar distorsiones macroeconómicas ni aumentos desmedidos en los costos directos de contratación”, explicaron desde Edenred.
La propuesta no solo busca actualizar la dinámica del día a día en oficinas y fábricas que no poseen comedor, sino que pretende alinear al país con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“La OCDE considera que los bonos sociales, incluidos los vales y tarjetas de comida, son herramientas muy potentes para impulsar la inclusión social y el desarrollo local cuando se orientan a objetivos claramente definidos, como garantizar el acceso a una alimentación adecuada, y cuando su uso está restringido a bienes y servicios elegibles”, explicó Marcelo Scaglione, director del Centro internacional para la convergencia de América Latina con la OCDE.
“En la práctica, esto significa utilizar instrumentos que no constituyen dinero libre sino mecanismos regulados, trazables, que canalizan el gasto hacia fines socialmente deseables y fortalecen la economía formal”, agregó el ejecutivo que entre 2016 y 2019 fue subsecretario de Estado a cargo del proceso de acceso de Argentina al organismo internacional.
Sin embargo, el proyecto camina sobre una delgada línea entre la innovación y el recuerdo de experiencias pasadas que terminaron en la justicia. ¿Es la tarjeta comedor un escudo contra la inflación y la informalidad, o es una puerta trasera hacia la precarización de los derechos adquiridos?
Beneficio digital y trazable
A diferencia de los viejos cupones de papel que circularon en la década del 90, la tarjeta comedor propuesta hoy es un dispositivo de alta tecnología. Funciona bajo los mismos estándares de seguridad que el sistema bancario internacional: es electrónica, nominativa y absolutamente trazable.
Según los lineamientos de la reforma, cada transacción queda registrada en tiempo real, validándose únicamente en comercios del rubro gastronómico y alimentario debidamente habilitados. “Esto genera que el beneficio se use para el fin propuesto y no para una comida con amigos el fin de semana”, destacó Bárbara Granatelli, consejera en Asuntos Institucionales de Edenred.
“El objetivo es asegurar que el trabajador acceda a una alimentación adecuada durante su jornada laboral”, agregó y explicó que esto genera mejores condiciones laborales y de productividad. Al ser un beneficio que no puede canjearse por dinero en efectivo ni utilizarse para fines distintos a la comida, se elimina la posibilidad de que el sistema se desvirtúe.
Desde la perspectiva de las empresas, especialmente para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), la tarjeta comedor aparece como un “ecualizador de condiciones”.
Muchas compañías de menor escala no cuentan con la infraestructura física para montar un comedor en sus instalaciones. Esta herramienta les permite ofrecer un estándar de bienestar idéntico al de una gran corporación, contó Granatelli.
Además, recomendó que la prestación no debe resultar de un porcentaje del salario sino de un monto fijo para todos los trabajadores, sino “los empleados con mejores condiciones son quienes acceden a mayor beneficio”.
Según su experiencia, “este sistema democratiza el acceso al almuerzo en horario laboral, contemplando incluso a quienes trabajan de forma remota o en modalidades híbridas”.
Círculo virtuoso
La iniciativa se alinea con uno d ellos ejes centrales del Gobierno que busca aumentar la formalidad laboral clave para que la economía repunte en 2026, ya que hoy el empleo formal representa una “mínima parte” contra más de 40% de trabajo no registrado.
En este sentido, quienes la promocionan, destacan que la tarjeta comedor actúa como un agente de “blanqueo” forzoso: para que un restaurante o un local de comidas pueda cobrar por este medio, debe estar registrado y emitir la factura correspondiente.
Cada 20 empleados que reciben este beneficio, según Edenred, se genera un puesto nuevo de trabajo directo en gastronomía y se activa de forma indirecta toda la cadena productiva del sector
“Cada eslabón de esta cadena tributa, expandiendo la base contributiva del Estado”, destacó Granatelli.
La experiencia internacional en países donde el sistema está consolidado, refleja que por cada peso (o euro) invertido en el beneficio, la economía recupera entre 1,8 y 2,9 veces ese valor a través de la actividad económica formalizada.
Según un estudio del año 2023 realizado por el Programa de la OCDE para el Desarrollo Económico y del Empleo a Nivel Local, se observó que “los vales de comida están ampliamente difundidos en países como Brasil, Bélgica y Francia, donde sólo pueden utilizarse en comercios registrados y operan bajo marcos legales y fiscales específicos”, añadió Scaglione.
“En muchos de estos casos, los bonos de comida reciben un tratamiento fiscal preferencial precisamente porque se los reconoce como instrumentos con finalidad social y capacidad para promover la formalización del empleo y dinamizar las economías locales”, mencionó.
Casos en el mundo
En Brasil, el Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), vigente desde 1976, es considerado un caso de éxito global. Ha contribuido a generar más de 670.000 empleos directos y ha elevado los niveles de productividad nacional.
En Europa, países como Francia, Bélgica e Italia utilizan los “tickets restaurant” o “buoni pasto” como una parte esencial de su cultura laboral, con límites fiscales claros y una aceptación que supera el 90% entre los trabajadores.
En México, por ejemplo, los “vales de despensa” son una prestación valorada que ronda entre el 4% y el 12% del ingreso mensual, permitiendo a las empresas deducir parcialmente el gasto y a los empleados mejorar su capacidad de consumo básico sin ver afectado su salario neto por retenciones impositivas.
La sombra del pasado
A pesar de las bondades tecnológicas y los ejemplos globales, en la Argentina el proyecto despierta suspicacias. El fantasma de los “tickets canasta” de 1989 aún sobrevuela el debate. En aquel entonces, el sistema nació en medio de una hiperinflación y terminó convirtiéndose en una forma de pago que eludía aportes jubilatorios, aguinaldos e indemnizaciones.
Esa distorsión llevó a que, en 2007, la Ley 26.341 eliminara su uso y que la Corte Suprema, en 2009, sentenciara que dichos vales formaban parte del salario debido a su naturaleza retributiva.
Los sindicatos temen que, bajo el rótulo de “beneficio no remunerativo”, se esconda una nueva segmentación salarial.
