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El gobierno de Axel Kicillof sumó un nuevo frente de conflicto con el sector agropecuario por la conformación del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén. CARBAP cuestionó las designaciones impulsadas por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios y denunció “inconsistencias, arbitrariedades y situaciones de potencial conflicto de intereses”.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su “profunda preocupación y rechazo” ante la renovación del organismo y reclamó que la Provincia revise los nombramientos, esclarezca las inconsistencias señaladas y garantice una representación plural de las entidades agropecuarias.
El primer foco de la disputa está puesto en el lugar correspondiente a los productores primarios. CARBAP cuestionó que el Ejecutivo bonaerense volviera a otorgarle esa representación a CONINAGRO pese a que, según la entidad, existía un acuerdo de rotación institucional por el cual en esta renovación correspondía el turno de CARBAP.
“Resulta llamativo que, en la conformación del Directorio, se vuelva a otorgar representación a CONINAGRO”, señaló la confederación, que acusó además a esa organización de no haber respetado “los acuerdos de rotación institucional oportunamente establecidos entre las entidades”.
Una representación bajo disputa
El conflicto se profundizó alrededor de Eugenio Cardenau, presidente de la Sociedad Rural de Necochea, a quien CARBAP había propuesto para integrar el Directorio. Según denunció la entidad, el decreto provincial lo identifica como representante de Federación Agraria Argentina, que posteriormente manifestó su aval a la candidatura, pese a que la postulación había surgido originalmente de CARBAP.
“Esta atribución resulta incorrecta y no constituye un detalle administrativo menor, sino una distorsión de la representación institucional de las entidades que participaron del proceso”, sostuvo.
La discusión por ese lugar había comenzado antes de la renovación. En septiembre, dirigentes de CARBAP ya sostenían públicamente que la representación de los productores primarios debía rotar entre CARBAP, CONINAGRO y Federación Agraria y que en esta oportunidad correspondía a la confederación bonaerense.
El cuestionamiento más sensible apunta, sin embargo, a la incorporación de dos dirigentes vinculados con una misma cooperativa integrante de CONINAGRO, aunque ingresaron al Directorio en representación de sectores diferentes. Se trata de Egidio Alberto Mailland, designado por CONINAGRO, y Pablo Gonzalo Santirso, incorporado por la Cámara de Permisionarios y Concesionarios de Puerto Quequén.
CARBAP advirtió que ambos mantienen vínculos con la Asociación de Cooperativas Argentinas y puso especial énfasis en que esa organización tiene pendiente una licitación vinculada con un permiso de operación en Puerto Quequén, cuya resolución deberá ser abordada el próximo año por el propio Directorio.
“Esto genera serios interrogantes sobre la concentración de representación, la necesaria independencia en la toma de decisiones y la prevención de posibles conflictos de intereses”, afirmó la entidad.
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El choque por Quequén no aparece aislado. En los últimos meses, CARBAP acumuló varios cruces con la administración bonaerense alrededor de la infraestructura y los costos que enfrenta la producción.
Apenas días antes, la entidad ya había cuestionado la promulgación de una ley que habilitó excepcionalmente a los municipios, durante 180 días, a redirigir a obras hídricas hasta el 100% de determinados recursos provenientes del Inmobiliario Rural originalmente vinculados con la red vial.
CARBAP rechazó la medida bajo el argumento de que los caminos rurales ya se encuentran deteriorados y sostuvo: “No se puede resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial”.
También en noviembre, CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores calificaron de “arbitrario” el laudo del Ministerio de Transporte bonaerense que fijó en 16% la actualización de la tarifa de referencia para el transporte de granos. La Provincia respondió entonces que actuó dentro de sus facultades, con fundamentos técnicos, y remarcó que las tarifas tienen carácter orientativo.
Puerto Quequén ya había sido otro escenario del enfrentamiento. En septiembre CARBAP cuestionó que recursos del Consorcio fueran utilizados para obras viales que consideraba ajenas a la infraestructura estrictamente portuaria. “Los fondos deben aplicarse exclusivamente a obras de infraestructura portuaria y a su área de influencia directa”, sostuvo entonces.
A esos conflictos se suma la vieja disputa tributaria. En 2025 la entidad había rechazado la denominada “quinta cuota” del Inmobiliario Rural, un adicional que CARBAP consideró “ilegal e improcedente”.
El nuevo capítulo lleva ahora la discusión desde impuestos, caminos y costos logísticos hacia la propia conducción de una infraestructura central para las exportaciones bonaerenses.
“No se trata de reclamar un lugar por una cuestión de nombres o cargos. Se trata de defender la institucionalidad, la representación genuina de los productores y la transparencia en la administración de un puerto estratégico para toda la comunidad productiva”, sostuvo CARBAP.
Y cerró con un reclamo directo a la administración provincial: “La Provincia debe dar explicaciones y revisar una decisión que pone en cuestión la transparencia, la pluralidad y la legitimidad de la representación en el Directorio”.