En medio de un clima político atravesado por causas judiciales sensibles y debates sobre el rol de los tribunales federales, un amplio sector del peronismo bonaerense difundió un pronunciamiento en defensa de Julio De Vido, días después de que el exministro comenzara a cumplir su condena de cuatro años por administración fraudulenta en la causa por la tragedia de Once. La declaración llegó cuando el impacto del fallo aún ocupa el centro de la agenda judicial y mientras el Tribunal Oral Federal N°4 avanzaba con los pasos administrativos para su detención.
El texto, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, reunió a intendentes, funcionarios provinciales y referentes del oficialismo. En su introducción, los firmantes afirmaron su “solidaridad con el compañero Julio De Vido frente a lo que consideraron una condena injusta” y expresaron preocupación por las condiciones de detención del exfuncionario, de 75 años.
La declaración sostiene que la privación de libertad “podía vulnerar las garantías vinculadas a su derecho a la salud”. En ese marco, reclamó que De Vido “reciba la atención médica necesaria para el tratamiento de su enfermedad crónica” y que la Justicia evaluara “con urgencia la posibilidad de otorgarle la detención domiciliaria”, un beneficio previsto para condenados mayores de 70 años.
El pronunciamiento se difundió apenas días después de que De Vido ingresara a Comodoro Py para quedar detenido por la sentencia del TOF N°4, la misma que la Corte Suprema dejó firme tras declarar inadmisibles los recursos de la defensa y de la fiscalía. Su abogado, Maximiliano Rusconi, anunció que acudiría al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, al calificar el fallo como “arbitrario y violatorio de los derechos humanos fundamentales”.
El documento liderado por Kicillof sostiene. “Resulta grave para la institucionalidad que el aparato judicial sea utilizado para perseguir dirigentes, limitar proyectos políticos o intentar criminalizar al peronismo”, sostuvo el texto. También afirmó que la situación de De Vido demostraba la necesidad de “revisar las actuaciones que llevaron a esta situación” y de “garantizar sus derechos y adoptar con urgencia las medidas necesarias para resguardar su salud e integridad”.
La tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en 2012, dejó 51 muertos y más de 700 heridos, y derivó en un proceso judicial iniciado en 2015 que concluyó en 2018 con múltiples condenas, entre ellas la del entonces ministro de Planificación por incumplimiento de los controles sobre la concesión de TBA. La Cámara de Casación ratificó el fallo, y en 2024 la Corte revió el monto de la pena, que finalmente se fijó en cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.
El nuevo comunicado político se sumó a un clima ya tensado por el avance de la megacausa Cuadernos, donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner definió el proceso como una “opereta judicial” y aseguró “no tener miedo”. Allí, De Vido figura también entre los principales imputados, en un juicio que involucra cientos de hechos y más de 80 acusados.
Kicillof firmó el texto junto con ministros, legisladores, intendentes y dirigentes bonaerenses de distintas líneas internas. El documento cerró con una reafirmación sobre la necesidad de “una Justicia independiente, imparcial y respetuosa de los principios constitucionales”, y con el llamado a que se adoptaran medidas para asegurar la integridad del exministro mientras avanza el proceso de ejecución de la pena.
