El Gobierno busca frenar una nueva avanzada de Burford en la causa por YPF y le pidió a la jueza del Distrito Sur, Loretta Preska, que no permita el uso de información generada en el marco de la causa para otros juicios.
La defensa argentina presentó ante Preska el pedido para que rechace la solicitud de Burford.
El fondo pidió que se le permita usar la información recabada en el juicio que llevó once años en otros foros. El objetivo del fondo es usarla en su presentación ante el foro de conciliaciones internacional dependiente del Banco Mundial, el CIADI.
La defensa argentina planteó que hace seis años se firmó el compromiso de que la información no puede ser usada en otra causa, ya sea futura o en otro foro.
La información generada a raíz del proceso de discovery solicitado derivó en que Argentina presentara más de 10.000 unidades de prueba. Los demandantes aspiraban a conseguir evidencia de que YPF oficiaba en representación del Estado nacional, por lo que la empresa podría estar involucrada en el juicio, cosa que fue rechazada por los magistrados.
Fuentes de la Procuración del Tesoro explicaron que la información se limita al proceso en Nueva York a raíz de la Protective Order firmada hace seis años, homologada por Preska.
“Ese acuerdo es vinculante y no existe razón jurídica alguna que justifique su modificación ni que habilite extender el uso de esa información a otros foros o procedimientos. Pretender trasladar la información del discovery a un arbitraje internacional constituye manifiesto apartamiento de lo pactado”, agregaron desde el ente oficial.
Además, plantearon que no hubo aún una presentación oficial ante el CIADI, por lo que el pedido carece de sustento procesal concreto “y resulta prematuro en términos estrictamente procedimentales”.
Entre los argumentos, plantean que la información provista se encuadró bajo la condición de ser usada solo en el foro actual y que la orden establece que, una vez terminado el proceso, la información confidencial provista debía ser destruida. Sumaron que los demandantes podrían haber incluido la condición de usar la información en varias instancias previas del litigio, y que, sin embargo, no se hizo.
Además, subrayaron que los demandantes no identificaron ninguna circunstancia extraordinaria ni necesidad imperiosa que justifique su solicitud. “Simplemente afirman que desean iniciar un procedimiento de arbitraje. Esto no es suficiente”, plantearon desde la defensa.
Por última, marcaron que “si los demandantes desean utilizar documentos específicos en cualquier arbitraje, primero deben identificarlos y consultar con la República, en lugar de solicitar carta blanca para utilizar todo el material de descubrimiento”.
“La República Argentina continuará ejerciendo su defensa con la misma firmeza que ha demostrado a lo largo de este proceso, especialmente frente a las prácticas abusivas desplegadas por los demandantes”, dijeron a El Cronista desde los despachos oficiales.
El fondo busca recurrir al foro internacional de conciliación luego de que la Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York ordenara revisar la sentencia de Preska que obligaba a Argentina a pagar u$s 16.000 millones más intereses a los demandantes.
Burford había anticipado que pediría la revisión de la decisión de la Cámara, que recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos y al foro de conciliación.
Los conocedores de litigios internacionales sostienen que el pedido del cambio de foro por parte de los demandantes supone una serie de problemas, entre ellos que el caso ya fue juzgado en Nueva York, foro solicitado por los propios demandantes.