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La jueza neoyorquina Loretta Preska falló este lunes contra el Estado argentino en el juicio por la expropiación de YPF, ocurrido en 2012 durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Axel Kicillof se desempeñaba como ministro de Economía.

El fallo ratifica la responsabilidad de la Argentina por no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) al momento de estatizar la petrolera, tal como lo exigía el estatuto de la compañía.

Por este motivo, Javier Milei apuntó sin tapujos contra el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires: "Es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK", lanzó contundente el Presidente.

"Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires", apuntó el mandatario.

YPF: ¿qué implica el fallo?

El fallo judicial establece que la Argentina deberá pagar una millonaria compensación a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio de los accionistas minoritarios de YPF.

Si bien el monto aún debe definirse en detalle, el costo estimado para el país rondaría los u$s 16.000 millones, uno de los juicios más caros en la historia argentina.

La herencia de una decisión política

La expropiación de YPF fue una de las medidas más emblemáticas del kirchnerismo, y fue defendida públicamente por Kicillof en su momento. Sin embargo, el proceso fue cuestionado tanto por su ejecución como por las consecuencias legales derivadas de no cumplir con los requisitos formales del estatuto de la empresa, que entonces cotizaba en Nueva York.

La jueza Preska consideró que la Argentina actuó como "controlante de facto" y omitió cumplir con las obligaciones legales internacionales. Esta decisión pone nuevamente bajo la lupa la gestión del actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en aquel rol clave como responsable de la política económica del país.

Desde el Gobierno nacional aseguraron que apelarán el fallo en todas las instancias posibles para evitar un perjuicio aún mayor para el Tesoro argentino. La Cancillería y la Procuración del Tesoro preparan una estrategia legal conjunta para presentar el caso ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.

La causa, iniciada en 2015, ya atravesó múltiples etapas judiciales y deja en evidencia las consecuencias de decisiones políticas adoptadas sin el respaldo legal correspondiente. Con más de 10 años transcurridos desde la estatización, el juicio por YPF se convirtió en uno de los capítulos más costosos y controvertidos de la historia reciente argentina.