El Gobierno acudió al poderoso Ministerio del Interior de Estados Unidos, el Homeland Security, para conocer en detalles los datos personales de un grupo de twitteros que apoyan a través de la red social al suspendido fiscal José María Campagnoli.

Según reveló hoy Clarín, se trató de un pedido de cooperación judicial cursado por la Cancillería en el marco de la ofensiva kirchnerista contra el primer fiscal que investigó a Lázaro Báez.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos es una poderosa dependencia de la Casa Blanca -el tercer ministerio en tamaño- creada tras el 11-S con el objetivo de proteger a ese país de los ataques terroristas. Bajo su órbita están las 24 agencias federales de seguridad.

El pedido de cooperación se conoció cuando un grupo de tuiteros recibió el 16 de junio una solicitud del departamento legal de la empresa Twitter por orden del Homeland Security, detalla la nota del periodista Daniel Santoro.

El proceso comenzó en enero cuando la fiscal Cristina Caamaño, que coadyuva en reemplazo de Campagnoli en la fiscalía de Núñez-Saavedra, hizo una denuncia contravencional por hostigamiento contra un grupo de usuarios de la red social. Luego la fiscal Daniela Dupuy impulsó una causa en su fuero y solicitó al jefe de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, Walter Bernal, que arbitre “todos los medios a su alcance” para recabar datos de los tuiteros denunciados, dos de los cuales eran empleados de Campagnoli.

Esa división de la Federal fue la encargada de realizar el pedido a la Cancillería, que luego lo trasmitió al Departamento de Justicia de EE.UU. Allí se abrió el expediente y se le dio envergadura internacional.

Al recibir el pedido de Twitter, Andrés Rimoldi -uno de los denunciados- presentó, con el patrocinio de la abogada Daniela Portino Gonzalez, un recurso de hábeas corpus porque el pedido de Twitter no estaba ordenado por ningún juez argentino. Pero la Cámara del Crimen desestimó el pedido porque escapa a la órbita argentina.

Portino dijo a Clarín que hizo una presentación ante la embajada de EE.UU. y se paró la investigación. La abogada quiso dejar en claro que “consideramos que tanto la fiscalía contravencional, como la Embajada de EEUU y el Homeland Security procedieron de buena fe”. Las críticas de Portino están dirigidas al gobierno argentino por haber violado “cuestiones tan sensibles como la intimidad y la libertad de expresión de las personas”.