El sorpresivo giro para ARSAT y la empresa que seguirá formando parte del Estado

Tras semanas de negociaciones, el Gobierno de Javier Milei le giró ayer a los jefes de bloque y gobernadores el proyecto de Ley Bases, que contiene 279 artículos y dos anexos que abarcan exclusivamente el tema de las privatizaciones de empresas públicas. Este es uno de los puntos clave que Javier Milei y sus funcionarios esperan obtener media sanción en la Cámara de Diputados a fin de mes, aunque el camino dista de ser certero. Se trata del nuevo borrador que se abordará en los próximos días en el plenario de comisiones. Con la Jefatura de Gabinete de Nicolás Posse como principal área decisoria, el oficialismo propuso la privatización de 18 empresas. En ese listado se encuentran compañías del rubro financiero, transportista, energético y de servicios específicos. Se trata de un número sustancialmente menor al que había propuesto el Poder Ejecutivo en la versión original de la Ley Bases en enero, de 41 empresas en total. Incluso es más chico que listado que pasó por el filtro del debate en comisiones, una reducción que se fijó en 27 empresas. Aun así, ese nuevo segmento no fue suficiente para contar con las adhesiones de los bloques opositores como el de la UCR o el de Hacemos Coalición Federal. Además de la queja por algunas empresas específicas que se estaban poniendo a privatizar, lo que se ponía en cuestionamiento era el mecanismo de privatización. Esa cuestión parecería haberse subsanado sustancialmente: el proyecto explicita que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones tendrá una intervención fundamental para la evaluación de cada caso, con auditorías de la Sindicatura General y la AGN. El bloque de la Unión Cívica Radical todavía se permite digresiones al respecto. Consideran que debe habilitarse la posibilidad para que los diputados puedan votar la situación de cada empresa de manera individual y no que sea todo en conjunto. Todas las empresas puestas a privatización total están encerradas en el Anexo I, y las de venta parcial en el Anexo II. En cuanto al listado de compañías; Aerolíneas Argentinas, ENARSA, Radio y Televisión Argentina e Intercargo solo se las admite para la privatización total, sin excepción. En cambio, Aysa, Correo Argentino, Belgrano Cargas y Logística, SOFSE y Corredores Viales tiene la posibilidad de ser vendidas o concesionadas: no es casualidad de se ofrezca esta alternativa a empresas que integran este grupo ofrecen servicios de gran amplitud de infraestructura y con alcance territorial. Según remarca el proyecto de ley, "para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las Provincias de contratos que se encuentren en ejecución". En el grupo de compañías estatales puestas a privatización parcial (o empresas mixtas) están Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y el Banco de la Nación Argentina junto a las seis compañías que la orbitan: Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil y Pellegrini; que ofrecen diferentes servicios vinculados al ámbito financiero y de los seguros. "Dichas empresas sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias", dice el Artículo 8 de la Ley Bases, en referencia a este último segmento de compañías. Oficialismo y oposición ya habían intercambiado opiniones en base a otro borrador conocido un mes atrás. Respecto a ese mismo sólo hay dos cambios: YCRT pasó de ser una compañía puesta a privatización total a poder ser sociedad mixta y Arsat se quitó del proyecto de ley. Ambas decisiones no eran conocidas por los legisladores opositores que negociaron con el Gobierno. En el caso de la empresa de servicios satelitales, fuentes gubernamentales aclararon que la sacaron porque "dentro de su ley de constitución ya permite capital privado", algo que fue considerado semanas después por los técnicos de la Jefatura de Gabinete. En su Estatuto promulgado a raíz de la aprobación de la Ley 26.092, permite que "constituir, asociarse o participar en personas jurídicas de carácter público o privado domiciliadas en el país o en el exterior" y ofrecer acciones "a través del Concurso Público Nacional e Internacional y/o Iniciativa Privada y/o mediante la Oferta Pública de acciones a realizarse en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o en los mercados extrabursátiles nacionales o internacionales". La quita de Yacimientos Carboníferos Río Turbio generó sorpresa entre los funcionarios del Gobierno de Santa Cruz, provincia en donde se encuentra emplazada esa empresa pública. El gobernador Claudio Vidal le había planteado al ministro del Interior Guillermo Francos que desde su distrito no iba a haber apoyo para la venta de YCRT, dado que proponían un esquema alternativo para la compañía que, supuestamente, permitiría recuperarla del déficit operativo que arrastra desde hace años. Aun así, todavía prima la desconfianza. "Es una novedad importante, pero no determinante", marcaron desde ese distrito en diálogo con El Cronista. Explican que todo lo que no sea la privatización es un paso adelante, pero que el proceso burocrático para pasarlo a una sociedad mixta tiene muchos ribetes sin definir. "Hay que saber cómo se hace la división, cómo se defiende cada puesto de trabajo, que empresas hay que quieran invertir, la planificación de negocio, entre otras cosas", ejemplifican. La provincia patagónica mantiene una relación tensa con Nación. El vínculo sufrió deterioros a raíz de la propuesta de reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias (ahora denominado Ingresos Personales), dado que el sector petrolero será pasible para pagar ese tributo. Además, hay reclamos en relación a la construcción de dos represas y otras cuestiones particulares. Tal y cómo lo adelantó ayer este medio, Vidal comenzó a organizar y a convocar a un acto en su provincia para celebrar la fecha patria del 25 de mayo. Así, su agenda lo mantendrá en Río Gallegos y no viajará a Córdoba a la firma del Pacto de Mayo al que convocó el jefe de Estado. Dada la hiperminoría que La Libertad Avanza tiene en el Senado, los dos legisladores santacruceños que responden a Vidal configuran un polo clave para la aprobación de la Ley Bases en el recinto. La decisión de Nación de recategorizar la situación futura de esa empresa habría sido para ayudar a mejorar esos lazos.

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Julián Alvez

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