El Gobierno prepara nuevas reformas que enviará al Congreso en los próximos días. Algunas de ellas involucran cambios en aspectos ambientales. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó que enviarán una nueva serie de reformas: “El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional: la modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas, leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana. Además se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”. En lo que respecta a la ley de glaciares, desde el sector privado esperan que la ley esté aprobada en abril. La prórroga del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sumado a los cambios en la ley de glaciares, ofician de incentivo para que se concreten inversiones, en especial en cobre. Estas demandan montos de inversión mayores al promedio y un período de vida superior. La reforma de la ley de tierras rurales la lidera el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger. El ministro busca desarmar la ley 26.737 que establece restricciones a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros, fijando un tope del 15% del total tanto a nivel nacional, provincial o municipal. Tampoco podrán concentrar más del 30% los inversores de una misma nacionalidad. También restringe la concentración de más de 1000 hectáreas en la zona núcleo. “Es un ejemplo paradigmático de mala regulación”, plantean desde el oficialismo. El argumento es que introduce una “discriminación arbitraria según la nacionalidad del inversor” y se opone a “un principio básico de cualquier economía moderna, que es la igualdad de acceso a la propiedad”. Además, deslizan que se contradice con la Constitución en la igualdad de derechos a argentinos y extranjeros y sostienen que no hay fundamento económico serio para impedir que un extranjero compre la tierra: “Esa restricción no protege nada relevante: simplemente reduce la competencia, distorsiona precios y termina depreciando el valor de los activos rurales argentinos”. La limitación en la titularidad de la tierra, consideran, desalienta la inversión, sobre todo en proyectos que requieren capital intensivo en sectores como el agro, energía y forestación. “Sostener restricciones como las de la ley de tierras no es una defensa de la soberanía, sino una decisión que empobrece al país. Abrir el mercado de tierras sería, en su marco conceptual, una señal clara de normalización económica y un paso necesario para integrar a Argentina al flujo global de capital y desarrollo”, explican. Este sería el segundo intento del Gobierno de derogar esta ley. La primera fue en el DNU 70/2023, pero se interpuso una cautelar que espera resolución de la Corte Suprema. La reforma incluiría que la limitación se rija sobre los Estados extranjeros, pero lo eliminaría sobre las empresas. Borrará el límite del 30% y permitirá considerar la compra de tierras como inversión. También se incluye el cambio de la ley de manejo del fuego, según se acordó en el Concejo de Mayo, el Gobierno impulsará la eliminación del artículo que estipula que por 30 años no se podrán desarrollar actividades inmobiliarias o agrícolas en tierras incendiadas que no hayan tenido esa actividad previamente. Este requisito fue incluido en 2020 en la ley. Desde el sector privado aspiran a que se reduzcan los años en los que la tierra no puede usarse para tareas productivas. La ley también incluía la prohibición por 60 años de las tierras de bosques nativos, áreas naturales y humedales que fueron dañados por el fuego. La modificación de las protecciones a los bosques no es nueva. El Concejo también incluye cambios a la ley de presupuestos mínimos para la protección de bosques. El proyecto presentado por el grupo conducido por Sturzenegger incluye la ampliación de las zonas consideradas como categoría III, o verdes, que pueden aplicar desmonte con autorización previa de la autoridad correspondiente. Además, restringe las prohibiciones de desmonte y las limita solo a las zonas rojas, dejando las amarillas bajo la posibilidad de desmonte, entre otros cambios regulatorios. Estos últimos son los que hacen ruido, sobre todo en los exportadores. Es que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur establece que las partes se comprometen a no bajar sus niveles de protección ambiental para estimular el comercio y las inversiones, y deben evitar la deforestación. El impacto, anticipan, sería lineal, ya que el acuerdo otorga beneficios a casi la totalidad de las exportaciones agroalimentarias del país. Algunos advierten que “se pasaron de rosca” con los cambios en las leyes de manejo del fuego y las propuestas para bosques, y que no encontraban allí los limitantes para la inversión. Los mineros, que esperan la ley de glaciares, interpretan estas nuevas leyes en el mismo sentido: otorgar previsibilidad, aunque no los afecten los nuevos cambios.