El Gobierno definió este martes que enviará al Congreso en los próximos días el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) firmado con Estados Unidos, al filo del cierre de las sesiones ordinarias. La decisión llega en la misma semana en la que el Senado buscará sancionar la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), uno de los compromisos centrales de ese entendimiento.
La definición salió de la Mesa Política que encabezó en Casa Rosada la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei esta mañana. Si bien el tema central fue la reforma política, la definición alcanzó también al compromiso con el gobierno de Donald Trump. Según pudo confirmar El Cronista, la intención de la Casa Rosada es incluir el tratado internacional firmado con EE.UU. dentro de la convocatoria que planean para sesiones extraordinarias en el mes de diciembre.
La expectativa de las cámaras empresariales está en que se acelere en ese margen, ya que no hay ánimos de que se apruebe durante el año electoral. Se trata del acuerdo que contempla beneficios arancelarios para la Argentina, apertura de mercados e inversiones en minerales críticos.
El envío cerrará una demora de nueve meses: el canciller Pablo Quirno y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, firmaron el ARTI el 5 de febrero en Washington, y desde entonces la Casa Blanca reclamó en más de una oportunidad que la Casa Rosada lo girara al Parlamento. El representante comercial adjunto, Jeff Goettman, lo planteó en persona a Caputo y a Quirno en Buenos Aires, y el embajador Peter Lamelas lo repitió en público en el foro de salud de AmCham.
El texto que llegará al Congreso no es el mismo que se firmó en febrero. El 14 de octubre, Quirno y Greer suscribieron un Protocolo Adicional para adaptar el acuerdo al nuevo esquema arancelario de Washington, después de que la Justicia estadounidense dejara sin efecto la herramienta legal sobre la que Trump había montado los aranceles recíprocos. Con ese protocolo, Estados Unidos se compromete a otorgar a los productos argentinos el trato de Nación Más Favorecida, aunque conserva la potestad de aplicar medidas bajo las Secciones 232, 201 y 301 de su legislación comercial.
El acuerdo entrará en vigor 60 días después de que ambos países notifiquen que completaron sus procedimientos internos, lo que en el caso argentino exige la aprobación de las dos cámaras y la posterior ratificación del Presidente.
Del lado estadounidense, el ARTI prevé la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, lo que según Cancillería permitiría recuperar exportaciones por u$s1.013 millones.
Del lado argentino, los compromisos son más extensos: eliminar el impuesto estadístico, desarmar licencias de importación, reconocer autorizaciones de la FDA para medicamentos y dispositivos médicos, avanzar con tratados internacionales de patentes y marcas, facilitar inversiones en cobre, litio y otros minerales críticos y coordinar controles de exportación sobre tecnologías sensibles.
Patentes, el compromiso más demorado
La adhesión al PCT es la pieza que más tiempo lleva atrasada. El cronograma pactado en febrero fijaba adhesión antes del 30 de abril, y el tratado acumula varios cambios de fecha en el Senado. Este jueves volverá a figurar en el temario de la Cámara alta, junto con la reforma del régimen de cabotaje, la Ley Joaquín, la inviolabilidad de la propiedad privada y el proyecto de discapacidad, según la agenda que repasó la Mesa Política.
El trámite tiene una historia larga. El tratado se firmó en Washington en 1970 y el Senado lo aprobó en septiembre de 1998 sin votos en contra, pero nunca completó su paso por Diputados. La Cámara baja lo votó recién en la madrugada del 27 de agosto pasado, por 147 a 93, con una reserva sobre el Capítulo II, y esa modificación obligó a devolverlo al Senado. El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria firmó el dictamen el 15 de octubre.
Desde entonces, el proyecto quedó dos veces fuera del recinto. A fines de octubre, la senadora Patricia Bullrich armó una sesión con tres temas y dejó afuera Patentes porque algunas provincias condicionaban su apoyo a deudas pendientes de la Nación. Sobre las razones de la demora circulan versiones cruzadas: en un sector la atribuyen a un freno de la Casa Rosada y en otro a la propia Bullrich, cuya relación con el Gobierno atravesó semanas de tensión con la Mesa Política.
La ley saldría con la reserva que impulsaron los laboratorios nacionales nucleados en CILFA, que advierten que el examen preliminar internacional del Capítulo II podría extender monopolios y encarecer medicamentos. Las filiales de multinacionales agrupadas en CAEMe y la AmCham pedían el texto sin cambios, aunque CAEMe terminó por considerar que la sanción es prioritaria aun con la reserva. Lamelas vinculó la adhesión con inversiones por u$s8.000 millones, y Bullrich defendió el tratado con el argumento de que “no crea una patente mundial”.
El cabotaje, el otro tema del jueves, también forma parte de la agenda con Washington. La reforma, que habilita a buques de bandera extranjera a operar entre puertos argentinos con aviso previo a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, figuró en las reuniones que la comitiva estadounidense mantuvo en octubre con Cancillería y las áreas de Transporte, Desregulación y Energía, en el marco del Corredor Andes-Atlántico que lanzaron Quirno y el vicesecretario de Estado Christopher Landau en Nueva York. El proyecto cuenta con dictamen de mayoría, el aval de los diez gobernadores del Norte Grande y un dictamen de minoría del peronismo.
Un día antes, Diputados tratará la llamada Ley Malvinas, que había quedado frenada en octubre. Para destrabarla, el oficialismo atenuó las sanciones a empresas que operen en las islas tras la reacción de compañías estadounidenses: las penas quedaron limitadas a quienes exploten recursos sin autorización y se excluyó a los accionistas minoritarios. El capítulo sobre injerencia extranjera y financiamiento electoral del exterior requiere 129 votos por tratarse de materia electoral, un número que La Libertad Avanza todavía no tiene asegurado.
Extraordinarias y el calendario de Washington
En paralelo, Ravier confirmó en su conferencia de prensa que el Gobierno convocará al Congreso a sesiones extraordinarias. “Van a ocurrir en las primeras semanas de diciembre, por lo menos. No puedo decir qué proyectos van a entrar en las sesiones extraordinarias. Es algo que cuando se convoque, se sabrá”, afirmó. En ese esquema, el Congreso solo puede debatir los temas que el Poder Ejecutivo incluya en el decreto de convocatoria.
La lista hoy por hoy la encabeza el Presupuesto 2027, que de prosperar en la “media sanción” el 25 de noviembre quedará pendiente del Senado, y la suspensión de las PASO que, de conseguir dictamen esta semana en la Cámara alta, quedará pendiente de Diputados. En el medio podría incluirse otros proyectos, como el Súper RIGI o la reforma del mercado de capitales, que fue remitida a la Cámara baja y luego retirada por el Ejecutivo. En esa lista entrará el ARTI, que recién comenzará su tratamiento desde cero en extraordinarias.
Para las empresas, ese temario define la suerte del acuerdo. “Dijeron que la última chance es la extraordinaria 2026, porque después discutirlo desde el 2027 es muy complejo”, le dijeron a El Cronista fuentes al tanto de las conversaciones con el Ejecutivo. El diagnóstico se repite entre otros interlocutores de la negociación: “A partir de marzo de 2027, yo no esperaría muchas sesiones que aprueben nada. Eso lo tiene claro el Gobierno argentino y lo tiene claro el Gobierno americano”.
En el sector privado describen la dinámica con Washington con otra frase: “El gobierno americano presiona. Te da tiempo, te presiona”.
La llave, otra vez, está en las provincias. Fuentes empresariales advirtieron que lo decisivo será “cuál es el apoyo que consiguen en los gobernadores”, ya que entre los mandatarios “no todos ven visible la necesidad o la conveniencia de esa relación bilateral”. Es el mismo factor que en octubre dejó a Patentes fuera de la sesión del Senado.
En tanto, la negociación más sensible sigue abierta: semillas. El ARTI compromete a la Argentina a presentar en el Congreso la adhesión al convenio UPOV 91 antes de diciembre de 2027, un plazo que Estados Unidos planteó con la expectativa de la reelección de Milei, aunque el sector privado quiere resolverlo en las extraordinarias de 2026. “Para nosotros UPOV 91 es una condición necesaria”, planteó una fuente empresaria en una reunión sectorial. En el Gobierno ordenan la secuencia al revés: primero una nueva ley de semillas y después el convenio. “Imposible que UPOV pase si lo otro no está acordado”, le dijeron a este medio altas fuentes oficiales.
El nudo es el uso propio, es decir, el derecho del productor a guardar semilla de su cosecha para volver a sembrarla, que hoy habilita el artículo 27 de la Ley 20.247. Productores y semilleros no acordaron quién pagará por el uso propio, y el Gobierno anticipó que elaborará el proyecto. La Mesa de Enlace propuso mantenerlo gratis hasta 500 hectáreas, un umbral que la industria rechazó como criterio único, mientras que AmCham propone aprobar UPOV 91 y mantener la ley de patentes, sin una nueva ley de semillas. Hoy el país está adherido al Acta 78, igual que el resto del Mercosur y Chile, y todas las entidades de la producción le comunicaron al Gobierno que no quieren pasar a UPOV 91.
El otro frente abierto es la carne. Tras la firma del ARTI en febrero, la Argentina y Estados Unidos acordaron ampliar en 80.000 toneladas anuales el cupo de carne bovina, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas. Sin embargo, Trump habilitó esa ampliación por decreto, ya que no figuraba en el acuerdo comercial, solo para recortes magros y con carácter temporal, únicamente durante 2026. El ARTI, en cambio, sí fija que Estados Unidos tendrá un cupo de 80.000 toneladas anuales libre de arancel para su carne en el mercado argentino. Los frigoríficos esperan ahora definiciones sobre el cupo, sin fecha concreta de anuncio.