El Gobierno de Javier Milei promovió una auditoría en la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) a partir de una serie de resoluciones que movilizó La Libertad Avanza con ayuda de aliados la semana pasada, en una reunión de comisión que no se trasmitió. Desde el oficialismo descartan que se reactive el organismo hasta no terminar el proceso.
La OPC se encarga de analizar la ejecución presupuestaria nacional, coteja las cuentas públicas y produce informes técnicos que en ocasiones difieren de los datos oficiales del Ministerio de Economía. La medida, advierten desde el organismo, paraliza la operatividad de la OPC sin fecha límite.
El conflicto se disparó tras una serie de resoluciones aprobadas el 2 de junio por la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP), el cuerpo bicameral que fiscaliza la OPC y que, hasta ese mismo día, no había tenido operatividad desde 2022. De hecho, la comisión se reunió por primera vez desde la asunción del Milei.
El senador de LLA Agustín Monteverde fue electo titular de la bicameral y el diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados y cercano al primer mandatario, impulsó estas seis resoluciones al tiempo que se constituyó la comisión.
Entre ellas, la Resolución 003-CSP-2026 devolvió el Plan de Trabajo Anual 2026 de la OPC para su reformulación y ordenó que cualquier análisis técnico extraordinario o no planificado requiere desde ahora el aval previo de la comisión. Desde el oficialismo aseguran que esta medida se tomó porque el informe del 2026 tenía “errores”.
“La propia OPC interpretó que, mientras no se apruebe el nuevo plan de trabajo, tampoco puede publicar los informes ya previstos en el documento rechazado”, advirtieron las fuentes con conocimiento del organismo a El Cronista.
“El plan no lo mostraron y querían destrozarlo y limitar el accionar de la OPC. Tuvo acompañamiento del PRO y una senadora chaqueña”, sumaron fuentes opositoras del Congreso que asistieron a la reunión, que concurrió con extremo hermetismo y sin transmisión en vivo.
En esencia, los que apoyaron las resoluciones fueron la senadora de UCR Chaco, Silvana Schneider, y la diputada Daiana Fernández Molero del PRO. El único que no lo apoyó fue el diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto.
Qué es la OPC y qué produce
La OPC fue creada por la Ley 27.343 en 2016 como organismo desconcentrado del Congreso de la Nación. Su misión es brindar apoyo técnico independiente al Poder Legislativo en materia fiscal y presupuestaria.
Entre sus funciones figuran el análisis del proyecto de Ley de Presupuesto, la estimación del impacto fiscal de proyectos de ley a pedido de las comisiones de Presupuesto, el seguimiento de la ejecución físico-financiera del gasto público, estudios de federalismo fiscal y análisis de la sustentabilidad de la deuda pública.
El organismo produce informes de ejecución presupuestaria mensual, informes sobre transferencias a provincias, análisis tributarios y estudios sobre deuda. Sus números son de consulta habitual entre economistas, legisladores y operadores del mercado, en particular porque en varias ocasiones sus datos difirieron de los que el Ministerio de Economía difunde por sus propios canales.
Carlos Guberman, hoy secretario de Hacienda del ministro de Economía Luis Caputo, se desempeñó como director de Análisis Fiscal Tributario de la OPC hasta enero de 2024, antes de sumarse al gobierno Milei.
La comisión bicameral y su rol
Por otro lado, la Comisión de Supervisión Parlamentaria es el único órgano con poder formal sobre la OPC. Según la Ley 27.343, tiene atribuciones para aprobar el reglamento interno del organismo, su plan de trabajo anual, su presupuesto y su memoria anual. También puede solicitar a ambas cámaras la remoción del director general y de los directores.
La última memoria anual de la OPC que la comisión aprobó formalmente fue la de 2022; las memorias de 2023 y 2024 no recibieron aval porque la comisión no sesionó. Esa omisión prolongada se extendió hasta la reunión del 2 de junio, con seis resoluciones aprobadas el mismo día de la constitución formal del cuerpo.
Las resoluciones y sus efectos
Las seis resoluciones que la comisión aprobó el 2 de junio tienen efectos encadenados. Las medidas ordenaron una auditoría de la OPC a cargo de auditores de ambas cámaras legislativas, que abarcará toda la documentación institucional desde 2023 en adelante. La revisión alcanza la estructura de personal, aspectos administrativos y la actividad técnica del organismo.
Además, la comisión exigió que la OPC vuelva a presentar su plan de trabajo anual, su memoria de balance y otras condiciones formales antes de retomar la actividad normal. Para cumplir ese requerimiento se estableció un plazo perentorio de siete días, que vence esta semana.
El punto más controvertido es el artículo 4 de la Resolución 003-CSP-2026, que instruye a las direcciones técnicas de la OPC a obtener el aval previo de la comisión para cualquier análisis extraordinario o no contemplado en el plan anual.
Antes de estas disposiciones, la OPC producía regularmente informes solicitados por legisladores o disparados por coyunturas del debate parlamentario, sin necesitar autorización previa.
“Las resoluciones afectan la operatividad de la oficina. Ordenaron una auditoría a cargo de auditores que pertenecen a las cámaras para revisar toda la documentación de los últimos dos, casi tres años (del 2023 en adelante) y pidieron que vuelvan a presentar información: memoria de balance y plan de trabajo, con otras condiciones formales”, explicaron las fuentes.
“Hasta que no se honre ese requerimiento la oficina no publica. Fue una situación particular: todo fue el mismo día con una celeridad llamativa", sumaron las fuentes consultadas del organismo.
Hay una zona de incertidumbre en el procedimiento. La OPC tiene hasta esta semana para presentar el plan de trabajo reformulado, pero la norma que regula el funcionamiento de la comisión no establece un plazo para que ese cuerpo se expida una vez recibida la documentación. En la práctica, eso significa que aunque la oficina cumpla en tiempo y forma con lo requerido, la comisión no tendría obligación de aprobar el plan en un plazo determinado.
El informe de ejecución presupuestaria de mayo, uno de los documentos de mayor seguimiento por parte de economistas y operadores del mercado, todavía no fue publicado. La OPC habitualmente lo difunde en los primeros días del mes siguiente; su ausencia es la señal más visible del freno operativo.
Cómo fue el operativo
Ese mismo 2 de junio, diez personas que se identificaron como pertenecientes a la Auditoría de la Cámara de Diputados se presentaron en las oficinas de la OPC para iniciar la revisión. La irrupción se expandió de inmediato entre los empleados del organismo y los legisladores al tanto de la situación y algunos la calificaron como un “allanamiento”.
Desde el oficialismo, en cambio, justificaron el proceso como una búsqueda de transparencia y control sobre el uso de los recursos del organismo.
Al día siguiente, el 3 de junio, Benegas Lynch emitió de manera unilateral -en su carácter de presidente de la comisión, sin necesidad de votación- la Disposición PCSP N°001-2026. El documento aclaró que cada unidad de auditoría interna puede actuar por separado, sin esperar a la otra cámara, y le hizo saber expresamente a la OPC que ninguna objeción de orden procedimental puede usarse para “obstaculizar, restringir, demorar o condicionar” el acceso de los auditores a su información, documentación, sistemas, registros o dependencias.
La medida se produce semanas después de que la OPC sufriera un recorte presupuestario de $55 millones mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Caputo en mayo.
La reacción de la oposición
El día de la reunión constitutiva, el diputado de UP, Carlos Castagneto, rechazó tratar las resoluciones que no figuraban en el temario: “Ni siquiera se revisó la ejecución del Presupuesto 2025 y nos quieren hacer aprobar cosas sin leer”, protestó el diputado peronista. Las resoluciones se votaron igual.
Por su parte, el diputado Germán Martínez se refirió al respecto al día siguiente, durante el plenario de comisiones donde se debatió el Súper-RIGI, donde estaba presente el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.
El jefe de bloque peronista contó cómo se dio el episodio y consideró que el objetivo del Gobierno es que no se pueda medir el impacto tributario de las inversiones que vendrían por el proyecto. El funcionario se atajó con que no sería posible hacer calcular la pérdida en la recaudación por los beneficios del RIGI ya que, de no ser por dichos beneficios, esas inversiones no existirían.