Luego de varios días de silencio en medio de la polémica por las inundaciones en el territorio bonaerense, la presidenta Cristina Fernández reapareció ayer con un nuevo discurso transmitido por cadena nacional, en el que anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a "prohibir la venta de participaciones del Estado nacional" en empresas privadas y nacionalizadas sin la autorización de una mayoría calificada de los dos tercios de ambas cámaras parlamentarias, el mismo requisito que demanda la declaración de la necesidad de la reforma constitucional.
La iniciativa oficial declara de "interés público" a la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra la Anses, y del Ministerio de Economía de la Nación, y establece la creación de la denominada Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) con el fin de controlar el manejo de las acciones que el Estado posee en compañías privadas y reestatizadas, cuya comercialización pasará a depender de una aprobación especial del Congreso. Cristina estimó que, según los valores de mercado, los activos totales en acciones en poder del Estado ascienden a unos $ 548.000 millones "o unos u$s 55.000 millones", e involucran participaciones en compañías de los sectores energético, financiero, industrial y de servicios, entre otros. Solo el paquete de inversiones del FGS acumula actualmente un valor bursátil en torno a los $ 64.000 millones.
Durante el acto realizado en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, la Presidenta justificó que con el proyecto de ley se busca que "ya nadie pueda vender lo que pertenece a los argentinos con una sola firma, como ya tuvimos malas experiencias" en directa alusión a las privatizaciones de empresas públicas durante la década del 90 y aseguró que cualquier operación que involucre esas acciones "ahora deberá tener la aprobación del Congreso". La participación estatal "no sólo tiene el valor de un gran capital de reserva de los jubilados, sino también tiene un sentido estratégico participar en las decisiones de estas empresas, porque hacen a la gran macro de la economía", enfatizó Cristina.
Y subrayó: "Que nadie más pueda disponer alegremente de la plata de los argentinos. Que se venda pero con discusión; y qué mejor que el Parlamento donde están representadas todas las fuerzas políticas". Tras la sanción del proyecto, que el kirchnerismo pretende asegurarse previo al cambio de gobierno, la aprobación de la venta de acciones en manos del Estado requerirá de una mayoría calificada de los dos tercios de los miembros del Senado y la Cámara de Diputados, la misma mayoría necesaria para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución.
El proyecto establece que la nueva agencia será un organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo y que tendrá un directorio integrado por cinco miembros: un presidente (que será el director ejecutivo de la Anses); dos por el Poder Legislativo, y otros dos designados por el PEN. Entre las futuras funciones de la agencia, según precisó el Ministerio de Economía, figuran el fortalecimiento de la regulación estatal en sectores clave de la economía, asegurar la participación del Estado en la elaboración de los planes de inversiones de las empresas; influir en la política de precios de las empresas; tomar conocimiento de reestructuraciones societarias (fusiones y adquisiciones) para evitar conductas monopólicas o distorsivas de la competencia, y fomentar e incentivar la orientación productiva de esas compañías.
La participación estatal que se propone regular la iniciativa involucra empresas de primera línea de sectores estratégicos de la economía. El listado incluye compañías energéticas (YPF, Camuzzi Gas Pampeana, Petrobras, Edenor, Endesa, Pampa Energía, Transener, Central Puerto, Gas Natural Ban, Metrogas); siderúrgicas (Aluar, Siderca, Tenaris); industriales (Molinos, San Migue, Alpargatas, Quickfood, Lesdesma, Solvay Indupa); financieras (Banco Hipotecario, Macro, Patagonia, Galicia, BBVA Banco Francés); y de servicios (Aeropuertos Argentina 2000, Correo Argentino, Consultatio, Grupo Clarín, Irsa, Inercargo, Alto Palermo, Telecom, Metrovías), entre otras.