La mejor forma de ocultar un elefante es provocar una estampida de elefantes. La mejor forma de esconder una ofensiva contra la Corte Suprema de Justicia es incluir en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias casi una treintena de leyes asociadas a la salud, la educación o la reactivación de la economía, a sabiendas que no llegarán a buen puerto.
Con la difusión de los temas que el Poder Ejecutivo habilita a tratar en el Congreso entre el 23 de enero hasta el 28 de febrero, Alberto Fernández confirmó que para lo que resta de su mandato su prioridad ya no es "poner a la Argentina de pie" a través de iniciativas diseñadas para atraer dólares, generar puestos de empleo ni aliviar la situación económica que aqueja al país. Sino que el jefe de Estado apostó por seguir enfrentando a uno de los tres poderes del Estado, con la certeza de que en los hechos no habrá cambios. Minutos antes del anuncio de Cerruti se conocía que la inflación del 2022 había rozado los tres dígitos.
La convocatoria a sesiones extraordinarias se hizo esperar. Finalmente, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, anunció que serían 27 los temas habilitados a tratar en el Congreso antes del 1 de marzo. Nueve ítems más que el del año pasado. Pero, todo indica, con un mismo resultado: 0 leyes sancionadas. Salvo que el Senado, donde el oficialismo no tiene grandes complicaciones para reunir el quórum, decida avanzar con iniciativas de baja intensidad, como la Ley de Alcohol Cero al Volante o la que reconoce la Lengua de Señas Argentina.
Juntos por el Cambio ya avisó que no dará quórum en ninguna de las dos Cámaras hasta tanto el oficialismo no haga a un costado el pedido de juicio político al tribunal que preside Horacio Rosatti. Pero el elefante está. Y no es el único que tiene a la Corte Suprema, y en especial a Rosatti, en la mira.
En el listado de temas, Fernández también incluyó la reforma del Consejo de la Magistratura, ese cuerpo encargado del nombramiento y remoción de jueces que, tras un fallo de la Corte que data de 2021 y seis meses de gracia, quedó encabezado por el magistrado que supo ser ministro de Néstor Kirchner.
Ese texto gira en Diputados desde comienzos de abril de 2022. ¿Qué cambió desde entonces para que en pleno verano se convierta en ley? Nada.
Un planteo similar se puede hacer con otro de los proyectos judiciales que Fernández incluyó en el decreto: aquel que busca llevar a 15 el número de miembros de la Corte. El Presidente jamás envió la propuesta para ocupar la silla que dejó Elena Highton en octubre de 2021 pero decidió incluir una iniciativa que no tiene los votos en Diputados y que, en caso de ser ley, requeriría que el Senado junte 2/3 no para nombrar a uno sino a 11 magistrados.
"La idea", dijeron fuentes parlamentarias de Diputados, es que durante el verano las comisiones a las que fueron girados ambos proyectos (ampliación de la Corte y reforma del Consejo) comiencen a tratarlos. Sería llamativo sacarlos del letargo después de tantos meses. Salvo que la intención del Frente de Todos sea limar a la Corte Suprema no a través de una sino varias comisiones.
Habrá que ver si el inciso 21 de decreto, en el que se habilita la modificación del Presupuesto 2023, probablemente para afrontar el fallo de la Corte Suprema sobre el reparto de los fondos de coparticipación a favor de CABA, no es otra vía para desgastar al Máximo Tribunal.
El listado de 27 temas que incluye proyectos en los que oficialismo y oposición estaban muy cerca, como la ley de fomento a las inversiones en el sector agroindustrial o la modificación de la Ley de Lavado de Activos, que propone modificaciones a las normas vigentes para adecuarse a los estándares internacionales.
El temario también abarca iniciativas para promover nuevas energías e inversiones con valor agregado en el sector energético, tema en el que oficialismo y oposición podrían trabajar y acercar posiciones. Sobre todo teniendo en cuenta que estos proyectos podrían allanarle el camino a Juntos por el Cambio si llegara a ser gobierno en diciembre.
Pero la decisión de Fernández de incluir la cuña judicial en el decreto basta para saber que no se tratarán estos proyectos, ni otros vinculados a la salud y la educación. Salvo que haya un nuevo "recule" por parte del Presidente, tras el "amague" del decreto, y se decida sacar al elefante de la manada.
Al menos por ahora, esa jugada parece impensada.