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Mientras el Gobierno nacional celebra la consolidación del superávit fiscal, los salarios en general pero los del sector público nacional en particular, revelan la otra cara del principal activo de la gestión que encabeza Javier Milei.
Según un reciente informe del economista Nadin Argañaraz basado en datos del INDEC, el salario público nacional sufrió un desplome del 37,2% en términos reales desde noviembre de 2023.
En concreto, en los últimos 27 meses un empleado nacional perdió el equivalente a 7,7 salarios mensuales, lo que evidencia que la reducción del gasto público ha encontrado en la licuación de los ingresos del personal del Estado una variable de ajuste clave.
El análisis de Argañaraz pone la lupa sobre el comportamiento de los ingresos en febrero de 2026, mes en el que la dinámica de pérdida de poder adquisitivo no dio tregua.
Con una inflación mensual del 2,9%, los salarios del sector público nacional apenas ajustaron un 0,6% nominal, profundizando el retroceso frente al avance de los precios.
En la comparación interanual, el panorama es igualmente crítico: frente a una inflación del 33,1%, el poder de compra de los estatales nacionales retrocedió un 8,8% en apenas doce meses.
Una brecha que se profundiza
Si bien el proceso inflacionario ha afectado a todo el espectro laboral, el informe destaca una marcada asimetría entre el sector público y el privado registrado.
Desde noviembre de 2023, mientras los salarios privados reales retrocedieron un 3,5%, los del sector público nacional se hundieron diez veces más (-37,2%).
Incluso dentro del propio Estado, la brecha es notable. Los empleados provinciales, tras una tendencia alcista que se cortó en agosto de 2025, registran hoy una caída real del 10,3% respecto al inicio de la gestión actual, una cifra significativamente menor al impacto sufrido por la administración central.
98 meses de erosión
Para dimensionar la magnitud del golpe al bolsillo del sector trabajador, el informe comparando los niveles actuales con los de 2017, el último pico de poder adquisitivo.
En este enfoque el contraste refleja que un empleado público (promedio nacional y provincial) tiene hoy un poder de compra un 35% inferior al de hace ocho años.
En términos acumulados, un estatal ya perdió el equivalente a 21,8 salarios desde fines de 2017; es decir, trabajó casi dos años “gratis” si se mide contra el poder de compra de aquel entonces.
A esto se agrega el impacto de la “motosierra” de Milei que aceleró la dinámica de deterioror del ingresos.
En ese sentido, Argañaraz señala que la pérdida acumulada en los últimos 27 meses representa el 21% de toda la pérdida total sufrida por los estatales en los últimos 98 meses.
En tanto, para los trabajadores del sector privado formal, los últimos dos años explican el 6% de su pérdida acumulada desde 2017.
Superávit forzado
Este comportamiento, advierte Argañaraz, es la consecuencia directa de un esquema de reducción del déficit fiscal que no solo ha avanzado sobre la planta de personal, sino que ha utilizado el salario real promedio como el ancla principal de las cuentas públicas nacionales.
A la parte del ajuste sobre los salarios, en las últimas semanas crecieron las denuncias de prestadores del PAMI, por la falta de pago a clínicas y laboratorios que alcanzó niveles críticos en abril de 2026: en torno a los $500.000 millones lo que pone en jaque la atención de millones de jubilados.
Una situación similar vive el sector de discapacidad: el Foro Permanente que agrupa a las instituciones denunció retrasos de hasta cuatro meses en los pagos, lo que está provocando el cierre de centros de día y la interrupción de servicios de transporte especializado.
En la órbita empresaria, empresarios advierten que los reintegros a la exportación registran demoras de hasta 8 meses y, denunciaron que en el mes de febrero el total de devoluciones fue $0. Según fuentes del sector privado la deuda asciede a u$s 1500 millones, equivalente a 0,2% del PBI.