El gobierno de Javier Milei anunció hace tiempo que planea llevar adelante una reforma tributaria para simplificar y bajar impuestos, pero el tema nunca fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias pese a que era un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según pudo reconstruir El Cronista de fuentes del oficialismo, no es un plan que vayan a acelerar y eventualmente no se tratará de una reforma en paquete, sino de proyectos por separado.
“La reforma tributaria tiene complementos con la modernización laboral, son cosas que se están trabajando. Hay que llegar a un acuerdo y eso depende del trabajo del Congreso. Estimo que va a estar entrando por Diputados la tributaria y Código Penal", dijo el Presidente en diálogo con Neura este miércoles.
En el último staff report del FMI, que deberá revisar el acuerdo durante el mes de febrero, se contemplaba el compromiso de enviar al Congreso una Reforma Tributaria “y se espera que su implementación, que requerirá la aprobación del Congreso, comience en 2026”, según el documento.
No obstante, desde la Casa Rosada ya se atajan de que no habrá ninguna iniciativa en materia impositiva antes de marzo porque el foco está puesto en el proyecto de modernización laboral, el cual, como refería el mandatario, incluye un capítulo entero dedicado a la reducción de alícuotas de Ganancias para empresas, eliminación de impuestos internos, la baja de las contribuciones patronales y otros beneficios tributarios para reducir la carga laboral.
Como contó este medio, desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el proyecto de ley propone suprimir ocho impuestos nacionales y, según sostuvo un análisis de la consultora Invecq, se estima que la reforma laboral implica un costo fiscal para el Gobierno de 0,83% del PBI. No por nada desde el Gobierno ya tildan a este proyecto como una de las reformas de ´segunda generación´.
Además, Milei llevó adelante durante los últimos meses otras medidas por fuera del Congreso que también implican un costo, como la reducción y eliminación de las retenciones. El orden de prioridades prima en lo que es la columna vertebral del ciclo de reformas y tanto el proyecto laboral como el de Glaciares, que ya tienen dictamen de comisión, serán aceleradas durante el mes de febrero.
En cambio, las incisivas tributarias que vayan a presentar y el tratamiento del nuevo Código Penal, el cual todavía no vio la luz pese a sí formar parte del temario de extraordinarias, serían postergados hasta el período ordinario del 2026, que comienza a partir del 1 de marzo, según visualizan desde el oficialismo.
Fuentes del Palacio de Hacienda remarcaron durante el último tiempo que a medida que vaya aumentando la recaudación es que se van a estar anunciando más medidas impositivas. El gradualismo que planean tiene como prioridad hoy a las personas jurídicas:
“La reforma tributaria va a ser constante, después va a venir algo con personas humanas”, anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista reciente con A24.
“No va a haber en lo tributario una reforma. Nosotros siempre vamos a seguir haciendo cosas a medida que los números nos permitan hacerlo. En esta primera etapa hemos puesto en términos de costo un foco importante en darle una mano a la reforma laboral“, también explicó en su disertación en el Encuentro de Líderes de El Cronista durante el mes de diciembre.
De por sí, el impacto de la reforma laboral dependerá del producto que surja de las negociaciones políticas en el Congreso. Si bien en el Senado firmaron el dictamen del proyecto, en Rosada saben que deberán ceder con cambios para que haya consenso de aprobación y, después, la travesía posterior por la Cámara de Diputados puede abrir otro escenario.
Es por eso que tanto la laboral como las demás cuestiones tributarias se debatieron en el marco del Consejo de Mayo, una mesa consultiva que buscó recluir a distintos sectores políticos y de esa manera llegar a un acuerdo.
Por caso, las propuestas que sondearon los miembros en materia impositiva incluyen un Super IVA para eliminar Ingresos Brutos, la eliminación del impuesto al Cheque, y la reducción gradual del impuesto a las Ganancias para las personas humanas.
Tanto el mandatario mendocino Alfredo Cornejo en el informe del Consejo como otros gobernadores aliados han reiterado en distintas oportunidades, la reforma impositiva deberá ir acompañada además de una reforma de la coparticipación como toca impuestos cuya recaudación se redistribuye entre las provincias.
Este punto se mira más a largo plazo aún, ya que debería tener el acuerdo de cada legislatura provincial y, si bien Milei volvió a construir diálogo con la mayoría de los gobernadores, hay cinco provincias con las que no trata: Buenos Aires, donde dirige Axel Kicillof; Formosa, Gildo Insfrán; Tierra del Fuego, Gustavo Mellela y La Rioja, donde comanda Ricardo Quintela.
