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La Cámara Federal porteña resolvió la contienda de competencia entre los juzgados de María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo por las denuncias vinculadas a los créditos otorgados por el Banco Nación (BNA), y dejó una definición con impacto procesal y político: unificó todos los expedientes en manos del juzgado 5, a cargo de Capuchetti, y deslegitimó la base de la causa que tramitaba en el juzgado 4.
El fallo, firmado por el camarista Eduardo Farah, parte de un dato clave: las distintas denuncias presentadas describen “los mismos hechos”, con variaciones en el nivel de detalle y en los posibles responsables. Esa coincidencia habilita la aplicación de las reglas de conexidad y de denuncia repetida, que establecen que debe intervenir el juzgado que recibió la primera presentación válida.
Sin embargo, el punto central está en cómo la Cámara evalúa esa “primera denuncia”. Si bien cronológicamente la causa que tramitaba en el juzgado de Lijo se originó antes, el tribunal concluyó que esa presentación carecía de los requisitos mínimos para impulsar una investigación penal. Según el fallo, no sólo no cumplía con las exigencias básicas de descripción de los hechos, sino que además carecía de “un mínimo de lógica”.
Esa denuncia había sido realizada por Daniel Sarwer, un denunciante recurrente al que el propio camarista ya le había rechazado presentaciones similares en el pasado. Al no haber sido subsanadas esas deficiencias —ni mediante ratificación ni con elementos adicionales—, la Cámara decidió dejarla de lado como punto de partida válido del proceso.
En consecuencia, el tribunal determinó que la primera denuncia “válida” es la que dio origen al expediente 1364/2026 iniciado por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, radicado en el juzgado de Capuchetti. A partir de ese criterio, ordenó que ese tribunal continúe interviniendo no sólo en su causa original, sino también en la que tramitaba en el juzgado de Lijo y en sus acumuladas.
El trasfondo de la disputa muestra un escenario habitual en causas sensibles: múltiples denuncias presentadas en pocos días, con distintos actores políticos y sociales, que terminan generando conflictos de competencia.
En este caso, las presentaciones llegaron por correo electrónico a la Secretaría General de la Cámara entre el 2 y el 13 de abril, con distintos niveles de precisión y respaldo.
Lo que introduce este fallo es un criterio más estricto para definir qué denuncia puede considerarse válida a los efectos de fijar competencia. Esa interpretación no sólo resolvió la puja entre Capuchetti y Lijo, sino que también deja un mensaje hacia futuras presentaciones en causas de alto impacto.
Las denuncias
El escándalo estalló a comienzos de abril cuando se difundió que funcionarios del gobierno de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza habían accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación en condiciones que la oposición calificó de privilegiadas.
Entre los investigados figuran Federico Furiase —secretario de Finanzas—, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi y Mariano Campero, entre otros. Al momento de tramitar los créditos, Furiase e Inchauspe eran directores del Banco Central, el organismo regulador del sistema financiero y fijador de las tasas que inciden directamente sobre los préstamos hipotecarios. Algunos de esos créditos llegaron a equivaler a 350.000 dólares.
Las denuncias judiciales apuntan a varios frentes. La diputada Mónica Frade denunció por negociaciones incompatibles, cohecho, abuso de autoridad, defraudación por administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público al expresidente del Banco Nación Daniel Tillard y a los beneficiarios de los créditos. Por su parte, el abogado Alejandro Díaz Pascual abrió otro flanco al pedir que se investigue si el superintendente de Entidades Financieras del BCRA, Juan Curuchet, cumplió con sus obligaciones de supervisión sobre una operatoria en la que los propios funcionarios regulados eran al mismo tiempo los beneficiarios.
El BNA, tras auditorías internas, sostuvo que no se detectaron irregularidades y que los préstamos fueron otorgados bajo condiciones objetivas, postura que respaldaron públicamente tanto el presidente Milei como el ministro Caputo.