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Tras el anuncio de la devaluación del 54% del peso para llevar el oficial a $ 800, el Fondo Monetario Internacional (FMI) no tardó en dar el visto bueno a las medidas, a las que consideró "una base para proseguir las discusiones", discusiones que se extendieron también a la búsqueda de apoyo de los Estados Unidos con las reuniones de Javier Milei y Luis Caputo en Casa Rosada con funcionarios del Gobierno de Joe Biden.
El comunicado del organismo también reconoció contactos entre su equipo técnico y el nuevo Gobierno de Javier Milei. Pasada la medianoche, el Banco Central ratificó que se pedirán dispensas (waiver, en inglés) al organismo por las metas que no se cumplieron bajo la gestión de Sergio Massa.
Pese a que Javier Milei se refiere al acuerdo como "caído", el equipo que dirige Santiago Bausili señaló que "se ha iniciado y progresado rápidamente en el dialogo formal con los organismos internacionales, incluyendo el FMI dada la obligación del país de iniciar el proceso de pedido de un waiver por el incumplimiento de las metas de agosto pasado".
"El Gobierno hará los esfuerzos necesarios para restablecer la vigencia del acuerdo firmado con el FMI y llevará a cabo negociaciones adicionales que considere contribuyan a mejorar las condiciones de financiamiento vigentes", puntualizó la Autoridad Monetaria.
En ese marco, una de las medidas que se anunció, la eliminación de la fórmula de movilidad para ajustar las pensiones, que será reemplazada por aumentos puramente discrecionales si el Congreso le da luz verde, apunta a un ajuste en las jubilaciones que es parte de unos viejos reclamos del FMI, que con la mitad de los chicos en la pobreza en Argentina pide enfocar los fondos en ese segmento, mientras que reclama que no haya más moratorias jubilatorias por el alto grado de cobertura vigente.
Una de las primeras economistas en felicitar a "Toto" Caputo al asumir, Milagros Gismondi, explicó en redes sociales el razonamiento detrás de la medida, que coincide con lo explicitado por el Fondo en sus evaluaciones de la economía argentina. "Duplicar AUH vs algo de ajuste en jubilaciones (menor al que hizo Massa, digamos todo) va en el sentido correcto de asignación de prioridades. La pobreza en niños es alarmante, hay que enfocarse ahí", escribió en la ex Twitter.
De acuerdo con los datos de Economía, el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas tendría una reducción de 0,4 puntos porcentuales del PIB, detalló un análisis de Instituto Argentino para el Análisis Fiscal (Iaraf). El otro rubro que aportaría al esfuerzo fiscal sería Programas Sociales, con una baja de 0,4 p.p. del PIB.
"Son varios los gastos con reducción prevista para 2024. La obra pública que queda para 2024 es equivalente al 60% de la de 2023. Las transferencias corrientes a provincias en 2024 serían equivalentes al 24% de las de 2023. Los subsidios a la energía y al transporte previstos para 2024 serían equivalentes, en términos del PIB, al 70% de lo ejecutado en 2023. No habría una eliminación de estos gastos en 2024, lo que hace necesario que otros gastos, entre ellos el de jubilaciones y pensiones, aporten recursos para lograr el equilibrio fiscal", destacó Nadín Argañaraz, titular de Iaraf.
Vencimientos
Las definiciones del BCRA abren la puerta a la negociación por fondos frescos. El equipo de Caputo fue a la búsqueda de financiamiento adicional a Washington DC pero la oferta fue limitada, aunque para Kristalina Georgieva, la Argentina podría acceder a la línea del Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad que representa unos u$S 1300 millones.
En tanto, el Gobierno debe cancelar vencimientos por u$s 900 millones en diciembre y unos u$s 4500 millones con el organismo en el primer cuatrimestre de 2024, que se podrían cubrir con el próximo desembolso del Fondo cuando se cierre la renegociación del acuerdo.
El Gobierno de Javier Milei podría verse beneficiado en los próximos meses por la baja de sobrecargos que ya prometió analizar el organismo -a nivel general- tras la revisión de cuotas de los miembros. El reclamo por los sobrecargos se inició bajo la gestión de Martín Guzmán en los foros internacionales y el G20 pidió que se analizara. Esto implica un sobrecosto que puede llegar a los u$s 1500 millones tras la suba de los tipos internacionales.