

Cristina Fernández de Kirchner encontró lo que será tal vez su última batalla épica: la puja jurídica con los fondos buitre. El lugar del FMI en el principio de la década K ahora lo ocupan los holdouts y el libreto oficial es similar: pagar a los bonistas es entregar soberanía. El Gobierno trazó esa línea con la intención de conseguir apoyo y unidad, como lo hizo en el plano internacional, mientras planea la embestida jurídica contra el juez neoyorquino Thomas Griesa y el mediador Daniel Pollack, a quienes culpa del fracaso de las negociaciones. Hoy la Presidenta reafirmará esa idea con un nuevo acto en la Casa Rosada que tendrá, de nuevo, un objetivo subtextual: mostrar la gestión sin parálisis a pesar del default selectivo, decretado por las calificadores de riesgo.
Fue indisimulado en el anterior evento en el Salón de las Mujeres, 24 horas después del Día D. Por si no había quedado claro, el director de la Anses, Diego Bossio, le echó agua. La Argentina no sólo no está en default ya que cumplió con sus obligaciones externas cuando depositó los dólares que están bloqueados por un fallo judicial en Estados Unidos, sino que el país cumple con sus obligaciones internas al mejorar los ingresos de los jubilados como indica la ley de movilidad, se jactó el funcionario ayer. Esta tarde se firmarán contratos para la ejecución de dos nuevos tramos del Gasoducto del Noreste Argentino. Fue invitado el gobernador santafesino, el socialista Antonio Bonfatti. Dos pájaros en la misma mano: mostrar a la economía andando y sumar a un opositor a la tarima en la que se sientan oficialistas. Además, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, inaugurará por videoconferencia una fábrica de explosivos en San Juan.
En los despachos de Balcarce 50 creen que la estrategia está dando sus frutos, más allá de las internas del Gabinete que dejó el default, con un debilitado jefe de Gabinete Jorge Capitanich versus un revitalizado ministro de Economía, Axel Kicillof. Según una encuesta de CEOP, difundida ayer por Página 12, la imagen positiva de Cristina Kirchner superó el 54%, recuperando el electorado de las elecciones del 2011. Aunque aún es una incógnita nadie sabe qué pasará con esos apoyos cuando la economía comience a sentir los coletazos del default selectivo.
La batalla también servirá para cohesionar el espacio K, a menos de un año de las PASO: la militancia oficialista convocó a un acto en el Luna Park para el viernes 12 bajo la consigna Patria o Buitres.
Como estrategia jurídica, en la Rosada hoy piensan en dos rings de combate. Uno, contra el mediador. Así lo adelantó el viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, anunció que el próximo paso es pedir la remoción de Pollack.
La otra contraofensiva oficial será recurrir a la Corte Internacional de la Haya, al contar con parte del explícito apoyo internacional.













