“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Y ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, afirmó en declaraciones a la prensa la jefa del bloque de senadores de LLA Patricia Bullrich sobre la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete.
Bullrich fue la primera voz del oficialismo en reclamar públicamente que Adorni transparentara su situación patrimonial. El 7 de mayo, le había pedido en una reunión de gabinete que presentara su declaración jurada “de inmediato”, y días después presentó la propia para dejar aún más expuesto al ministro coordinador.
Las declaraciones de Bullrich llegaron horas después de que Adorni presentara anoche su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y el portal de ARCA.
Minutos después, el funcionario rompió el silencio en una entrevista televisiva en la que reconoció que, junto a su esposa, Bettina Angeletti, habían acumulado más de medio millón de dólares que nunca declararon.
En el Congreso, el 29 de abril pasado, el jefe de Gabinete había asegurado que tenía todo su patrimonio declarado “sin ocultación alguna”.
Anoche, en cambio, reconoció que junto a su esposa habían ahorrado ese dinero “en negro, como la mayoría de los argentinos”.
El punto central de la nueva declaración jurada es que incorporó ahorros en criptomonedas por un total de 513.000 dólares, derivados de operaciones con Bitcoin efectuadas entre 2013 y 2018. Adorni detalló que invirtió 200.000 dólares en Bitcoin y obtuvo una ganancia de 300.000, dinero que, según afirmó, estaba destinado a la educación y el futuro de sus hijos.
La presentación, sin embargo, no cerró la controversia. Pocas horas antes de cargar la declaración jurada, Adorni había optado por adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, un mecanismo habilitado por la Ley de Inocencia Fiscal que reduce las exigencias de detalle en las presentaciones patrimoniales. La maniobra encendió críticas de la oposición.
El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para excluir del régimen a dirigentes políticos con cargos y jueces, mientras que para Maximiliano Ferraro la norma fue hecha a medida del jefe de Gabinete.