En reiteradas ocasiones, el presidente Javier Milei se comprometió a impulsar medidas de alivio fiscal para el campo, uno de los sectores que, hace tiempo, alza la voz y pide que se tomen cartas sobre el asunto.
“A medida que se siga consolidando el sendero virtuoso, el superávit fiscal y la baja del gasto, las continuaremos bajando [a las retenciones] hasta que lleguen a cero y se queden ahí de una vez y para siempre”, aseguró el mandatario a mediados de marzo en la Expoagro.
En esa declaración, el jefe de Estado dejó entrever que la rebaja o eliminación definitiva de las retenciones al sector agropecuario solo será posible si el superávit fiscal así lo permite.
En lo que va del año, el Gobierno impulsó tres medidas clave. Primero, a fines de enero, se estableció la baja temporal de las retenciones para los productos agropecuarios. La medida tuvo vigencia hasta el 30 de junio e impactó en las operaciones de la soja en poroto, sus derivados -aceite y harina-, además de trigo, sorgo, maíz, girasol y las economías regionales.
En segundo lugar, el Presidente anunció en el acto inaugural de la Exposición Rural, en Palermo, una reducción “permanente” de los Derechos de Exportación (DEX) para la carne (aviar y vacuna) y la cadena de granos (maíz, sorgo, girasol, soja y subproductos de soja).
Y, por último, la novedad más reciente se vincula a una medida de “corto plazo” que adoptó el Ejecutivo en las semanas previas a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En ese sentido, se anunció la suspensión de las retenciones para todos los granos (soja, maíz, trigo, girasol y otros cultivos), así como también para la carne avícola y bovina, hasta el 31 de octubre.
Aunque, en el caso de los granos, el Decreto 682/2025, publicado en el Boletín Oficial, señalaba que el beneficio podía llegar a su fin si los exportadores presentaban Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) equivalentes a u$s 7.000 millones; cupo alcanzado en apenas tres días, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
No obstante, dicha medida, que permitió robustecer la oferta de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en un contexto donde la demanda de divisas se había incrementado notoriamente, generó un ligero impacto negativo en el marco fiscal.
“El beneficio de retenciones al 0% para liquidaciones del agro por u$s 7.000 M dejó un costo fiscal de aproximadamente 0,25% del PBI. Sin nuevos ingresos que lo compensen, implicará un ajuste equivalente del gasto en los últimos 2 meses del año para mantener la meta del 1,6% del PBI. Hay que tener en cuenta que la estacionalidad del gasto en la última parte del año exigirá un ajuste mayor”, describen desde la consultora LCG.
A su vez, la firma entiende que “el superávit fiscal seguirá siendo el gran innegociable de la gestión actual”, aunque, para lograr ello, probablemente “requiera de construir consensos más amplios para avanzar en un reordenamiento más inteligente del gasto, pero es un pilar que el Gobierno no abandonará“.
Y es que, según el compromiso que asumió la actual gestión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene como meta alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025, 0,2 puntos porcentuales menos que el resultado logrado en 2024. El Gobierno está camino a ello, dado que los primeros diez meses del año el superávit acumula el equivalente a 1,4% del PBI.
Cuán complejo es reducir o eliminar las retenciones al campo
Los Derechos de Exportación, que gravan la actividad del sector agropecuario, son uno de los aspectos tributarios de mayor demanda.
“Es generalizada la opinión respecto a que este recurso tributario es altamente ineficiente, pero, sin embargo, su capacidad y facilidad recaudatoria, en el marco de necesidad fiscal que caracteriza a Argentina, ha sido un obstáculo casi insalvable para avanzar en su eliminación y solo ha habido medidas de leve reducción parcial o de reducción transitoria o, en caso de ser permanente, limitada solo a algunos productos”, describe un trabajo presentado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Dicho documento subraya, según datos del año pasado, que las principales cadenas de producción granaria (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) aportaron u$s 5.350 millones de dólares, un 75% más que en 2023, cuyas condiciones climáticas fueron muy desfavorables.
“Esta recaudación representó el 0,88% del PBI. De ese total, el 80% (u$s 4.319 millones) provino del complejo sojero y el 11% (u$s 567 millones) del complejo del maíz, con lo cual estos dos cultivos explican más del 91% del total de lo recaudado en materia de derechos de exportación”, resaltan desde la asociación que dirige el economista Nadin Argañaraz.
¿Qué muestran estas cifras? La relevancia de los recursos fiscales involucrados en una posible discusión sobre reducir o eliminar retenciones a los distintos sectores del agro. “Seguramente es la causa subyacente para que no haya sido contemplada en el proyecto de Presupuesto Nacional 2026″, señalan.
Entonces, ¿cómo podrían reducirse o eliminarse transitoriamente las alícuotas de las retenciones, sin poner en jaque el equilibrio fiscal?
Desde Iaraf proponen la implementación de un mecanismo indirecto de reducción indirecta, general y progresiva de las retenciones agrícolas, “hasta tanto el contexto económico y fiscal permita avanzar hacia la eliminación directa de las mismas”.
Para ello, consideran que es necesario seguir estos ocho puntos:
- Posibilitar que el beneficio llegue directamente al productor agrícola.
- Brindar una señal inmediata, estableciendo un sendero de reducción de retenciones, que pueda ser considerado en las decisiones de inversión de los productores.
- Diferir parte del impacto recaudatorio hacia ejercicios futuros.
- Compartir el costo fiscal entre Nación y Provincias.
- Ser de simple aplicación, sin generar costos extras de administración tributaria.
- Fomentar la comercialización de la producción dentro del año de cosecha.
- Que los beneficios sólo puedan ser aprovechados por los productores con buen cumplimiento fiscal.
- Que el impacto sobre los precios internos sea el menor posible, para no afectar el proceso de desaceleración inflacionaria.
Además, sostienen que la iniciativa permitirá considerar como pago a cuenta de la Declaración jurada (DDJJ) de ganancias de los productores agrícolas del año en que se produzca la comercialización del grano. ”Se propone un 4% para el año 2026 y un 8% para el año 2027″, consignan.
A su vez, el mismo informe añade que el pago a cuenta (adelanto) operará cualquiera sea el destino final de la producción comercializada. “Este pago a cuenta será determinado automáticamente por ARCA, en base a la información de la liquidación electrónica del grano comercializado y se incluirá en la información contenida en ‘mis retenciones’ de la página web [del fisco], de manera tal que el productor, inmediatamente después de efectuar la venta, perciba además del pago del comprador, un crédito impositivo futuro, que representa, en definitiva, una mejora en el precio final de venta”, aseguran.
¿Por qué es importante este aspecto? El eje a tener en cuenta es que “un porcentaje de pago a cuenta del 4% equivale a una reducción de las retenciones del 27,5% (en la soja implica pasar de 26% a 19%) y uno del 8% a una del 55% (en la soja implica pasar del 26% al 12%)”.
Retenciones: cuál es el impacto fiscal de la propuesta que presentó Iaraf
El impacto fiscal, explican, dependerá de la cotización internacional de los granos y del tipo de cambio, como factores determinantes del precio interno y de la capacidad de los productores de absorber el pago a cuenta generado.
Para ello, se tomó como ejemplo lo acontecido en 2024, un año caracterizado por la “buena cosecha”, pero, en contrapartida, por “precios bastante deprimidos”.
No es sencillo estimar el costo fiscal que provocaría el mecanismo de pago a cuenta propuesto, advierten, dado que “afecta a la totalidad de la producción (no solo la que se exporta) y estará en relación valor de cotización interna del cereal que si bien guarda correlación con el precio internacional también se ve afectado por variables internas, como por ejemplo la cotización de dólar”.
Por ende, en base a diferentes supuestos, el informe estima que el costo fiscal del mecanismo de reconocimiento de un pago a cuenta del 4% y del 8% “se ubicaría para el complejo sojero en aproximadamente u$s 700 millones y u$s 1.400 millones, respectivamente”.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Hectáreas sembradas | 17.800.000 |
| Rinde promedio (qq por ha) | 28,37 |
| Producción total (toneladas) | 50.500.000 |
| Cotización internacional estimada en u$s | 400 |
| Porcentaje de exportaciones | 84% |
| Porcentaje promedio de retenciones | 26% |
| Valor de la producción (millones de u$s) | 20.200 |
| Estimación producción exportada (millones de u$s) | 16.968 |
| Estimación de las retenciones (millones de u$s) | 4.412 |
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Precio pizarra Rosario estimado en $ | 480.000 |
| Cotización u$s supuesta | 1.400 |
| Valor de la producción (en millones de pesos) | 24.240.000 |
| Cuantificación “Pago a Cuenta 4%” (en millones de pesos) | 969.600 |
| Cuantificación “Pago a Cuenta 4%” (en millones de u$s) | 693 |
| Cuantificación “Pago a Cuenta 8%” (en millones de pesos) | 1.939.200 |
| Cuantificación “Pago a Cuenta 8%” (en millones de u$s) | 1.385 |
