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La Cámara de Diputados sesiona este miércoles desde las 12 para votar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el capítulo sobre injerencia extranjera en duda por la resistencia de los aliados, y para dar sanción definitiva a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos bandera del presidente Javier Milei.
La sesión especial pedida por La Libertad Avanza es la primera de las dos últimas del período ordinario: la otra, prevista para el miércoles 25, está reservada para el Presupuesto 2027. El oficialismo llegará con los votos para aprobar en general la Ley Malvinas, pero no para todo su articulado, ya que en una reunión la semana pasada en el Palacio un grupo de bloques aliados pidió modificar uno de los títulos y otros directamente reclamaron su retiro.
Si los cambios no se concretan o la contrapropuesta oficial no prospera, ese capítulo puede caerse en la votación en particular, donde requiere mayoría absoluta de 129 votos por tratarse de materia electoral.
El título que divide a los aliados
El conflicto está en el título VII, sobre procesos electorales, que modifica los códigos Electoral y Penal. El texto original hablaba de “campañas coordinadas de desinformación masiva” y el Gobierno lo reemplazó por “campaña de injerencia extranjera”.
La nueva redacción alcanza acciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilegales que oculten un vínculo con un agente extranjero, y exige conocimiento de ese vínculo. La pena prevista es de 5 a 12 años de prisión para quien organice o financie esa campaña, aunque el dictamen excluye la actividad diplomática, las opiniones públicas de un Estado extranjero, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses.
El mismo título fija multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales.
Las objeciones vienen de los socios del oficialismo. Karina Banfi (UCR) cuestionó los cambios penales sobre la expresión y sostuvo que son innecesarios en un proyecto de defensa nacional, mientras que Mónica Frade (Coalición Cívica) rechazó la iniciativa por el riesgo de que se convierta en un instrumento de control social y político del Ejecutivo.
“Pedimos que lo eliminen, no que lo cambien”, planteó un diputado dialoguista, quien anticipó que votará en contra si el título se mantiene. En la oposición dura, el reparo es más amplio: sostienen que sólo el título I se refiere a la soberanía sobre Malvinas y que el resto modifica la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, la ley de financiamiento de partidos y el Código Penal.
El proyecto lo defendió en comisión la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo, el impulsor de la iniciativa. El dictamen de mayoría reunió 60 firmas en el plenario de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, con el acompañamiento del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas, y Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo.
El núcleo del proyecto, el régimen de sanciones por Malvinas, llega al recinto con los cambios que reclamó Washington. El subsecretario de Estado Christopher Landau le transmitió a Milei la preocupación de la administración Trump por el impacto de la ley sobre compañías estadounidenses con inversiones o participaciones indirectas en empresas vinculadas con las islas.
La Casa Rosada negó que hubiera presiones, pero el dictamen recortó precisamente lo que había objetado Landau. Quedaron exceptuadas las personas físicas con hasta el 2% del capital que no intervengan en la designación de autoridades y los fondos de inversión sin discrecionalidad sobre sus activos. Las restricciones a proveedores se limitan a quienes suministren bienes o servicios esenciales y conozcan su destino, y se mantienen para quienes controlen, directa o indirectamente, a las empresas responsables.
La Ley Malvinas
El título I, que podría aprobarse por unanimidad, deroga la Ley 26.659 de sanciones por exploración de hidrocarburos en la plataforma continental y extiende el régimen a cualquier recurso natural, renovable o no, explotado sin autorización argentina en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Las penas incluyen prisión, multas calculadas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y límites para contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales. Para incorporar a una empresa al registro de infractores se exige condena penal firme, y lo recaudado irá al Ministerio de Defensa.
El resto del articulado, que excede la cuestión Malvinas, crea una nueva arquitectura de seguridad nacional bajo conducción presidencial, que los aliados lograron modificar en comisión. Su órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente. El proyecto original lo integraba con el jefe de Gabinete, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la secretaria Legal y Técnica -todas áreas de influencia del asesor Caputo-.
A pedido de los aliados, el dictamen sumó como miembro permanente al Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, y habilitó la participación del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y los gobernadores, según el tema en discusión.
El Consejo diseñará la política de Seguridad Nacional y coordinará las funciones diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia, además de la protección de la infraestructura crítica. El dictamen redefinió sus funciones y limitó su intervención en asuntos de seguridad interior.
El Consejo conserva la potestad de adoptar medidas urgentes ante amenazas graves, que en el texto original incluían restringir operaciones cambiarias y financieras, congelar fondos y activos, suspender contrataciones y elevar de manera transitoria los derechos aduaneros. Esas medidas quedan sujetas a revisión judicial y ahora deberán comunicarse al Congreso en un plazo general de 48 horas.
También tendrá a su cargo la revisión de las inversiones de Estados extranjeros o de empresas bajo su control en defensa, energía, minería, telecomunicaciones e infraestructura crítica, con la posibilidad de revocar autorizaciones u obligar a vender participaciones. El dictamen agregó resguardos para las competencias provinciales sobre los recursos naturales y reglas propias para las inversiones existentes y los proyectos del RIGI.
El capítulo sobre el espacio aéreo incorpora un régimen de derribo. El Comando Conjunto Aeroespacial vigilará, identificará e interceptará aeronaves consideradas irregulares u hostiles. La respuesta es progresiva y el uso de la fuerza queda como último recurso, con orden del Presidente, que puede delegarla en el ministro de Defensa. Para el espacio marítimo, el dictamen delimitó las funciones del Comando Conjunto Marítimo y de la Prefectura Naval, y los procedimientos sobre aeronaves y embarcaciones también deberán informarse al Congreso.
El cambio de fondo está en la Ley de Defensa Nacional. La norma vigente, de 1988, circunscribe la defensa a las “agresiones de origen externo”. El proyecto la redefine como la protección de los intereses nacionales frente a riesgos y amenazas de origen externo, estatales o no estatales, cinéticas o no cinéticas, e incorpora las operaciones militares híbridas. En la oposición leen esa redacción como una ampliación del rol de las Fuerzas Armadas.
El texto también modifica la Ley de Inteligencia, crea un delito para quien apoye a sabiendas una operación clandestina de inteligencia extranjera en el país y crea el registro RePET de personas vinculadas con el financiamiento del terrorismo, bajo la órbita de la UIF.
El principal contrapeso que lograron los aliados es la Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, con cuatro diputados y cuatro senadores, que podrá pedir informes, formular observaciones y hacer recomendaciones. El dictamen establece además que cualquier situación con riesgo de guerra o represalias internacionales deberá respetar las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo.
Banco Central y el futuro pliego de Bausili
La reforma de la Carta Orgánica llega en segunda revisión. Diputados sólo puede aceptar la totalidad de lo que aprobó el Senado o insistir con la versión original que votó en agosto. El cambio central está en la remoción del directorio: la media sanción de Diputados exigía dos tercios de ambas cámaras y el Senado lo bajó a mayoría absoluta de la Cámara alta, 37 votos, sin intervención de Diputados. Los nombramientos siguen con propuesta del Ejecutivo y acuerdo del Senado por mayoría calificada.
El oficialismo busca aceptar el texto del Senado. La Cámara alta lo aprobó a fines de septiembre por 46 votos contra 22, por encima de los dos tercios de los presentes en una maniobra pensada por el peronismo para blindarlo. Por eso, según el artículo 81 de la Constitución, Diputados necesitaba la misma mayoría para volver a su versión: el plan del titular de la Cámara baja, Martín Menem, era conseguir el respaldo del peronismo en Diputados para revertir una parte de los cambios -mantener la mayoría absoluta en vez de los dos tercios, pero con intervención de Diputados- pero no consiguió doblegarlos.
El contenido de fondo no cambia. La reforma define como misión central “la preservación del valor de la moneda nacional” y elimina los objetivos múltiples de la reforma de 2012, impulsada por Mercedes Marcó del Pont en la presidencia de Cristina Kirchner.
El BCRA no podrá financiar al Tesoro con adelantos transitorios ni comprar deuda pública en el mercado primario, y se prohíbe emitir letras intransferibles. También elimina las reservas de libre disponibilidad, cambia la distribución de utilidades y crea un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados.
Sólo se computarán ganancias operativas reales, que deberán acumularse hasta el 50% del capital, y el excedente únicamente podrá destinarse a cancelar deuda. El punto que más cuestionó la oposición es otro: la posibilidad de que el BCRA use activos y reservas, como oro, efectivo y bonos, como garantía en sus propias operaciones de financiamiento internacional o REPO.
El temario se completa con el Tratado de Libre Comercio entre la EFTA y el Mercosur, la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios, dos convenios de traspaso de competencias penales y de la justicia penal juvenil a la Ciudad de Buenos Aires y un cambio en la ley pyme para que las cooperativas accedan al certificado MiPyME.