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Los inquilinos bonaerenses que firmen contratos por hasta $ 388.050 mensuales podrían dejar de pagar comisiones inmobiliarias, informes registrales y cargos por conexión de servicios. Así lo plantea un proyecto que ya llegó a la Legislatura provincial.

La iniciativa fue elaborada por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Su Consejo Directivo la entregó al diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, para su estudio y tratamiento parlamentario.

Régimen de Alquiler Social: quiénes podrían acceder

El beneficio no sería para todos los inquilinos. Alcanzaría solo a los contratos cuyo alquiler mensual inicial no supere el sueldo básico de la Categoría 20 por 48 horas de trabajo de un empleado de la Administración Pública Provincial, fijado por la Ley 10.430.

Con la escala salarial vigente, ese tope equivale a $ 388.050 por mes. El parámetro se aplica al el valor con el que comienza el contrato.

Luis Colao, presidente de Martilleros BA, defendió la idea de fijar un límite y asistir solo a un grupo: “Hay un concepto que se debe incorporar, como es la segmentación, entendiendo que esta estrategia de dividir en grupos, subgrupos o regiones para asistirlos en forma selectiva implica poner una mirada mucho más justa, sobre todo en una sociedad y una provincia tan vasta y compleja socialmente como la nuestra”.

Por tratarse de un proyecto, estos cambios todavía no rigen. Para aplicarse, la iniciativa debería ser aprobada por la Legislatura bonaerense.

Con la escala salarial vigente, el tope estipulado en el proyecto equivale a $ 388.050 por mes.

Qué gastos no pagarían los inquilinos con el alquiler social

Según detalló Colao, quienes cumplan esa condición quedarían liberados de varios costos que hoy se concentran en el momento de firmar el contrato.

Honorarios, informes y certificaciones

  • Honorarios profesionales: las comisiones de martilleros y corredores, o de cualquier profesional que intervenga en la confección del contrato, quedarían a cargo del propietario, según las escalas arancelarias de cada profesión.
  • Informes registrales: los trámites ante el Registro de la Propiedad Inmueble no tendrían costo para el inquilino.
  • Impuesto de Sellos: se revisaría el tope de valuación fiscal que habilita la exención.
  • Certificación de firmas: sería gratuita para el inquilino, tanto en los Juzgados de Paz como en el Colegio Profesional.

Servicios sin cargos de conexión

  • Para dar de alta los servicios alcanzaría con presentar el contrato con las firmas certificadas por el Juzgado de Paz o, si intervino un profesional, con su firma y sello junto con los de las partes y la certificación del Colegio.
  • Las empresas prestadoras no podrían cobrar conexión, reconexión, depósito, cambio de titularidad ni otros cargos.

Incentivos para propietarios

El proyecto también prevé un régimen especial de incentivo y simplificación fiscales para los propietarios de viviendas con estas características que las pongan en alquiler.

Esos propietarios quedarían eximidos del pago de impuestos. Además, se invitaría a los municipios a adherirse mediante exenciones de tasas y derechos.

Para los martilleros, el déficit habitacional es responsabilidad del Estado. Aun así, sostienen que un esfuerzo conjunto con propietarios y profesionales puede facilitar el acceso al alquiler de los sectores de menores ingresos.