Tras la eliminación de los valores de referencia, en el escenario de apertura de la economía del gobierno e Javier Milei, el rubro textil encabeza las alertas por declarar precios por debajo del costo.

Sin embargo, el alivio inicial en el puerto está derivando en un aluvión de citaciones legales, aseguran los especialistas en comercio internacional y advierten por multas millonarias.

Lo que comenzó como una ventana de oportunidad para importar prendas y telas a precios inéditos —como jeans a menos de un dólar— se está transformando en un problema legal para cientos de personas físicas y jurídicas.

Según Diego Jerez, despachante de Aduana,la aparente “apertura total” tras la eliminación de los valores criterio tiene un efecto rebote que muchos importadores no previeron: la fiscalización ex post.

La trampa del retiro inmediato

Anteriormente, el sistema de “valores criterio” obligaba a los importadores a dejar una garantía económica si pretendían ingresar mercadería por debajo del precio de referencia. Con la normativa actual, esa barrera desapareció. Hoy, el importador declara el valor que desea y retira la mercadería del puerto casi de inmediato.

Sin embargo, Jerez advierte que la Aduana no ha perdido su capacidad de control, sino que ha cambiado el momento de ejecución. “Las citaciones están llegando entre 20 y 30 días después de que la mercadería ya salió del puerto. Ahí es donde el importador debe justificar un número que, estadísticamente, es indefendible”, señala el experto.

La Aduana cuenta con una base de datos robusta que hace que declarar una remera a u$s 0,01 sea, técnicamente, una luz roja. El organismo utiliza tres pilares para desarmar la subfacturación:

  1. Histórico de 10 años: Promedios de precios de operaciones similares en la última década.
  2. Costo de materia prima: Si el algodón o el poliéster cotizan a un valor internacional, la Aduana rechaza cualquier producto terminado que valga menos que su insumo básico.
  3. Monitoreo de proveedores: Cruce de información directa con los exportadores en China y otros centros de manufactura.

Multas y Ajustes

Para aquellas empresas —muchas de ellas ubicadas en el polo comercial del Barrio Once— que no logren justificar sus precios, las sanciones no se limitan a un simple llamado de atención.

El procedimiento administrativo de la Aduana implica:

  • Ajuste de Valor: El organismo descarta el valor declarado y aplica el “valor real” según sus estadísticas; por ejemplo, si declaraste u$s 0,90 por kilo de tejido de algodón pero el promedio es u$s 1,90, deberás pagar los impuestos sobre la diferencia.
  • Multas por Infracción: Si la Aduana determina que hubo intención de engaño o “mala fe” para evadir tributos, la ley permite aplicar multas de hasta 5 veces el valor de la diferencia detectada.
  • Antecedentes Penales Aduaneros: La reiteración de estas prácticas puede derivar en la suspensión del registro de importador/exportador.

Un sector bajo la lupa

Aunque el experto alertó por las sanciones desde la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) denuncia que el 70% de los productos ingresan subfacturados mientras las fábricas nacionales trabajan con una capacidad ociosa del 76%.

En su último reporte la Federación advirtió que los precios de los bienes importados desafían cualquier lógica de mercado ya que no cubren siquiera el costo de la materia prima internacional. Desde una remeras de algodón a menos de u$s 0,01 la unidad; pantalones de jean por debajo de u$s 1 y toallas a menos de u$s 0,30 el kilo.

En febrero de 2026 se importaron 12.800 toneladas por un valor de u$s 32 millones. Estas prácticas generan “profundas distorsiones” en el mercado e implican competencia desleal para la producción nacional, explicó FITA.

Cerró una reconocida empresa textil argentina tras más de 100 años en el mercado. Foto: Shutterstock

“En un contexto de caída de la actividad y el empleo, la existencia de un patrón recurrente de importaciones a precios llamativamente bajos demanda acciones que eviten distorsiones en las condiciones de competencia", dijo Celina Pena, gerenta general de FITA.

En ese sentido mencionó que la legislación prevé herramientas para estas situaciones. “Su correcta aplicación resguardará la recaudación impositiva y posibilitará la recuperación del valor agregado y del empleo en un sector presente a lo largo de todo el país”, agregó.

En enero, con muchas fábricas trabajando muy por debajo de su potencial, la utilización de la capacidad instalada del sector fue de 24%, 11,4 puntos porcentuales (p.p.) menos que el mes previo y 10,2 p.p. menos que un año atrás, lo que evidencia un incremento de la capacidad ociosa, Por su parte, la industria en general utilizó la mitad de su capacidad (53,6%).