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Las reacciones desde el sector privado a las medidas presentadas por el ministro de Economía Luis Caputo estuvieron divididas entre el apoyo a un ordenamiento macro y las advertencias sobre el impacto en el consumo interno y su efecto en las pyme y sectores como la industria y la construcción.
"Celebramos que el Gobierno nacional haya puesto como objetivo alcanzar el déficit cero, dado que el déficit estructural de las cuentas públicas es una de las causas del imparable proceso inflacionario que nuestro país atraviesa desde hace muchos años", esbozó desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) su presidente Alfredo González.
Pero punto seguido advirtió por la falta de acceso a crédito, aseguraron que no son formadoras de precios y padecieron "la incertidumbre de no saber si se podrán reponer los productos que se venden". Así, los empresarios quedaron "sin viabilidad económica ni financiera de sus negocios", agregó González, que enfatizó que las medidas anunciadas son de "extrema sensibilidad" para las pymes.
En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, alertó que si el Estado no interviene en la obra pública "se podrán hacer muy pocas" iniciativas porque "el grueso de las obras de infraestructura no tiene interés económico para un privado".
"La inversión privada en el total de la infraestructura de un país no excede el orden del 7% o se puede llegar a un 15% con distintas modalidades pero el resto es inversión pública", dijo en FutuRock.
En referencia al anuncio del Gobierno de no licitar obra pública nueva, dijo: "Suponíamos que iba a haber un ajuste en la obra pública, se cancelan los contratos de aquellas licitaciones cuyas obras todavía no empezaron, no va a haber nuevas licitaciones y continuarían las obras que están en curso, no dijeron de qué forma". Para las obras en curso detalló que hay "atrasos en los pagos en algunos casos muy importantes".
A la espera de una reunión con el secretario de Obra Pública, Weiss dijo que "3 mil son las obras que estarían en este momento en ejecución" y sostuvo que "el empleo total es de 550 mil personas entre mensualizados y jornalizados, y en la obra pública serían unos 270 mil de manera directa". Y aclaró que "si hay un contrato firmado y una de las partes no lo cumple, potencialmente se puede entablar una demanda en la Justicia".
El futuro del mercado interno
"La devaluación provocará un cambio sustancial en los precios relativos de la economía que, sumado a la quita de subsidios y a los recortes de inversión en infraestructura, impactarán de manera significativa en la capacidad de consumo de la ciudadanía", remarcó CAME. "Las pymes operan mayoritariamente en el mercado interno y que estas medidas repercutirán ineludiblemente en el nivel de actividad" que puede dejar en rojo a las firmas.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) consideró que los anuncios "no contemplan la necesaria recomposición del mercado interno y omiten toda referencia de apoyo crediticio y de medidas destinadas a los sectores productivos".
"Se trata de una fuerte devaluación y un abrupto ajuste con total desentendimiento del gobierno sobre las consecuencias de la caída de la obra pública, el ahogo a las provincias, los tarifazos por caídas de subsidios en energía y transporte sobre el tejido económico y social", enfatizaron.
A contramano de la lectura del Ministro, aseguraron: "No estamos ante un "sacrificio" del conjunto de la población en pos de un programa de estabilidad sino ante una inmediata transferencia de recursos hacia unos pocos sectores, como el complejo agroexportador, la economía extractivista, las empresas de energía, los especuladores y los acreedores externos".
Mario Grinman, de la Cámara de Comercio (CAC), también ponderó el foco fiscal de los anuncios aunque apuntó a las retenciones o la suba del impuesto PAIS. "Comprendemos la necesidad de, en la emergencia, incrementar algunos tributos, pero es clave que tan pronto como la situación mejore, estas medidas de excepción se eliminen".