El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la prohibición de los cargos hereditarios en el sector público, tal como lo habían anticipado el viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La decisión, que se formalizó a través del Decreto 959/2024 publicado en el Boletín Oficial, establece que el Ejecutivono admitirá "ningún privilegio, ventaja o beneficio sustentado en vínculos hereditarios" para acceder a un empleo en el Sector Público Nacional.
El decreto, que lleva la firma del propio Sturzenegger, invita también a las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a proceder en la misma dirección.
Para apurar el cumplimiento de esta normativa, el DNU publicado este lunes también aclara las convenciones colectivas de trabajo que "se opongan" a eliminar la cláusula de "cargos hereditarios" en los entes estatales no serán homologadas por la Secretaría de Trabajo.
Esta facultad, eliminada durante la presidencia de Mauricio Macri, fue reinstaurada bajo la gestión de Alberto Fernández e incluso estaba explícitamente incluida en los estatutos de varios organismos estatales, como la ex-AFIP, la ex-Aduana, el Banco Central, el Banco Nación y la ANSES.
La decisión de eliminar los llamados "cargos hereditarios" se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno de "racionalización del Estado", el cual implica un recorte del 15% de la planta de personal público y la intimación de jubilaciones para empleados en edad de retiro.
Con esta medida, el Gobierno busca asegurar que la administración pública sea accesible únicamente a quienes demuestren la capacidad necesaria para ocupar esos puestos.
Así lo explica el Decreto en sus considerandos, el cual se base en el artículo 16 de la Constitución para establecer que "la idoneidad es condición exclusiva y excluyente para el acceso al empleo público y, en ese sentido, la selección del personal para realizar un trabajo debe efectuarse sobre la base de su capacidad para ejercerlo".
Y continúa: "La exigencia de idoneidad se convierte en un criterio objetivo y nivelador para el acceso al empleo público, que se condice con el sistema republicano y democrático y permite un mejor funcionamiento de las instituciones".
Por ende, las distintas normas que habilitan "heredar" cargos estatales de familiares resultan "arbitrarias e irrazonables", mientras que vulneran la Constitución Nacional, razón por la que el Gobierno definió su prohibición.
