En los últimos años se registra un crecimiento exponencial de demandas judiciales por accidentes laborales, muchos de ellos cuestionables o sin sustento médico claro. Ya se sabe que detrás de estos procesos hay actores de la llamada y conocida "industria del juicio".

Este es un problema que representa una seria amenaza para la sostenibilidad del sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que fue creado para proteger y asistir a millones de trabajadores y que hoy está al límite de su continuidad por los enormes costos que acarrean los juicios.

Los datos son alarmantes. Según las estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el Sistema de Riesgos del Trabajo registró en el primer cuatrimestre del año más de 38 mil nuevos juicios y se encamina a superar los 132 mil nuevos juicios en todo 2025, situación que genera un fuerte impacto sobre la competitividad y planes del sector privado.

Este ramo es el segundo más importante en facturación del mercado asegurador y, sin dudas, el que presenta un panorama crítico. Con la litigiosidad como la principal "espada de Damocles" por el impacto financiero y económico que tiene, sumado a la desmedida actualización de las sentencias judiciales que no tienen su correlato directo en el ajuste de las tarifas, hace que se esté muy lejos del equilibrio técnico, lo que lleva a que el sistema transite con más dudas que certezas hacia el futuro inmediato. La judicialización masiva que existe en la Argentina excede probablemente a la de cualquier mercado. De hecho, en cantidad de juicios es 15 veces mayor a la de España y 21 veces a la de Chile.

Una situación que crea incertidumbre jurídica para empleadores y para las propias aseguradoras, a la vez que resulta en un desincentivo a la inversión en prevención y cobertura que es su función principal.

¿Qué ha llevado a esta situación límite? Por un lado, la falta de un criterio médico/jurídico unificado para determinar incapacidades, así como la intervención de abogados que promueven litigios con fines económicos; e interpretaciones judiciales dispares. Por otro lado, el hecho de que los honorarios de los peritos intervinientes estén fijados en proporción directa al monto final del reclamo, representa un verdadero conflicto de intereses que los convierte en socios del resultado del pleito. Parte de la solución pasa por finalmente implementar los cuerpos médicos forenses. También hay falta de reglas claras en la actualización de valores en las sentencias aplicadas por las diferentes jurisdicciones.

La crisis tiene solución y es cumplir plenamente con la reforma y actualización del sistema que fue aprobada por el Congreso en 2017 a través de la Ley 27.348, la cual cuenta a la fecha con la adhesión por parte de 18 provincias.

La solución a la problemática de la litigiosidad está en manos del poder judicial de cada provincia. Se trata de una política de Estado que hace al empleo de calidad, la competitividad y al crecimiento. El sistema actualmente brinda cobertura a 10 millones de trabajadores. En la medida que el empleo formal crezca y el país logre el desarrollo y crecimiento económico que plantea el actual gobierno, se estima que la cobertura podría extenderse al doble de trabajadores.

La potencialidad existe y el hecho de que, a pesar de esta problemática de la judicialidad, el sistema esté logrando reducir paulatinamente los niveles registrados de accidentes y fallecimientos, indica que se ha mejorado de manera concreta en términos de prevención de riesgos y condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Si se cumple con la ley como debería ser, podrá haber un Sistema de Riesgo de Trabajo justo, con trabajadores debidamente protegidos y aseguradoras que puedan operar sobre bases más previsibles dando transparencia al mercado.