La media sanción de la Ley de Bases ha venido acompañada, como era de prever, por una avalancha ensordecedora de interpretaciones orientadas a subrayar una supuesta victoria del gobierno sobre el resto del mundo. Casi sin apoyos parlamentarios -se insiste- , la pericia del equipo gubernamental habría logrado tejer una red de acuerdos parlamentarios, acorralar a sus adversarios y obtener resultados que nadie hubiera imaginado. Las fuerzas del cielo se impusieron sobre todos los peligros y asechanzas de la democracia. Un análisis objetivo y desapasionado demuestra más bien todo lo contrario y el balance está más cerca de un cuadro más equilibrado de ventajas e inconvenientes. Al cabo de cuatro meses de largas y profundas negociaciones que han implicado a la mayor parte de los actores institucionales del país, el gobierno ha logrado el primer aval de importancia en su camino hacia las reformas Han quedado atrás el ambicioso DNU 70/2023 y los discursos altisonantes. Impera el dialogo, la consulta y un saludable respeto a la fuerza política de los adversarios. En este proceso arduo de reconocimiento de la realidad, han ganado tanto el Gobierno como todo el arco opositor. Los costos para el gobierno han sido altos. En términos de opinión pública, ha perdido casi un 10% de sus apoyos iniciales en todo el país. Enfrenta además en las calles una coalición que abarca a la mayoría de las organizaciones sociales, los sindicatos y, sobre el final, la reacción unánime de los sectores de la ciencia, la cultura y el mundo académico. Mas allá de media docena de periodistas en canales de noticias de la Capital, la mayor parte de la prensa y la opinión independiente ha pasado a militar en un abanico de oposiciones, más que por virtud, por necesidad, ante la agresividad personal del Presidente. Los costos han sido importantes, aunque por ahora soportables. Sobre todo, si se tiene en cuenta las dificultades extremas para prosperar en el entorno de un país institucional y políticamente empatado, abroquelado en la defensa de una estructura de intereses corporativos escasamente interesados en el cambio. Mucho más si lo único que se ofrece, sin mayores garantías, es un experimento en crudo y sin anestesia de ajuste estructural al que el propio Presidente no duda en calificar como el "ajuste más profundo en la historia de la humanidad". La persistencia de los apoyos es sin embargo explicable. La sociedad argentina sabe por experiencia lo que cuesta abandonar a un presidente civil sin darle oportunidad de avanzar en su gobierno. Por lo general la impaciencia fue el caldo de cultivo de climas destituyentes, que redundaron en desastres aún mayores, que desembocaron en soluciones dictatoriales, civiles o militares. En la castigada memoria de los argentinos, en política, los remedios fueron siempre peores que las enfermedades. Por otra parte, la clase media argentina esta más que preparada para todo tipo de inclemencias. Empobrecida y exhausta, resistirá. Contra lo que insiste cierto discurso oficial -por ejemplo, el DNU 70/23, el país en ningún momento ha estado al borde de la quiebra y mucho menos ante una perspectiva de disolución social. Sectores muy importantes de la clase media, viven en veintitrés provincias argentinas, todas ellas en funcionamiento, con equilibrio fiscal y con razonables avances en materia de calidad institucional, política y económica. Muchas de ellas han experimentado cambios políticos de importancia, renovando sus elites dirigenciales y afrontando cambios importantes en su estructura productiva. Todas ellas son escenarios de importantes inversiones y tienen mucho mas que ganar que perder con el avance de la apertura al mundo, la libertad económica y el cambio en la matriz productiva. La decisión del gobierno nacional de repercutir el costo del ajuste del desastre financiero de la nación y la provincia de Buenos Aires en las jubilaciones salarios y presupuestos de las provincias ha puesto en guardia al país real. Si bien el embate no ha sido hasta ahora suficiente para generar una reacción unificada, los gobernadores han recibido un inesperado aval de confianza. Ello les ha permitido fortalecer vínculos con diputados y senadores, a la vez que avanzar en la constitución de redes interjurisdiccionales, regiones productivas y generación de alternativas de inversión que no tardaran en mejorar su capacidad de global de negociación. Desde esta perspectiva, la media sanción de la Ley de Bases no presenta un balance neto de ganadores y perdedores. Todos ganan y algunos pocos pierden. Vastos sectores de la sociedad, con un peso mayoritario y no menor a dos tercios de la opinión y el voto pueden ver en el texto perspectivas promisorias de avance hacia un escenario de mayor estabilidad y progreso. Quienes se opusieron a los diversos capítulos del proyecto, no se opusieron tanto al contenido y al fondo de las reformas como a las pretensiones absolutas de funcionarios sin mayor apoyo presidencial, a sus ínfulas regeneracionistas y, sobre todo, a la desconfianza que suscitan desde siempre los intereses que defienden. En Argentina, al igual que en todas las democracias del mundo, la mayoría de los dirigentes con anclaje popular, cualquiera sea su extracción o perfil de ideas, se identifican con propuestas de creciente libertad económica, ordenadas desde la perspectiva de intereses generales y asistidas por contenidos de solidaridad y justica social. Podrán debatirse los medios y los instrumentos, pero ya nadie discute que las soluciones vendrán de cualquier ámbito menos desde la burocracia estatal. En la Argentina jamás se discutió una ley con la profundidad y seriedad con que se discutió La ley de Bases. Y resta aun por transitar la mitad del camino. Todos aprendieron que los debates que importan son únicamente los basados en evidencia y que vengan acompañados por estrategias robustas de monitoreo y evaluación ex ante y ex post. Es posible que la historia y las profecías salvacionales conserven por un buen tiempo un papel innegable en la política. Lo que ya muy pocos dudan -al menos en el parlamento argentino- es que las proclamas ideológicas tienen muy poco o nada para agregar. Con la Ley Bases, el Congreso inaugura un nuevo rol protagónico que deberá consolidar. En este nuevo escenario, el Ejecutivo solo podrá imponer sus pretensiones a través de negociaciones, basadas en argumentos y razones que trasciendan la voluntad o el capricho presidencial. Todo ello repercutirá en una presión y en un salto de calidad de las propias oficinas del Ejecutivo. Es posible que las presiones más fuertes recaigan sin embargo sobre el Poder Judicial. Sus dificultades para asumir las transformaciones y los tiempos de la legislación contemporánea serán cada vez más importantes. En el nuevo marco de regulaciones, el margen para las grandes causas será cada vez más escaso. Aterrizan ya nuevas formas de litigiosidad, inspiradas por los conflictos obre la necesidad y la urgencia o la salvaguardia de las libertades. Conflictos en los que ya nadie podrá pretender "la última palabra", frente a las expectativas y la presión de una sociedad que tiende a recuperar el protagonismo perdido.