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Durante años, uno de los principales desafíos para el desarrollo energético argentino no estuvo solamente en la disponibilidad de recursos, sino en la capacidad de transformarlos en inversiones de gran escala, infraestructura y proyectos con horizonte de largo plazo. En los últimos meses, una serie de iniciativas vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comenzó a mostrar distintos grados de avance y a configurar una nueva cartera de proyectos para el sector.
El fenómeno puede observarse en proyectos que se encuentran en momentos muy diferentes. Mientras el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) ya superó el 70% de ejecución, otras iniciativas avanzan hacia decisiones de inversión o acaban de formalizar su ingreso al régimen. En conjunto, permiten dimensionar la magnitud del capital que busca desarrollarse en torno a Vaca Muerta.
El VMOS es uno de los ejemplos más concretos. La obra contempla una inversión de alrededor de u$s 3000 millones y permitirá ampliar progresivamente la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta. Cuando alcance su máxima capacidad, podrá transportar hasta 700.000 barriles diarios y, según estimaciones de YPF, contribuir a generar exportaciones energéticas de hasta u$s 15.000 millones anuales. Su puesta en marcha está prevista hacia comienzos de 2027.
El movimiento también alcanza a la producción. En agosto, el Gobierno aprobó bajo el RIGI un proyecto de Tecpetrol y GyP para el desarrollo de hidrocarburos en el norte de Vaca Muerta, con una inversión total prevista de u$s 6400 millones. El plan contempla un primer tramo de aproximadamente u$s 2000 millones hasta 2027 y apunta a alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios.
Del petróleo al GNL
El caso del gas lleva la discusión a una escala todavía mayor. Argentina LNG, proyecto impulsado por YPF junto con Eni y XRG, solicitó recientemente su adhesión al RIGI para una iniciativa que contempla una inversión acumulada de u$s 51.000 millones. De ese monto, unos u$s 29.000 millones corresponderían a desembolsos estimados hasta 2031.
El proyecto contempla, entre otras inversiones, la construcción de dos unidades flotantes de licuefacción, con una capacidad conjunta que podría alcanzar los 18 millones de toneladas anuales de GNL. Su objetivo es desarrollar una cadena integrada que parte de la producción de gas en Vaca Muerta y llega hasta su transformación y exportación a los mercados internacionales.
En una etapa diferente se encuentra Southern Energy, el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El proyecto contempla la construcción de dos buques de licuefacción a ser instalados en la costa de Río Negro, con una capacidad conjunta de unos 6 millones de toneladas anuales de GNL. La compañía prevé inversiones superiores a u$s 15.000 millones a lo largo de 20 años y el inicio de las exportaciones en 2027.
La diferencia entre estos proyectos resulta ilustrativa. Southern Energy ya atravesó hitos concretos de inversión y contratación, mientras que Argentina LNG se encuentra en una etapa de estructuración de un proyecto de mucha mayor escala. En ambos casos, el objetivo es convertir los recursos gasíferos de Vaca Muerta en un flujo exportador de largo plazo.
En este contexto, el RIGI funciona como un marco para proyectos que requieren grandes desembolsos iniciales. El régimen busca aportar previsibilidad, estabilidad y condiciones que permitan atraer inversiones de gran escala, un factor especialmente relevante en una industria que necesita infraestructura, producción y capacidad de transporte y procesamiento para sostener su expansión.
La oportunidad para la Argentina está en que varios de estos desarrollos apuntan a resolver distintos eslabones de una misma cadena. En petróleo, el crecimiento de Vaca Muerta necesita infraestructura para llegar a los mercados internacionales; en gas, el desafío implica desarrollar simultáneamente producción, transporte, licuefacción y comercialización.
Por eso, el impacto del RIGI no debería medirse solamente por la cantidad de proyectos anunciados o por los montos de inversión comprometidos. El verdadero efecto económico se empieza a ver en las obras en ejecución, equipos, nuevos pozos, contratación de proveedores, más producción y, finalmente, las mayores exportaciones proyectadas.
Más que una transformación inmediata, se trata de un proceso que empieza a tomar forma en diferentes frentes de la cadena energética. La dimensión de las inversiones involucradas muestra el potencial. Hay una verdadera oportunidad que puede convertir a nuestro país en una nueva plataforma exportadora de energía.