La denuncia de corrupción contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni fue el eje político de la semana. Después de varios meses de no hacerlo, Adorni concurrirá al Congreso el 29 de abril, pero ahora lo hará bajo una intensa presión política que se ha generado a raíz de la defensa irrestricta del presidente a su gestión. Se trata de una actitud que muchas veces asumen los líderes políticos: pensar que un cambio de funcionario será inconveniente porque mostrará debilidad del líder en cuestión frente a la opinión pública. Por el contrario, hay dirigentes que hacen exactamente lo contrario: ven en desplazar al funcionario propio cuestionado una oportunidad para trasladarle la responsabilidad política y así alejarla de sí mismo.
La primera es la actitud que parece haber tomado Javier Milei con Adorni. Ello pese a que implica para el presidente un costo en la opinión pública, que, de acuerdo a las encuestas, lo muestran perdiendo entre cuatro y nueve puntos a raíz de este problema. No es una diferencia irreversible, pero coincide con un momento en el cual el malestar de la opinión pública sobre la economía comienza a hacerse sentir, como ha admitido el propio presidente.
Casi todos los miembros del Gabinete de Milei se han alineado con esta postura, que fue reforzada por su hermana Karina, quien desde la Secretaría General de la Presidencia realizó todos los esfuerzos para alinear al Gobierno. Sólo se registró una falta de entusiasmo en la militancia oficialista en redes sociales en la defensa del Jefe de Gabinete.
Pero hubo una figura discrepante: la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Ella acompañó al presidente desde sus inicios políticos y se ubicó en una segunda línea, pero jugando un rol en cuanto a la influencia y el manejo de un área clave: la asistencia social. Ella jugó un rol en desmontar la estructura de los piqueteros (movimientos sociales), que fueron el problema más grave en la “calle” para el presidente en sus primeras semanas de gobierno.
La ministra evitó enredarse en los conflictos internos con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. También ha evitado intervenir en los inconvenientes que esta tuvo con los distintos funcionarios que rodean al presidente. El problema político creado no es fácil de resolver para Milei, quien parece haber optado por eludir el problema.
Ante las denuncias de que funcionarios del Gobierno accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación de manera preferencial, Pettovello optó por despedir a su Jefe de Gabinete, quien habría accedido a uno de estos créditos. Esta actitud contrasta con la asumida por la mayoría de los funcionarios, como la del ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que “no hay nada ilegal en los créditos del Banco Nación a legisladores y funcionarios”. Pero el problema es que se ha instalado el tema de la corrupción en el entorno presidencial y el presidente necesita de una u otra forma sacarlo de ese ámbito. Es difícil hacerlo sin desplazar a alguna figura relevante del Gabinete, sea quien sea. El Congreso pondrá a prueba esa capacidad del presidente.
Mientras tanto, la relación del presidente con los gobernadores, tras un periodo de cooperación, se encuentra en un estado de tensión. La cuestión central es que la caída de la recaudación nacional ha llevado a que lo girado por el Poder Ejecutivo a los estados provinciales haya descendido en aproximadamente 7%. Esto implica una cifra que afecta en mayor o menor medida a los distintos gobernadores.
Los mandatarios provinciales no tienen una línea coherente y van adaptando su estrategia a las circunstancias y conveniencias. Hay algunos cuyos legisladores nacionales suelen votar casi siempre con el oficialismo, como es el caso de Raúl Jalil de Catamarca, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Alfredo Cornejo de Mendoza. En estos casos, el origen político no define su posición. Por otro lado, hay otros que lo hacen de acuerdo a las circunstancias, como Marcelo Orrego de San Juan, Ignacio Torres de Chubut y Gustavo Sáenz de Salta. En cuanto a los que mantienen todavía una línea kirchnerista se encuentran Axel Kicillof de Buenos Aires, Gildo Insfrán de Formosa y Gustavo Melella de Tierra del Fuego.
Pero en concreto, el Gobierno nacional terminó dando un adelanto a la mitad de las provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. De acuerdo al Gobierno, este anticipo de coparticipación de hasta $400.000 millones deberá ser reintegrado dentro del Ejercicio Fiscal en curso.
En cuanto a la política exterior, Argentina ratificó su posición contraria a Irán y Hezbollah. Se dio un nuevo paso concreto al decidir incorporar a los dirigentes de la Guardia Revolucionaria Iraní entre las organizaciones prohibidas en la Argentina, por ser calificada como “terrorista”. Tanto Hezbollah como el Gobierno iraní respondieron con dureza y caracterizaron como “país enemigo” a la Argentina.
No se trata de un paso diplomático más: es un avance en una política diplomática tendiente a alinear definidamente a la Argentina con Estados Unidos en este conflicto internacional. Es posible que en las próximas semanas Argentina reciba alguna solicitud para enviar efectivos militares que, más allá de su magnitud, representen simbólicamente este alineamiento.
Al mismo tiempo, el gobierno argentino dio cuarenta y ocho horas para que el último representante diplomático iraní en Buenos Aires, su encargado de negocios, abandonara el país y así fue.
Mientras tanto, la Argentina alinea su política diplomática respecto a Cuba con la de Washington, que parece hoy buscar una salida similar a la que se logró con Venezuela. La votación negativa en Naciones Unidas de sólo tres países (Estados Unidos, Israel y Argentina) para declarar a la esclavitud como el mayor crimen contra la Humanidad, muestra que el país ha alineado su postura en forma extrema con la Administración Trump.
En conclusión: la crisis por las denuncias de corrupción, sumada a tensiones fiscales con las provincias y un alineamiento internacional cada vez más definido, configura un escenario político difícil que pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para sostener su cohesión interna y el respaldo de la opinión pública.