Al mismo tiempo que se vive un momento de crecimiento inédito del comercio electrónico, en estos meses también se dieron a conocer datos extremadamente preocupantes: según un estudio realizado por la Alianza Transnacional para el Combate del Comercio Ilegal (TRACIT según sus siglas en inglés) casi uno de cada tres consumidores de productos o servicios adquiridos a través de redes sociales reconoció haber comprado algo falsificado sin darse cuenta. Se estima que el valor de las falsificaciones compradas a través de puntos de venta online superará los 250 mil millones de dólares este año, en todo el mundo.
En la actualidad, e indudablemente inflado por la pandemia de COVID-19, el engaño emerge como un riesgo inmenso para los clientes que realizan sus compras por canales electrónicos, donde millones de consumidores están expuestos a miles de anuncios fraudulentos que los llevan a otros tantos sitios web de comercio electrónico ilegítimos que venden productos falsificados y servicios engañosos. El informe presentado por TRACIT advierte sobre la necesidad de regular la publicidad en redes sociales para minimizar los riesgos que existen.
TRACIT es una iniciativa del sector privado, que -al igual que la Asociación Civil Antipiratería Argentina (ACAA)- apunta a disminuir los daños económicos y sociales que produce el comercio ilegítimo, la falsificación marcaria y el contrabando, buscando fortalecer los mecanismos gubernamentales. Y para el informe contó con los datos de AAFA (American Apparel & Footwear Association), la Asociación de Indumentaria y Calzado de los Estados Unidos, que está compuesta por más de mil marcas reconocidas, que emplean a más de un millón de personas.
El trabajo muestra los casos de más de 70 marcas internacionales importantes que fueron blanco de anuncios fraudulentos en Instagram y Facebook desde 2017, algunas de las cuales recibieron hasta 250 mil visitas antes de ser detectadas. Y al igual que los anuncios legales utilizan algoritmos para orientarse a los consumidores en función de intereses específicos, ubicación, datos demográficos o historial de navegación. Otro de los problemas es que la mayoría de los sitios web fraudulentos también muestran un desprecio por la privacidad de los datos y exponen a los consumidores a fraudes con tarjetas de crédito, robo de identidad y otros delitos cibernéticos. Aún más alarmante es la evidencia de que una red criminal suele estar detrás de los anuncios, al igual que en los casos de contrabando y comercio ilegal tradicional.
Lo concreto, como repite el experto internacional en vinculación de contrabando y terrorismo, Emanuele Ottolenghi, es que “no es difícil darse cuenta cuánto afecta a las cuentas fiscales de cada país, que pierde de recaudar miles de millones de dólares en impuestos que podrían mejorar la vida de sus habitantes . Y ese es el final de la cadena, porque más allá de la estafa a los consumidores, las empresas también son muy perjudicadas por el daño en su imagen, además de las pérdidas económicas directas.
Hoy es fundamental que los gobiernos exijan que Facebook e Instagram, y otras redes sociales, implementen la verificación de la identidad de un anunciante como en una relación de publicidad comercial con estas plataformas. Teniendo en cuenta que se calcula que la falsificación en todo el mundo aumentó en un 154 por ciento durante la última década y que el comercio online venía aumentando en épocas previas a la pandemia de COVID-19 entre un 10 y un 20 por ciento por año, si no se controla también desde la publicidad engañosa, este problema seguirá creciendo.
