La inflación que mide el Indec sigue por arriba de 30% anual. Los aumentos que mes a mes se reflejan en el IPC responden a tres fuerzas que se potencian entre sí y hacen más compleja la tarea de reducir el índice.
La principal es externa: el incremento en el valor internacional del petróleo se traduce en un mayor costo de la energía que tarde o temprano pega en el costo de las empresas y llega a los precios domésticos.
La segunda es interna y tiene que ver con la inercia indexatoria tan propia de la Argentina: los servicios públicos y privados se ajustan más con el promedio pasado que con el esperado a futuro. Ni que hablar del dólar, cuya oscilación hace trastabillar a los importados.
La tercera es la estacionalidad, que se mueve con porcentajes no siempre racionales: un mes sube la carne, otro mes algún grupo de verduras o frutas afectadas por el clima, el siguiente la ropa por el cambio de temporada y el que le sigue las cuotas de las prepagas o los colegios privados. Todos los aumentos, sean grandes o chicos, entran en el número final, pero todos responden a razones particulares, lejanas a la política monetaria.
Está claro que el Gobierno cree firmemente en que la cantidad de pesos que hay en la economía incide en el precio de los bienes, y por eso restringe su oferta.
Pero esa metodología afecta solo a una parte del IPC: no contiene al petróleo, que se mueve al ritmo del conflicto en Irán; tampoco rompe la inercia indexatoria de las tarifas y mucho menos afecta el clima, que en el fondo es el que altera la oferta de productos estacionales.
Sin capacidad de enhebrar un relato que lo ayude a formar mejores expectativas, el Ejecutivo sigue apostando por una fórmula monetaria que en el fondo no lo favorece. La inflación no va a bajar más rápido mientras la guerra en Medio Oriente y El Niño tengan su propia dinámica.
Si aspira (aunque sea por razones políticas) a que la economía se mueva algo más rápido, es hora de pensar en otros fundamentos. O al menos, en explicar mejor qué se puede hacer y qué no.
