En la escalada de iniciativas y discursos que el Gobierno viene llevando adelante para ganar tiempo en la disputa con los bonistas favorecidos por la justicia de EE.UU., ayer la Argentina presentó una denuncia ante la Corte Internacional de La Haya. La intención de la Presidenta es que Barack Obama le ordene al juez Thomas Griesa que de marcha atrás con el fallo que obliga a nuestro país a abonar 1660 millones de dólares y que nos ha dejado en situación de default ante la demora en pagar.
El primer problema es que ese tribunal dirime conflictos entre países, y éste es un conflicto entre la Argentina y un juez estadounidense. Y el segundo obstáculo es que parece improbable que el gobierno de Obama vaya a interferir en la esfera de su poder judicial dado que hasta la Corte de EE.UU. desistió de cambiar el fallo de Griesa.
Más allá de la dificultad jurídica, con esta denuncia la relación de la Argentina con EE.UU. queda aún más desgastada de lo que está. Vale recordar que Cristina es la única presidente de la región que no tuvo reunión de estado con Obama y que el antecedente más reciente en La Haya es el fallo adverso en la disputa por la instalación de una pastera en Uruguay.